Disminuyen los productos de la caja y aumenta el chantaje para la venta del Clap

Billetera movil-Clap

En junio del 2016 el gobierno de Nicolás Maduro creó el sistema Clap para la distribución de alimentos subsidiados como medida para enfrentar la especulación. Han pasado tres años y ciudadanos e investigadores del tema están más convencidos de que este no es más que un mecanismo de chantaje y control social caracterizado por la corrupción, la baja calidad de los productos y retraso en la distribución.

Caracas. Alfonsina Méndez, de 55 años, vive en un barrio de Guarenas, municipio Plaza, en condiciones críticas: no tiene empleo formal ni pensión. El dinero que obtiene vendiendo chucherías y lo que recibe en los bonos del sistema Patria le alcanzan para medio comer. Los 12 productos que trae la caja Clap, en su mayoría carbohidratos, no le duran todo el mes. Sus 44 kilos y una anemia crónica diagnosticada en el Hospital Universitario de Caracas reflejan deficiencias nutricionales.

Ella, sin saberlo, forma parte de los 6,8 millones de personas que padecen hambre, según las estadísticas que maneja la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. 2019”.

La comida sube a cada rato de precio y no podemos comer como antes. Rebajé como 20 kilos. Tengo tiempo que no como carne ni pollo. Cuando no tengo comida tomo mucha agua, me toca comer arroz solo o pasta sola. Ya no soporto las lentejas. ¡Las odio! La caja es una ayuda para mucha gente pobre como yo, pero hay productos que vienen vencidos. Ojalá los alimentos mejoren en calidad y cantidad y tenga precios justos.

12,6 millones de personas-clap aseguran ser beneficiaras de planes de alimentación del Gobierno
Foto: referencial
Mala calidad y menos alimentos

La doctora Maritza Landaeta, directiva de la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición e integrante del Observatorio Venezolano de la Salud, afirma que el Clap se ha venido a menos en cantidad y calidad. A una familia de cinco miembros se le entregaba una caja de 12 alimentos que le duraba cinco días, en la actualidad esa misma familia recibe menos comida.

Los últimos datos son que el Clap está llegando con cinco alimentos y en la calidad del producto no hay certezas. Están llegando productos de China y a granel y los están empacando en Venezuela. Desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos no tenemos ninguna certeza porque no se está haciendo ningún seguimiento.

Igualmente, la doctora dijo que en los colegios donde realizan sus estudios nutricionales llegan por el sistema Clap harinas, pasta y arroz, no hay ningún otro alimento complementario. Siguen repartiendo lentejas, la gente está cansada de comer siempre lo mismo, están produciendo un nivel de hastío en la población. Nos encontramos con que los niños botan las lentejas porque no las quieren comer todos los días.

En barriadas del municipio Plaza de Guarenas distribuyeron a un costo de 10.000 bolívares, más 1000 en copias y transporte, 12 productos con un peso neto de 12,5 kilos. La caja contiene 1 harina, 2 paquetes de arroz, 5 paquetes de pastas, 1 bolsa de leche, 2 paquetes de lentejas y 1 litro aceite.

caja

Alfonsina Méndez cuestionó la calidad de los alimentos “la leche es tan salada que no sirve para preparar alimentos para los niños. El arroz viene con gorgojos. Hace dos meses la pasta vino vencida, el aceite se consume en dos arepas fritas. Ya no viene el atún. Estos productos no alcanzan para la alimentación de un grupo familiar ni de tres personas y menos para un mes”.

Y lamentó haber tenido que firmar las planillas contra el presidente estadounidense para comprar la caja Clap.

En las veredas de Coche, en el municipio Libertador, también cuestionan el proceso de distribución de alimentos. “Cada mes viene con menos productos y cuesta más”, “los paquetes de pasta siempre vienen rotos, eliminaron la leche, los granos, un aceite y en la bolsa de septiembre el arroz me vino con gusanitos, una harina amarilla que terminé botando porque parecía ligado con cal o yeso, es incomible, las arepas quedan como una piedra”, denunció un vecino.

Familiares de Edicta Padrón, de 78 años y quien residente de Los Rosales, parroquia San Pedro (Caracas), denunciaron en la Defensoría del Pueblo que el encargado del Clap en esa comunidad amenazó con no entregarle la caja de alimentos de octubre porque le faltaban 500 bolívares para completar los 1000 que cuesta el transporte.

Las cajas vienen abiertas en Los Rosales y San Pedro, la entregan cada 15 días y tenían un mes que no las traían.

Deficiencias de proteínas

La hiperinflación se come el salario mínimo y la posibilidad de que una persona pueda alimentarse bien con los 40.000 bolívares que gana mensualmente. En estos momentos hay mucha dificultad para cubrir los requerimientos de proteína tanto animal como vegetal.

En sus estudios nutricionales la Fundación Bengoa ha encontrado en las escuelas del país que, además de la desnutrición aguda, está subiendo la crónica. “Son esos niños que tienen tiempo que no reciben las calorías suficientes. El porcentaje por desnutrición crónica puede llegar a 30 % en la población escolar”, afirma la doctora Maritza Landaeta.

La especialista también acotó que muchas familias pueden comprar alimentos con proteínas con el dinero que reciben de las remesas de familiares en el exterior.

Los alimentos proteicos son los que han subido más de precio, son los que la gente no puede comprar, se les hace imposible cumplir requerimientos de proteínas vegetal o animal porque dependen de la bolsa. Realmente el porcentaje de cobertura de la energía que corresponde a la proteína se redujo a la mínima expresión.

En abril el Gobierno anunció recursos para el Plan Proteína con la intención de distribuir pollo, huevo, carne y pescado. La especialista en nutrición indicó que estos alimentos llegan a ciertas áreas con lo cual “establece una gran inequidad dentro de la población”.

En el kilómetro 23 del pueblo de El Junquito distribuyen los alimentos proteicos, pero de forma discrecional. Son vendidos a los allegados de los voceros del consejo comunal.

En septiembre, el combo de proteínas incluyó 1 kilo de carne, 1 mortadela, 1 cartón de huevos y 1 pollo, todo por 12.000 bolívares, pero solo benefició a las personas que acudieron a un acto con el alcalde de La Guaira, José Luis Terán.

En Paulo VI, municipio Sucre, aseguran que llevan meses sin recibir atún, aceite, mayonesa y salsa de tomate.

Reclamos y más reclamos

A pesar de que el mandatario Maduro promete distribuir el Clap cada 15 días “llueve, truene o relampaguee”, en la práctica en muchas comunidades, en especial del interior del país, las personas tardan hasta dos y tres meses en recibir los alimentos.

Adriana Reyes, vecina de Boleíta Sur, afirmó que en su comunidad reciben las cajas cada dos meses y ha mermado la cantidad de productos: “La última trajo 3 paquetes de arroz, 1 paquete de harina, 1 paquete de leche, 3 paquetes de pasta, 2 de grano, 3 latas de atún. Eso fue todo, y la anterior llegó sin atún”.

Está sucediendo que ahora el Clap lo entregan en “zonas consideradas más conflictivas”, con lo que se afianza más la estrategia de control político de la población a través de la comida, así lo afirmó Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción.

Mediante cuatro tipologías de parroquias explica el esquema de distribución del programa, “tenemos más cajas y más alimentos en las parroquias centrales y menos en las parroquias más vulnerables”.

Las protestas por alimentación registradas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) son motivadas por el desabastecimiento, alto costo de la comida y escasez.

Y desde 2016, cuando arranca el Clap, se suman acciones de calle relacionadas con las irregularidades presentes en este sistema de distribución. La asociación civil sin fines de lucro Transparencia Venezuela agrupa en ocho categorías las denuncias que tienen que ver con el sistema Clap:

  • Retraso en la entrega de los alimentos.
  • Discrecionalidad a la hora de realizar los censos.
  • Aprovechamiento indebido de los productos.
  • Agresiones físicas o amenazas a la integridad.
  • Control social.
  • Alimentos en mal estado. 
  • Ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control.
  • Discrecionalidad en el pago.

El mes pasado en la urbanización Paulo VI, en el municipio Sucre, miembros del consejo comunal intentaron imponer en la comunidad la recolección de firmas contra el supuesto bloqueo de Donald Trump, como exigencia para la venta de las cajas Clap.

Los voceros de esa instancia local exigían a los vecinos firmar las planillas, los amenazaban con acciones en contra si se negaban a estampar sus rúbricas.

Con la consigna “Chantaje y extorsión: firmas mediáticas a cambio de cajas Clap”, los vecinos convocaron una Asamblea de Ciudadanos donde asistieron habitantes de otras zonas como Angarita y Barrio La Línea para rechazar esta medida y buscar soluciones. Denunciaron la situación por redes sociales y medios de comunicación.

Alexis Cordero, residente de la referida urbanización, dijo que voceros del Consejo Comunal «se lavaron las manos como Pilatos» y aseguraron que seguían instrucciones de los directivos de Corpomiranda, ente regional a cargo de la distribución de la comida Clap:

Lo que me incomoda es la pretensión de manipular de forma constante para despojar vilmente a un ciudadano de su dignidad. Una caja de comida, que, dicho sea de paso, viene cada dos meses. Una firma, a cambio de la dignidad de los venezolanos. No lograron desincorporarme del listado por la presión que se generó a través de los diferentes medios de comunicación que nos apoyaron.

En el municipio Libertador, en las veredas de Coche, tienen múltiples quejas contra el consejo comunal Valor y Conciencia por la forma hostil en que distribuyen el Clap en la población «sin derecho a pataleo».

Si alguien reclama, le dicen: “¿Qué quieres por ese monto? Agradece que el Gobierno lo está dando” y amenazan con excluirlos del listado si siguen quejándose. A elevadas horas de la noche les entregan los alimentos.

Clap

Otra de las quejas de las comunidades es el aumento del costo de la bolsa pese a que mantiene la misma cantidad de alimentos. En el kilómetro 23 de El Junquito la venden cada mes y medio y siempre con nuevo precio. Por la de agosto pagaron 70.000 bolívares y solo traía seis productos: 2 kilos de harina (una Juana y una Pan) 3 kilos de arroz y 1 kilo de pasta larga.

Muchos adultos mayores no pudieron pagarla porque significaba casi 2 meses de pensión. Esas bolsas son revendidas a los comerciantes de ese pueblo turístico.

Los vecinos pidieron mantenerse en anonimato porque los voceros del consejo comunal —y en especial uno de los encargados del Clap— basándose en un vínculo familiar con el gobernador de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, los humilla, maltrata y amenaza con excluirlos del listado, “el problema de denunciar es que le quitan la bolsa a quien lo hace y usted sabe que el pueblo está pasando necesidades y no quiere que le quiten lo poquito que logra conseguir”.

Un «programa social» que no califica como tal

Por mandato de Nicolás Maduro el 3 de abril de 2016 se crearon los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para la distribución y comercialización de los alimentos subsidiados. Medida asumida como un programa social para enfrentar la escasez de alimentos, el bachaqueo y la crisis económica.

Desde su creación, el Gobierno ha asignado cuantiosos recursos a la producción y distribución de alimentos para los seis millones de familias beneficiarias. Durante el primer trimestre del 2017, Maduro autorizó a los Clap 33 millardos de bolívares. Más que producir comida, los funcionarios públicos se han dedicado a la importación de alimentos de países latinoamericanos para «llenar la despensa» de los venezolanos.

Sin embargo, esas negociaciones han sido investigadas y denunciadas por el Parlamento y medios digitales por presuntos hechos de corrupción. Aunque en teoría, el Clap es concebido como un programa social o un Programa de Asistencia Nutricional para disminuir la malnutrición de la población de más bajos recursos, el profesor de la UCV, Alexander Albarrán, doctor en Ciencias Sociales, coincide con la especialista Landaeta y considera que este sistema de venta de alimentos no reúne los requisitos mínimos para recibir tales denominaciones:

El contenido nutricional es ineficiente, no cuenta con los alimentos requeridos para alcanzar un balance nutricional. Asimismo, la planificación de entrega es ineficaz, no es distribuida de manera adecuada y necesaria en todo el territorio nacional. Por otro lado, la frecuencia de la venta es inexacta, de igual manera los tipos de alimentos, los cuales no pueden ser considerados de alta calidad siendo los mismos en un 95 % de las veces importados, por lo que la producción alimentaria nacional no es incentivada. Todo esto impide que pueda ser considerado en realidad como un programa social.

En la misma línea de pensamiento, Lennys Lurua, trabajadora social, afirma categóricamente que el Clap no es un programa social. Lo define como una acción de control que utiliza a las personas para tributar adherencia y sumisión.

Los programas sociales, más allá de su estructura metodológica, están dirigidos a la promoción del bienestar social. Y el bienestar social se sustenta en la dignidad, en el valor del ciudadano que tiene derechos per se y no porque disponga o no de un carnet… que aparezca en una lista, entre otros.

Explica que los programas sociales se evalúan, miden impacto, estudian a la población objetivo. Procuran dar respuesta a las necesidades reales de la gente. “Se hacen desde lo que el actor social demanda y no desde lo que yo creo que el actor social requiere. Entramos, entonces, en la definición de cuántas harinas de maíz, por ejemplo, requiere una familia. ¿Quién establece la profundidad del satisfactor? ¿Solo el que diseñó el «programa»? Ya eso es una debilidad técnico-operativa”.

Lurua afirma que el mejor programa social que puede existir es aquel que crea oportunidades de plenitud al ciudadano, que lo empodere, que le permita avanzar en la construcción de una sociedad digna y justa. “Si eso no está presente como fundamento del programa social, entonces estamos ante otra cosa. Quizás estamos en presencia de una especie de dispositivo político con ropaje social, cuyo único objetivo es fomentar la dependencia del sujeto a la figura gubernamental».

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Asimismo, la doctora Maritza Landaeta no está de acuerdo en calificar al Clap como un programa social destinado a atacar la desnutrición y la malnutrición porque su prioridad y concepción no tienen ningún impacto en las comunidades desde el punto de vista nutricional.

No está orientado a priorizar los hogares que tienen niños, adultos o mujeres embarazadas en situación de riesgo, no son tomados en cuenta criterios de vulnerabilidad social. No es un programa a combatir la malnutrición. Lo que hace es distribuir por sectores la bolsa.

Además, la selección de la población beneficiaria se hace de forma discrecional, sin parámetros relacionados con carencias nutricionales o estándares de pobreza. Y la permanencia con el “beneficio” depende de las exigencias de los voceros de los consejos comunales y funcionarios del Gobierno.


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