Este martes los diputados de la Asamblea Nacional abordaron al situación de las convenciones colectivas del sector público y aprobaron por unanimidad un acuerdo que declara la inconstitucionalidad del Decreto 3.601, que ubica el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos y viola por lo menos 345 contrataciones colectivas en el sector público.
Caracas. El descontento por el retroceso de las condiciones laborales no solo desata el enojo en el sector salud, un gremio que ha tomado la delantera en la protesta callejera y que suma casi tres meses en paro técnico. El panorama también desata la ira en otros ámbitos de la economía nacional. Por lo menos 345 convenciones colectivas han sido violadas por el decreto Decreto 3.601 , publicado en la Gaceta Oficial 6.403, de fecha 31 de agosto, según la Asamblea Nacional. Se trata de un cuadro totalizante en una economía en recesión y que arropa a obreros, técnicos y profesionales del magisterio, de las áreas de electricidad, de las empresas básica de Guayana y del Metro de Caracas.
A propósito de ello, este martes los diputados del Palacio Federal Legislativo abordaron la situación en la sesión de la comisión delegada. El diputado a la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, señaló que el sueldo que devengan los venezolanos (Bs.S. 1.800) equivale a 18 dólares versus 50 % de inflación semanal. Y cuestionó a Nicolás Maduro por hundir a los trabajadores en la miseria.
Según Sucre, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima una desnutrición infantil de 30% en Venezuela, lo cual podría colocar al país en un estado de hambruna si se toman en cuenta a los niños que padecen desnutrición severa, moderada y leve.
A juicio de los diputados, es momento de defender las conquistas laborales, una inquietud que este martes llevó a esa instancia legislativa a declarar la inconstitucionalidad del Decreto 3.601, por desmejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y estar fuera del marco legislativo. “Los trabajadores de las empresas básicas de Guayana exigen que se respeten los derechos laborales”, dijo Sucre en su intervención. La reivindicación para los empleados del Estado Bolívar cobra vigencia en un momento en el que más de 20 mil personas han perdido sus pertenencias por la crecida del Orinoco.
La presidenta de la Subcomisión de la Mujer, Donorah Figuera, sostiene que en lugar de despertar el sosiego de los trabajadores, los aumentos anunciados por el Ejecutivo inquietan a la población. “Cada vez que el Gobierno anuncia un incremento pírrico las familias se asusta porque saben que detrás de todo viene la inflación galopante”.
Figuera también reconoció el empeño y la valentía de la emfermeras, quienes han tomado un papel estelar en la lucha por la reivindicación salarial en el país. “Nunca antes nuestro pueblo trabajador había sido tan empobrecido como ahora”. Cada venezolano, dijo la legisladora, ha perdido en promedio18 kilos y 8 de cada 10 no tienen cómo costear su alimentación.
En este contexto de crisis, añadió Figuera, los venezolanos no solo no tienen acceso a un crédito para comprar un vehículo, tampoco pueden comprar sus medicamentos. “Un trabajador venezolano no puede alimentar dignamente a su esposa y una trabajadora no puede alimentar a sus hijos”, concluyó.
En torno a la atención sanitaria, la diputada puso sobre la mesa una data gruesa que retrata la desidia en los hospitales. En su carácter de vocera de la Subcomisión de la Mujer, Figuera advirtió que la mortalidad materna pasó de 100 mujeres muertas por cada 100.000 niños nacidos vivos a 300 madres fallecidas por cada 100.000 neonatos.
El diputado Ezequiel Pérez citó el ejemplo del hospital central del Táchira donde más de 500 trabajadores han desertado por las condiciones irregulares de trabajo. Durante su derecho de palabra también salieron a relucir los trabajadores del magisterio y del sector eléctrico, cuyos contratos han sido incumplidos por el Ejecutivo. “En menos de un mes después del aumento, el cartón de huevo no se consigue ni en 15 millones (150 bolívares del cono actual). Y un kilo de queso que costaba 3.000.000 ahora cuesta por lo menos 20.000.000 (200 bolívares soberanos)”, se quejó.
De acuerdo con los diputados, el aumento viola los artículos 88 y 89 de la Constitución Nacional y desconoce el marco legal establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. “De aquí a diciembre, el nuevo salario no va a tener ningún valor para comprar la canasta básica”, añadió Pérez.
Por su parte, el diputado José Trujillo, indicó que 345 convenciones colectivas están en peligro de desaparecer en el sector público. Y señaló que el Gobierno intenta poner unas nuevas condiciones que desmejoran a los trabajadores. El acuerdo, aprobado por unanimidad por los diputados del parlamento no solo declara inconstitucional el aumento de 1800 bolívares soberanos, también respalda de la fuerza laboral pública y, entre otros aspectos, condena a Nicolás Maduro por sus pretensiones.
Foto: Asamblea Nacional
Participa en la conversación