Tres trabajadores de Sidor llevaron su caso ante la Fiscalía en Puerto Ordaz. Desde marzo de 2021, la empresa aplicó más de 70 jubilaciones forzosas, en especial a dirigentes sindicales. Lo mismo sucede en CVG y otras filiales.
Puerto Ordaz. Carlos Ramírez, Cruz Hernández y Yelitza Carrión, trabajadores de Sidor, introdujeron este jueves una denuncia ante la Fiscalía en Puerto Ordaz, por violación de Derechos Humanos, a través de las jubilaciones forzosas que aplica la empresa sin cumplir con los parámetros legales.
Edwin Sambrano, abogado de los demandantes, destacó que el caso aplica como violación de Derechos Humanos cuando, a través de estas jubilaciones forzosas, se les quita beneficios de alimentación, salud y sus salarios a trabajadores que no tienen la edad para jubilarse y tampoco solicitaron su cese de funciones.
“Estamos reivindicando la dignidad del trabajador humillado y atropellado por directivos de las empresas”, señaló Sambrano.
En el caso de Sidor, denuncian directamente a Noraly de la Rosa, directora de Legal Laboral; Soraida Pérez, directora de Talento Humano; Magdiel Viamonte, gerente de Relaciones Laborales; y al presidente de la empresa Néstor Astudillo.
Jubilaciones estratégicas
Ramírez, a quien se le suspendió el salario desde el 15 de febrero de 2021, sostiene que estas jubilaciones forzosas son estratégicas. La mayoría corresponde a dirigentes sindicales. Agregó que desde el 15 de marzo del año pasado a la fecha, Sidor aplicó más de 70 jubilaciones forzosas. En Venalum contabilizan más de 10, una de ellas es la del dirigente sindical Manuel Díaz, al igual que en CVG con Ramón Gómez, secretario general del sindicato. Ferrominera, Carbonorca y Masisa también registran otros casos.
Con estas jubilaciones forzosas quieren exterminar al movimiento sindical. En Sidor percibimos 42 bolívares mensuales. Yo que soy hipertenso crónico, gasto 76 bolívares mensuales en medicinas. Nos están poniendo a pasar hambre”, denunció Ramírez.
El abogado Edwin Sambrano recordó que “la jubilación es un derecho. La obligación la tiene el patrono en relación con ese derecho. Pero se jubila cuando el trabajador considere conveniente porque tiene derecho a trabajar”.
Cuestionó también que gerentes de las empresas aleguen que cumplen órdenes para cometer las irregularidades.
Nadie está obligado a hacer actos manifiestamente contrarios a las leyes (…) prefieren jubilar a gente que no tiene los requisitos y pagar miserias de salarios. O suspenden el salario cuando este es inviolable. El fin perverso de eso es ocultar una jubilación y se usa para retirarlos indebidamente”, explicó Sambrano.
El documento fue dirigido al fiscal superior de Bolívar. Exigen las averiguaciones pertinentes de los casos expuestos, recabar los elementos probatorios, cuantificar los daños causados para su debida indemnización y asignar un fiscal en materia de Derechos Humanos.
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