Los 108 funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos –incluido Maduro– se verían beneficiados por propuesta de la Casa Blanca. El documento plantea que el ministro de la Defensa y los comandantes de los componentes de la FANB preserven sus cargos durante la transición. También traza una ruta para la renovación del CNE y el TSJ y la convocatoria de elecciones conjuntas presidenciales y parlamentarias.
Caracas. “Es necesario socavar las bases de apoyo hasta fracturar a la coalición dominante”. Ese es uno de los enunciados básicos que los estudiosos de las transiciones políticas a la democracia de la talla de Abraham Lowenthal, John Magdaleno, Benigno Alarcón y Sergio Bittar repiten como un mantra. Y en Venezuela una de las bases de apoyo de la coalición dominante es el Alto Mando Militar.
La propuesta denominada Marco para la Transición Democrática de Venezuela, presentada por el Departamento de Estado esta semana, parece apuntar en esa dirección.
El documento no solo ofrece un “paso a paso” constituido por 14 medidas a tomar tanto por la oposición como por el oficialismo desde la Asamblea Nacional, sino que ofrece garantías de permanencia en sus cargos a toda la plana mayor del sector militar y levantamiento de sanciones a los más altos dirigentes políticos del madurismo.
Además, como un mecanismo para garantizar el orden y la gobernabilidad interna durante el proceso de transición –que pasa por unas elecciones presidenciales–, Estados Unidos propone la permanencia en sus cargos de todos los gobernadores elegidos en 2017, la mayoría de los cuales (18) son oficialistas.
El esqueleto de la propuesta
El eje político de la propuesta estadounidense es la formación de un Consejo de Estado que asumiría las riendas y competencias del presidente de la República. Este Consejo de Estado estaría integrado por cinco personas: dos representantes de la oposición, dos representantes del oficialismo y un quinto electo por consenso entre los otros cuatro.
La institución conductora de la ruta hacia la transición, es la Asamblea Nacional legítima, presidida por Juan Guaidó, que se encargaría de renovar los poderes Electoral y Judicial.
El “gancho” del plan de la Casa Blanca es que cada alto funcionario del madurismo que reconozca, apoye y se integre al trabajo por la transición podrá volver a utilizar sus fondos –hasta ahora congelados– en Estados Unidos y podrá volver a entrar a ese país. Es decir, les serían levantadas las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.
Los primeros beneficiados
Desde enero de 2015 hasta junio de 2019 Estados Unidos sancionó a Nicolás Maduro y a 86 de sus colaboradores directos; a partir de esa fecha hasta hoy se sumaron 15 nombres más a la lista, para un total de 108 personas. Ministros, magistrados, militares, policías y rectores del CNE, cuyas cuentas, bienes y activos en territorio estadounidense fueron congelados.
Además, en febrero de 2019 ese país emitió tres lotes de sanciones grupales que sumó a las sanciones previas, la revocatoria de la visa contra los 503 integrantes de la ANC; 29 de 31 magistrados del TSJ, y 49 familiares y allegados de Nicolás Maduro.
Si la oposición y el oficialismo convienen en implementar la hoja de ruta estadounidense tal como fue presentada el martes, una vez reconstituida la Asamblea Nacional con todos sus integrantes, levantado el desacato y disuelta la Constituyente, “los Estados Unidos retiran las sanciones aplicadas a miembros de la ANC por su pertenencia a la ANC”. Es decir, los primeros beneficiados por el acuerdo serían los 503 oficialistas integrantes de la Constituyente.
Los pasos 2, 3 y 4 de la propuesta implican la liberación de los presos políticos, el retiro de las fuerzas de seguridad extranjeras de Venezuela (las conocidas son las rusas y cubanas) y la elección desde la AN de nuevos rectores del CNE y magistrados del TSJ.
“Una vez se elija un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos retiran las sanciones impuestas a exmiembros del CNE y del TSJ por su pertenencia a esos organismos”, dice el documento. En este segundo lote de funcionarios libres de sanciones incluiría a las cinco rectoras principales del CNE más un rector suplente y los 29 magistrados sancionados.
Sanciones contra Maduro serían levantadas
En la propuesta Marco para la Transición Democrática en Venezuela, Estados Unidos plantea que la AN apruebe una ley para la conformación del Consejo de Estado, el cual, además de sus integrantes, contaría con un miembro de la FANB como asesor.
Una vez constituido el Consejo de Estado, que asumirá todas las atribuciones del presidente de la República, el Departamento de Estado propone –sin nombrarlo directamente– que Nicolás Maduro renuncie a cualquier pretensión de ocupar un cargo en el Ejecutivo y acepte el Consejo de Estado como autoridad.
Entonces, si eso se cumple, la Casa Blanca promete que “los Estados Unidos y la Unión Europea retirarán las sanciones a quienes se habían atribuido facultades presidenciales, y que les fueron impuestas debido a los cargos que ocupaban”.
PDVSA y ministros libres de sanciones
El punto 7 del Marco para la Transición Democrática en Venezuela desarrollado por Estados Unidos señala que, una vez instalado el Consejo de Estado y que las fuerzas de seguridad extranjeras hayan abandonado el país, “quedarán suspendidas las sanciones que los Estados Unidos aplicaron al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela SA y al sector petrolero”.
Esta medida incluiría Citgo y, de forma colateral, 11 empresas internacionales sancionadas por transportar petróleo venezolano.
Mientras el punto 8 señala que una vez que el Consejo de Estado nombre un nuevo gabinete ministerial, Estados Unidos ofrece el levantamiento de las sanciones “a exmiembros del gabinete” y “a miembros de la FANB” que les fueron impuestas por desempeñar sus cargos.
De los 107 funcionarios de Maduro sancionados por Estados Unidos, 12 han sido o son ministros activos y 35 son o han sido funcionarios de inteligencia, policías, comandantes de componentes militares o comandantes de unidades militares. Todos ellos se verían beneficiados en este punto.
Cesa denuncia en la CPI
El plan estadounidense presentado el martes de esta semana por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott Abrams, también prevé negociaciones con multilaterales para la aprobación de financiamiento y ayuda humanitaria; la creación de una Comisión de la Verdad y Rconciliación que investigue “los actos de violencia graves ocurridos desde 1999” y determine responsables, así como apoyo a los afectados.
El punto 10 de la propuesta establece que si la Comisión de la Verdad se instala y la AN aprueba una Ley de Amnistía conforme al derecho internacional, los gobiernos de “Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran su apoyo a la remisión a la Corte Penal Internacional”, presentada en 2018 para que ese organismo investigara crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Hasta el momento de publicación de esta nota, de los cinco países que impulsaron la demanda ante la CPI, solo el gobierno de Colombia se había manifestado en apoyo a la hoja de ruta de Estados Unidos.
Elecciones conjuntas
Las elecciones presidenciales simultáneas con unas parlamentarias constituye el décimo primer punto de la propuesta de Estados Unidos para avanzar en una transición a la democracia en Venezuela.
Estas elecciones deben realizarse en un plazo de seis a 12 meses y “cualquier ciudadano apto conforme a la Constitución de 1999 puede presentarse” como candidato. Aquí se garantizaría la posibilidad de que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó así como todos los dirigentes opositores inhabilitados de forma inconstitucional desde 2015 pudieran competir.
Una vez realizados los comicios, Estados Unidos se compromete a retirar “todas las sanciones restantes, con el consenso de observadores internacionales de que las elecciones fueron libres e imparciales”.
Este punto beneficiaría al resto de los funcionarios no considerados integrantes del gabinete (directores y presidentes de organismos del Estado, integrantes del Poder Ciudadano, asistentes de altos funcionarios), así como a los entes públicos del sector no petrolero sancionados (CVG Minerven, Bandes, Banco de Venezuela, Bandes Uruguay, Banco Bicentenario, Banco Fondo Financiero Privado Bolivia, Banco Central de Venezuela y la Dgcim).
El último punto del acuerdo planteado es que por la vía de una comisión bipartidista en la AN se formule un plan de soluciones a largo plazo para rehabilitar la economía y financiar la deuda.
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