Nueve familiares directos de Nicolás Maduro, 10 socios comerciales o empresarios afines a su gobierno y 52 empresas entre locales y transnacionales, además de 138 funcionarios de su administración han sido perseguidos por la justicia o han sido objeto de sanciones financieras. En la región, el Grupo de Lima le ha cerrado préstamos, apoyo militar, ingreso a varios países y han iniciado la investigación de posibles testaferros.
Caracas. El cerco internacional en torno a Nicolás Maduro comenzó a delinearse en 2015, cuando el gobierno de los Estados Unidos aprehendió y posteriormente enjuició y condenó a dos sobrinos de su esposa, Cilia Flores, por narcotráfico.
Dos años después de aquella captura de película, inició el período de las sanciones financieras individuales contra todo el entorno del entonces presidente constitucional de Venezuela.
Desde entonces, 9 familiares directos de Maduro, 10 socios comerciales o empresarios afines a su gobierno y 52 empresas entre locales y transnacionales —además de 138 funcionarios de su administración— han sido perseguidos por la justicia o han sido objeto de sanciones financieras por parte de Estados Unidos, Panamá, México y Colombia principalmente.
Pero además, los países que integran el Grupo de Lima les han cerrado préstamos, apoyo militar, ingreso a sus territorios y han iniciado la investigación de posibles testaferros.
Las recientes sanciones contra su círculo familiar más cercano (los hijos de su esposa, Cilia Flores, y una de sus nueras) por parte de Estados Unidos, vienen a complementar una medida adoptada el año pasado por el gobierno de Panamá, de bloquear a 16 empresas radicadas en ese país propiedad de otra rama familiar de Cilia, los Malpica Flores.
En esta ocasión, el 25 de julio, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores (y Mariana Staudinger la esposa de uno de ellos) entraron a la lista de venezolanos cuyos activos en Estados Unidos quedaron bloqueados por estar directamente relacionados con el esquema de corrupción en la importación con sobreprecio de productos para las cajas Clap.
La propia Cilia fue sancionada el 30 de mayo y el 25 de septiembre de 2018 por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, respectivamente, no solo por ser la esposa de Maduro, sino por ser parte de su gobierno como integrante de la Constituyente ilegítima —así calificada por la comunidad internacional— y “haber contribuido al declive de Venezuela”.
Pero a Cilia no le corre por las venas la sangre de Maduro, como sí le corre a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el hijo único del presidente del PSUV, exmiembro de la ANC y exinspector de la Presidencia, un cargo creado solo para él. El pasado 28 de junio, Estados Unidos lo incluyó en su lista de funcionarios venezolanos sancionados con el congelamiento de activos en ese país.
Sin embargo, para la comunidad internacional no es necesario ser familia directa o trabajar para Maduro, basta con ser su amigo o conocerlo, para considerarlo persona no grata. Para muestra lo que les ocurrió este año a los cantantes venezolanos Omar Enrique (el primero de febrero) y Armando Martínez el Cantaclaro (el 17 de julio), cuando intentaron ingresar a Colombia para cumplir con una agenda de conciertos. Ambos fueron devueltos, pues sus nombres están en una lista junto con otras 198 personalidades venezolanas vinculadas a Maduro, cuyo ingreso al vecino país quedó vetado.
Otro de los que integra esa lista es Emanuel Andrade, hijo del exguardaespaldas de Chávez y ex Tesorero de la Nación, Alejandro “el Tuerto” Andrade, preso en Estados Unidos. Aunque es probable que Emanuel no conozca de trato a Maduro (es un joven de 23 años que prácticamente no ha vivido en Venezuela), el 16 de julio cuando intentó ingresar a Colombia, las autoridades de ese país le hicieron agarrar sus maletas y dar marcha atrás únicamente por “su relación con los gobiernos de Chávez y Maduro”.
Socios comerciales
Los socios comerciales del gobierno de Nicolás Maduro tampoco están teniendo mucha suerte en estos días. Se trata de empresarios que o son dueños de negocios que obtienen jugosos contratos con el Estado venezolano a través de esquemas presuntamente fraudulentos, o son supuestos testaferros de otros altos dirigentes de la administración Maduro que se lucran en esquemas corruptos.
Hasta ahora son 10 los empresarios sancionados por Estados Unidos y México, además del grupo familiar Malpica Flores cuyas empresas fueron bloqueadas por Panamá.
El primero de la lista es Samark López Bello, señalado en 2017 de ser testaferro de Tareck El Aissami, para entonces vicepresidente ejecutivo de la República. Investigaciones periodísticas han revelado que durante los gobiernos de Chávez y Maduro contrató con el Estado, realizó importaciones a través de Corpovex, compró medios de comunicación (en 2013) e incluso fue de los primeros proveedores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) creados a finales de 2015.
El 8 de enero de este año las sanciones recayeron sobre el conocido empresario Raúl Gorrín Belisario y su socio, Gustavo Perdomo Rosales, mencionados por Alejandro Andrade en su confesión ante un tribunal estadounidense, de ser parte de su esquema de blanqueo de capitales. A partir de 2013, Gorrín y su socio Perdomo adquirieron medios de comunicación que antes de la compra eran críticos del Gobierno y después pasaron a una línea editorial benévola con Maduro.
En otro grupo, sancionados junto con los hijos de Cilia Flores este 25 de julio están los empresarios Alex Saab, el zar de los Clap; Álvaro Pulido, su socio; y los colaboradores directos en ese esquema de corrupción para la venta de comida con sobreprecio a Venezuela, que también investigan los gobiernos de México y Colombia desde hace un par de años: Emmanuel Rubio González, Shadi Saab, Isham Saab.
Además de los familiares y empresarios ya señalados, el 28 de febrero de este año, el Departamento de Estado estadounidense emitió una lista de 49 personas vinculadas a Maduro y su gobierno, a quienes se les anularía el visado y se les prohibiría ingresar al país. Los nombres de esta lista no han sido revelados.
Pero Panamá y Estados Unidos no son los únicos que han decidido cerrar las puertas a negocios con empresarios relacionados con Maduro: México también alzó su voz. El gobierno del presidente Andrés López Obrador, supuesto aliado ideológico de Maduro, informó el 17 de julio que a partir de esa fecha quedaban bloqueadas las cuentas de “19 empresas y empresarios vinculados al esquema de corrupción de las cajas Clap”. Esta medida se tomó en coordinación con la adoptada por el gobierno estadounidense.
Donde duele
Estos empresarios no solo vieron bloqueadas sus cuentas de banco sino que las empresas a su nombre, valoradas en varios miles de dólares, que además les servían de fachada para otros negociados, fueron ingresadas a la lista de activos bloqueados: a López Bello, por ejemplo, le bloquearon 5 empresas; a Gorrín Belisario 6, entre ellas Globovisión y Seguros La Vitalicia; a Perdomo Rosales 3; a Saab 5, todas vinculadas a la red de corrupción y sobreprecios de los Clap; a Pulido una; y a Rubio 5.
Mientras otras 11 empresas transnacionales también fueron incluidas en la lista con la que Estados Unidos ni sus ciudadanos pueden hacer negocios: 9 navieras de transporte de combustible que llevaban petroleo venezolano a Cuba, una exportadora cubana y una empresa turca relacionada con el caso Clap, además de un banco ruso que se prestó para que la administración Maduro pudiera hacer pagos en el exterior.
Grupo de Lima activo
Si bien la mayoría de las acciones contra personas las ha emprendido Estados Unidos, los países integrantes del Grupo de Lima han emitido una serie de decisiones que limitan abiertamente la capacidad de movimiento de la administración Maduro en la región.
El grupo se estrenó en agosto de 2017 desconociendo tajantemente a la Constituyente y a todas sus decisiones. Esto hace que todos los actos normativos (que el PSUV llama leyes constitucionales), nombramientos de funcionarios y otras actuaciones dictadas por ese ente no tengan validez alguna frente a los gobiernos de una docena de países.
Los integrantes del Grupo de Lima han acordado además detener “la transferencia de armas a Venezuela” y suspender toda cooperación militar con Maduro, que en el pasado reciente tuvo en Brasil un aliado en esta materia.
En el ámbito financiero, sus integrantes han acordado a partir de 2018 minimizar las operaciones de crédito público y préstamos con Venezuela, si estas no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional (a menos que sean para ayuda humanitaria). Esto cerró definitivamente el flujo de recursos hacia Caracas en la región.
En materia de inteligencia financiera y lucha contra el crimen organizado, el Grupo de Lima inició en 2018 el intercambio de información de inteligencia financiera sobre las actividades de los funcionarios y allegados a Maduro y su gobierno que pudieran estar inmersos en corrupción y lavado de dinero. En su última reunión, este 23 de julio, el bloque avanzó en esta área y acordó investigar los negocios de funcionarios y testaferros del gobierno de Maduro.
Además, en materia de defensa de los Derechos Humanos y promoción de la restitución del Estado de Derecho en el país, varios países integrantes del Grupo de Lima promovieron una solicitud de investigación contra funcionarios de la administración de Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Esta semana decidieron elevar el informe de Michelle Bachellet ante la fiscalía de la CPI y vetar la candidatura de Venezuela para renovar su silla en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
Lea también:
- Maduro y 132 integrantes de su círculo de poder han sido sancionados 303 veces desde 2015 (I)
- Maduro y sus colaboradores están sancionados en 33 países del mundo (II)
- 7 de 8 miembros del Alto Mando Militar han sido sancionados por socavar la democracia (III)
- 94% de los magistrados está sancionado por su comportamiento antidemocrático (IV)
- Jefes y altos cargos de los poderes públicos al servicio de Maduro están sancionados (y V)
Participa en la conversación