Desinformación y más confinamiento predominan ante casos de COVID-19 en municipios mineros de Bolívar

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Las autoridades no han informado sobre los nuevos contagios de COVID-19 en Bolívar, con un foco en el municipio Sifontes, y recientes contagios en El Callao. En este último también se reportan muertes por neumonía en los últimos días.

Bolívar. Este 6 de julio, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó de 51 nuevos casos de COVID-19 en el estado Bolívar. De estos, 40 son comunitarios y mencionó un foco en Sifontes, uno de los municipios mineros. No dio más detalles. Las autoridades regionales y municipales tampoco informan. En el pueblo se habla de nueve contagios, pero ni siquiera saben dónde son atendidos los pacientes.

En Tumeremo no hay centro centinela por lo que presumen que, dependiendo de la condición de cada uno, los refieren a los hospitales Dr. Raúl Leoni o Uyapar, en Ciudad Guayana; o el Ruíz y Páez, en Ciudad Bolívar. Otro hospital centinela es el Rosario Vera Zurita, en Santa Elena de Uairén.

Ante la desinformación, lo que sí se aplica son las medidas de confinamiento. Como en todo el estado Bolívar, la circulación durante la semana de cuarentena es hasta el mediodía.

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La circulación en los municipios mineros es hasta las 12:00 del mediodía. Foto: Cortesía.

En los campamentos mineros no ha cesado el trabajo. Incluso, están mejor dotados que en los hospitales centinelas, con trajes de protección, mascarillas y guantes.

Recientemente el hospital Dr. José Gregorio Hernández recibió insumos para atender la contención del virus, pero es insuficiente. El exalcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, denunció que no funcionan los laboratorios y ni siquiera cuentan con tensiómetro ni hipertensivos.

Mientras se cumple con las medidas de confinamiento para prevenir los contagios, los habitantes aún padecen la precariedad de los servicios públicos.

El gas desapareció por completo en el municipio. Una bombona de gas de las pequeñas la cobran en una grama de oro, que está por el orden de los tres millones de bolívares», afirmó Chancellor.

Los cortes eléctricos son de seis a ocho horas en promedio, y hay varios sectores con transformadores dañados. También padecen de la deficiencia en el servicio de agua por tubería, por lo que resuelven con pozos profundos. Y desde que comenzó la cuarentena a mediados de marzo, en Sifontes solo han despachado gasolina en dos oportunidades, y solo 20 litros por vehículo, agregó el exalcalde.

Muertes en El Callao

El pueblo de El Callao permanece en zozobra. Hasta la mañana de este 7 de julio solo habían confirmado dos casos de COVID-19 en el municipio. No obstante, en menos de una semana reportan muertes por neumonía.

Los habitantes alegan que suelen sufrir de afecciones respiratorias por el polvo que produce la actividad minera indiscriminada.

El pasado 3 de julio cuando anunciaron los dos casos en El Callao, ya había al menos cuatro fallecidos por presunta neumonía. Este martes 7 de julio, en el pueblo se conoció de al menos dos muertes por neumonía.

Las autoridades no informado sobre estas muertes. En cambio, por los contagios de COVID-19, el alcalde Alberto Hurtado estableció como medidas la suspensión del comercio ambulante, los carros por puestos y los autobuses tienen libre acceso solo en días de flexibilización.

En el caso de los camiones cisterna de agua podrán circular solo en los días de flexibilización. Toda persona que entre al municipio deberá presentar resultado negativo en la prueba de COVID-19. Los actos fúnebres se permitirán para máximo seis personas y solo dos horas para el entierro.

Roscio extrema medidas

El alcalde de Roscio, José Alejandro Martínez, prohibió la entrada al municipio. Notificó que este martes cinco personas dieron positivo en la prueba rápida de COVID-19. Estas personas pasan a ser sospechosas y será la PCR la que confirme o descarte el contagio.

Los eventos deportivos, culturales y religiosos también fueron suspendidos. Martínez advirtió que detendrán a pastores que hagan cultos de manera presencial.

Tanto en El Callao como en Roscio se prohibió el tránsito del transporte público. En cambio, los autobuses de las empresas del Arco Minero del Orinoco podrán ocupar 60 % de sus asientos.


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