Parlamentarios venezolanos perseguidos por el TSJ acordaron desde Bogotá crear dos comisiones de trabajo. Una para sensibilizar a gobiernos y parlamentos de la región frente a la xenofobia contra los refugiados criollos; y otra para hacer seguimiento a los mecanismos del TIAR para presionar a Maduro.
Caracas. Más de 20 diputados exiliados en diferentes países del continente se reunieron en Bogotá esta semana y acordaron la creación de dos comisiones de trabajo. Una con la tarea de sensibilizar a los gobiernos y parlamentos de la región frente a la xenofobia contra los venezolanos refugiados; y otra para hacer seguimiento e impulsar los mecanismos diplomáticos y jurídicos que acuerden los países del TIAR para presionar a Nicolás Maduro y sus colaboradores.
Los acuerdos, contenidos en un documento denominado “Declaración de Bogotá”, fueron adoptados por los parlamentarios venezolanos en situación de exilio forzoso, tras dos días de trabajo en capital colombiana, el 1 y 2 de octubre.
Durante esos dos días, los diputados sostuvieron reuniones vía teleconferencia con el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la república Juan Guaidó (Art. 233); y en persona con el comisionado presidencial para las relaciones exteriores, diputado Julio Borges, así como con senadores, diputados y asambleístas de Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay y Perú.
Primeras acciones
Los diputados firmantes de la Declaración de Bogotá fueron: Julio Borges, Sergio Vergara, Sonia Medina, German Ferrer, Julio Montoya, José Manuel Olivares, Juan Pablo García, Richard Blanco, José Guerra, Tomas Guanipa, Winston Flores, Freddy Superlano, Gaby Arellano, Luis Florido, Franco Casella, Carlos Paparoni, Yorman Varilla, Ismael Garcia, Armando Armas, Jonny Rahal y Williams Dávila, que aunque no está en el exilio, participó en las reuniones.
La Declaración señala que los diputados se asumen como un “Equipo de Trabajo de parlamentarios venezolanos en situación de permanencia forzosa en el exterior”, con la tarea de continuar, en los países de acogida, con la diplomacia parlamentaria “y avanzar en la creación de las condiciones necesarias para retornar a la patria y reincorporarnos a nuestros curules en la Asamblea Nacional”. El coordinador de los parlamentarios en el exilio será el diputado Winston Flores, de Voluntad Popular.
Como primera acción, se conformó una comisión para “enfrentar y mitigar los episodios de xenofobia” contra los venezolanos migrantes, que quedó integrada por Luis Florido, Sonia Medina, Tomas Guanipa, José́ Manuel Olivares, Richard Blanco y Johnny Rahal. “Esta comisión fomentará la fraternidad hacia los venezolanos, combatirá la xenofobia y vinculará a los parlamentos y gobiernos en función de una campaña a favor del migrante”, dice el acuerdo.
La segunda decisión del grupo de trabajo tuvo que ver con la activación del TIAR. Los diputados destacaron que en su primera reunión, el mecanismo acordó elaborar un marco de sanciones contra integrantes del régimen venezolanos identificados como violadores de derechos humanos, personas vinculadas al narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
En tal sentido, crearon una comisión que hará seguimiento a la aplicación de los mecanismos previstos en el TIAR integrada por Freddy Superlano, Julio Montoya, Juan Pablo Garcia, Ismael García, Armando Armas y Carlos Paparoni.
Apoyo a Guaidó
En la Declaración de Bogotá, los diputados perseguidos ratifican el pleno respaldo a Guaidó “en su gestión para lograr el cese de la usurpación, instalar un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres”.
Además exigen “la libertad inmediata de nuestro diputado secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro Juan Requesens, el reconocimiento a la investidura de diputados protegidos en las Embajadas de países aliados y la liberación de todos los presos políticos civiles y militares”.
Asimismo reclaman la liberación y el cese de la persecución a los integrantes de las FANB “inculpados, torturados y secuestrados por el régimen, por cumplir con su sagrado deber de hacer cumplir la Constitución”.
Los parlamentarios catalogaron al Estado venezolano como “un Estado criminal cuyo régimen de administración usa todas sus capacidades para delinquir”, convirtiendo a Venezuela “en una amenaza comprobada para la región, que involucra la desestabilización de la comunidad internacional”.
Finalmente, acusan a Nicolás Maduro de haber violado el artículo 187 numeral 11 según el cual, el ingreso de misiones militares extranjeras requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional.
“Maduro ha entregado la soberanía territorial y degradado la dignidad de la patria ya que en territorio venezolano hay apostadas tropas de potencias extranjeras sin autorización de la Asamblea Nacional y en tal sentido Venezuela debe ser considerada un territorio ocupado”, dice la Declaración de Bogotá.
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