Luego de dos semanas de haber protestado frente al Palacio Federal Legislativo, la comunidad LGBTIQ+ regresó a la sede del Poder Legislativo para exigir una vez más acciones contra los diputados Franklyn Duarte y Maribel Castillo.
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Las mujeres trans venezolanas en Colombia padecen de rechazo, discriminación y xenofobia por su orientación sexual. Esto las convierte en personas con mayor vulnerabilidad, sin garantía de sus derechos. El Estado colombiano no ampara legalmente a las mujeres trans, son las principales víctimas de explotación laboral y sexual.
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El Centro para los Defensores y la Justicia explicó que aunque esta cifra es una disminución del 43 % en relación con 2021, todavía es muy alta y refleja que sigue siendo consecuencia de una política de criminalización contra los defensores de DD. HH.
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Recientemente, presuntos grupos armados asesinaron a tres indígenas jivi en el municipio Sucre del estado Bolívar. ONG de Derechos Humanos, han indicado que el Estado venezolano es cómplice por acción u omisión, al no atacar los hechos que ocurren en las comunidades indígenas.
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La Sala Político Administrativa rechazó una demanda que Espacio Público interpuso contra la Asamblea Nacional, bajo los mismos alegatos que ha esgrimido en la última década para abstenerse de ordenarle a la administración pública que suministre datos y estadísticas a ciudadanos y organizaciones civiles.
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A pesar de la poca visibilidad que tienen las mujeres en altos cargos políticos y en el mundo empresarial, es en las comunidades en donde se evidencia el grueso de su maquinaria, la cual no crece más por trabas puestas por el hombre quien lucha por mantener la tradición machista.
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El informe del trimestre marzo, abril y mayo de Fundehullan, organización que monitorea la vulneración de derechos humanos, civiles y políticos en los estados llaneros y andinos, revela que del 100% de los casos documentados, 55,6% corresponden al estado Apure, 16,7% a Táchira, 11,1% a Barinas, 11,1% a Portuguesa y 5,6% a Guárico.
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La activista y defensora de derechos humanos, Richelle Briceño, explicó que el diputado Franklyn Duarte incurrió en un delito tipificado en la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia al proponer aplicar la Ley de Catar contra la comunidad LGBTIQ+
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Koddy Campos, activista LGBTIQ+ explicó que el partido que se proponen crear no sería solo para personas de la comunidad, pero sí tendría la lucha de los derechos como uno de los objetivos centrales.
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En 2020 Amnistía Internacional registró 4176 denuncias de migrantes venezolanas que recibieron malos tratos de las autoridades extranjeras en Colombia y Perú, principales países receptores de venezolanos refugiados.
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