Defensa de los DD. HH. y denuncia de la crisis humanitaria ocupan la agenda del Parlamento (I)

La diáspora, la persecución política y la crisis de los servicios públicos también copan las discusiones, pero tras bastidores, algunos diputados trabajan en ordenar la transición. Aunque las decisiones de la AN no son acatadas por el Gobierno, comienzan a tener efecto en el plano internacional. Dirigentes comunitarios consideran que los diputados están haciendo un buen trabajo.

Caracas. El pasado martes 3 de abril, Eurika González, esposa de uno de los 68 muertos producto de un incendio en un calabozo policial en Carabobo, fue escuchada desde el podio de oradores de la Asamblea Nacional (AN). Pidió justicia. Pidió una investigación justa. Pidió que los responsables del triste suceso fueran llevados ante la ley. Y pidió apoyo a los diputados de la AN, quienes iniciaron una investigación que sigue en proceso.

En lo que va de año, el pleno ha concedido otros 10 derechos de palabra, la mayoría relacionados con la defensa de los Derechos Humanos y la crisis humanitaria, los principales temas que han ocupado la agenda parlamentaria en 2018, junto con la diáspora, la persecución política y la corrupción.

En 26 oportunidades (18 en plenaria y 8 en las comisiones permanentes), los diputados de la oposición han utilizado el escenario del Parlamento para abogar por las víctimas de atropellos por parte del Estado. Se han aprobado acuerdos, se han creado comisiones, se han remitido informes a organismos internacionales y se han concedido derechos de palabra a las víctimas y sus familiares, en un intento por visibilizar esta situación.

En este tópico habría que sumar 14 intervenciones en plenaria para denunciar la persecución y ataques contra los diputados a la Asamblea Nacional; y otras 11 para abogar por los presos políticos y rechazar la persecución contra civiles y militares, tanto opositores como disidentes del Gobierno.

De acuerdo con el monitoreo realizado por Crónica.Uno, el segundo tema de mayor interés para los parlamentarios tanto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como de las otras fracciones que han venido surgiendo en los últimos meses es la crisis humanitaria que ha golpeado en muchos sentidos a la población. En 25 oportunidades, esta materia ha sido tratada en plenaria y en las comisiones permanentes, bien sea como centro del debate o como punto de información.

Los acuerdos y debates sobre la crisis humanitaria como tema genérico suman 9, los relativos a la crisis de la salud y escasez de medicamentos son 12 y los relativos a la crisis alimentaria y falta de comida son 4.

La corrupción y el daño patrimonial causado al erario público por el actual gobierno es el tercer tema de mayor relevancia en la AN: el asunto ha sido puesto sobre la mesa en 14 ocasiones, a las que habría que sumar otras 6 en las que los diputados se han centrado en denunciar la crisis de Pdvsa, en parte producto de la corrupción, en parte producto de la mala gerencia.

La corrupción ha sido un eje central del trabajo parlamentario, al punto que este año los diputados —principalmente los de la comisión de Contraloría— han viajado a Panamá, México y Estados Unidos con el propósito de establecer enlaces institucionales que les permitan acceder a información relativa a blanqueo de capitales.

En el cuarto lugar de la agenda parlamentaria se ubica el drama de la migración masiva de venezolanos a decenas de países en el mundo. La diáspora y sus consecuencias, tanto para el núcleo de la familia venezolana y el tejido social, como para los países receptores, así como los problemas generados propiamente en las fronteras binacionales han sido un punto prioritario. El tema ha sido tocado en 17 oportunidades, esto sin incluir la sesión conjunta de parlamentos de la región, realizada el pasado 1° de junio en la ciudad de Cúcuta, de la cual emanaron una serie de acuerdos que podrían producir en los próximos meses legislaciones muy específicas en los países del continente tanto para proteger a los migrantes venezolanos como para perseguir los fondos producto de la corrupción venezolana.

Y la quinta prioridad de los diputados es el abordaje de la crisis de los servicios públicos. Los problemas de agua, luz, transporte y basura han sido punto de debate en plenaria o en las comisiones en 14 oportunidades este año. Los diputados se han solidarizado con comunidades que pasan semanas y meses sin determinados servicios y en el caso de la electricidad, se prepara un segundo informe sobre este servicio, que dará continuidad a la investigación presentada en 2017.

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A Dios rogando

AN citará a directora de control sanitario por muertes debido a ingesta de yuca amarga.
Foto archivo, cortesía @AsambleaVE

Otros temas de impacto en la cotidianidad de los venezolanos no han quedado por fuera. La hiperinflación y escasez de efectivo no solo ha sido denunciada en al menos 7 oportunidades, sino que la comisión de Finanzas ha diseñado varias propuestas para hacerle frente y subsanar ambos problemas. Los derechos políticos, el ejercicio del voto en libertad y el derecho a la libre expresión también han sido prioritarios este año y los han planteado en 18 oportunidades, bien sea a través de acuerdos, puntos de información o debates. Con menor frecuencia han expuesto la crisis agrícola, los yerros en la política exterior del Ejecutivo, el impacto devastador del Arco Minero, el derecho a la propiedad, la crisis penitenciaria y el narcotráfico.

Los diputados también han aprobado 2 acuerdos contra decisiones de la ilegítima Constituyente —así calificada por la UE y la UIP entre otros— y otros 7 contra decisiones del Ejecutivo. Por ejemplo, fijaron posición contra la disolución de los distritos metropolitanos del Alto Apure y de Caracas; contra la creación del Petro, la designación del presidente del Banco Central, y las sucesivas e inconstitucionales prórrogas al decreto de emergencia económica, entre otros temas.

Pero a Dios rogando y con el mazo dando. En paralelo a los tópicos urgentes, un grupo de diputados también trabaja en lo importante: la transición política. Sobre este tópico se ahondará en las dos próximas entregas de este seriado, pero cabe adelantar que en 2017 el Parlamento conformó una comisión de alto nivel para ordenar el cambio de gobierno y que este año, varios diputados han iniciado la preparación de un borrador de proyecto de ley para la transición.

¿Cuál es el impacto?

Aunque las decisiones y exhortos emanados del Parlamento son desoídos por el Ejecutivo y los demás poderes públicos —lo que contraviene la Constitución y la ley— el impacto de tales decisiones comienza a sentirse en el plano internacional.

Para citar algunos ejemplos, solo este año se han abierto ventanas para la defensa de los Derechos Humanos de los venezolanos en organismos como la Corte Penal Internacional, gracias en gran parte a la denuncia constante de la Asamblea Nacional, elevada ante foros como la Organización de los Estados Americanos y la Unión Interparlamentaria Mundial. La propia AN ha acudido ante la CPI y también ha trabajado coordinadamente en algunos casos con Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Constituyente.

Diversos acuerdos parlamentarios en defensa del derecho al voto han sido aprobados este año antes y después del acto electoral del 20 de mayo pasado. El eco de esos acuerdos se ha reproducido en más de 40 países del mundo que expresaron su desconocimiento de los resultados anunciados por el CNE y su reconocimiento al Poder Legislativo como poder legítimo.

Otro ejemplo del impacto del trabajo parlamentario —sumado a la presión de la protesta de calle escenificada en 2017— es la creación del Grupo de Lima en agosto del año pasado y sus sucesivas decisiones. La más reciente apunta hacia la persecución de capitales ilícitos procedentes de Venezuela, el retiro de embajadores y la adopción de sanciones contra funcionarios venezolanos, que sean considerados sospechosos de participar en actividades ilícitas.

En el plano económico financiero, los reiterados acuerdos parlamentarios recordando a la comunidad internacional y a los entes financieros que según el marco legal vigente en Venezuela, ningún convenio internacional tiene vigencia ni es considerado legal si no cuenta con el aval del Parlamento, ha frenado y reducido los mecanismos de endeudamiento público.

Finalmente, la denuncia constante del Parlamento sobre el acoso institucional del que es objeto el Poder Legislativo ha llevado a países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Brasil, México, entre otros de la región, y a la Unión Europea a exigir en reiteradas oportunidades la devolución de las competencias a la AN y el respeto al Estado de Derecho. Incluso, el máximo ente representativo de los parlamentos del mundo, la UIP, emitió este mismo año más de 50 medidas de protección a favor de la AN y sus diputados.

¿Qué dicen las comunidades?

Dirigentes comunitarios de Caracas consideraron positiva y avalaron la agenda de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Eulogio Figuera, líder de la parroquia San José, pidió al Parlamento aumentar la presión sobre el Poder Ejecutivo para que entregue los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de las universidades autónomas. Su principal preocupación es la diáspora:

Por su parte, Carlos Julio Rivera, líder comunitario de la parroquia Candelaria, destacó la legitimidad de la Asamblea Nacional que surgió del voto popular masivo. No obstante, los instó a discutir y aprobar leyes que sirvan para amparar a la ciudadanía golpeada por la crisis económica. Destacó la reciente aprobación en primera discusión de la ley especial de pensiones no contributivas:

Fotos: Francisco Bruzco | Archivo Crónica.Uno

Videos y graficación: Maru Morales P.


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