83 % de la directiva del CNE, 100 % del Poder Ciudadano y 55 % del tren Ejecutivo están sancionados por ser cómplices en la violación de Derechos Humanos, socavar la democracia o estar vinculados a hechos de corrupción, entre otras razones. La cúpula de la Constituyente ilegítima —así calificada por la Unión Europea— no puede movilizar sus bienes ni cuentas en el extranjero por contribuir al desmontaje del Estado y usurpar funciones de la Asamblea Nacional.
Caracas. Cinco de los seis integrantes de la directiva del Poder Electoral, los tres miembros del Poder Ciudadano y más de la mitad del tren Ejecutivo venezolano tienen sus bienes en el exterior congelados, no pueden ingresar al territorio de 33 países y no pueden hacer negocios de ninguna naturaleza en dichos países. El 94 % de los magistrados del TSJ también lo está, como vimos en una entrega anterior.
Los señalamientos contra la cúpula gobernante van desde sospechas de vínculos con el narcotráfico y violación de Derechos Humanos hasta unos más específicos relacionados con la materia electoral, lanzados sobre los hombros de los rectores del Consejo Nacional Electoral.
Es así como la presidenta del CNE, cuatro de los cinco rectores y el secretario del organismo son acusados de “facilitar el establecimiento de la ilegítima ANC y fallar en asegurar la imparcialidad e independencia del CNE”. Además, Socorro Hernández, Tania D’Amelio y Sandra Oblitas fueron acusadas expresamente de “manipular el proceso electoral” del 20 de mayo, manipular el proceso que llevó a la “suspensión del referendo revocatorio de 2016”, propiciar “la postergación de las elecciones regionales en 2016” y por la reubicación de centros de votación en las regionales de 2017. Estos señalamientos también recaen sobre el secretario Xavier Moreno.
Cero ciudadanía
En el caso de los integrantes del Poder Ciudadano, es necesario recordar que en diciembre de 2014, la Asamblea Nacional dominada por el PSUV ratificó a Luisa Ortega como fiscal general por siete años más, nombró a Manuel Galindo como contralor y ratificó a Tarek William Saab como defensor del Pueblo.
Pero en 2017, tras la ruptura del orden constitucional propiciada por dos sentencias del TSJ —así declarada por la AN y la OEA—, el madurismo, a través de la Asamblea Constituyente, procedió a la designación de Tarek William Saab como nuevo fiscal general, en sustitución de Ortega. Esa acción se realizó de espaldas al proceso constitucional. En ese mismo acto, Saab nombró a Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo. Mientras que en octubre de 2018, tras la renuncia por “motivos personales” de Galindo, la ANC nombró a uno de sus integrantes, Elvis Amoroso, como contralor general.
Todos estos personajes (Saab, Galindo, Amoroso y Ruiz) han sido sancionados por la comunidad internacional en el período entre 2015 y el presente, excepto Ortega, que lo fue en 2014. En todo caso, ni siquiera su deslinde del madurismo le ha servido para que Estados Unidos le levante las sanciones que le impuso por ser parte de la represión de aquel año.
Los miembros del Poder Ciudadano han sido cuestionados por 33 países del mundo (Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza, Argentina y los 28 miembros de la UE) por su conducta antidemocrática, socavar la independencia de las instituciones, riesgo de lavado de activos y muy específicamente por “perseguir a los integrantes del gobierno interino de Juan Guaidó”.
Ejecutivo señalado
En la actualidad, Nicolás Maduro tiene 35 ministros, un vicepresidente ejecutivo y un procurador general (también nombrado violando la Constitución), bajo su mando.
De todo este personal de alto nivel, el 55 % (21 personas) incluyendo al propio Maduro, están sancionados.
Tanto el vicepresidente anterior y hoy ministro de Industrias, Tareck El Aissami, como la actual vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez han sido señalados.
El primero “por jugar un papel importante en el narcotráfico”, por su “comportamiento antidemocrático”, y por “ser responsable o cómplice en graves violaciones de los DD. HH. y corrupción”. Además, El Aissami fue acusado porque “en su condición de vicepresidente dirigió actuaciones del Sebin, responsable de serias violaciones de los DD. HH.” y “dirigió el comando antigolpe que ha perseguido a la sociedad civil y la oposición”.
Rodríguez por su parte, ha sido acusada como constituyente y como vicepresidenta por “socavar la democracia y el Estado de Derecho”, “usurpar poderes de la Asamblea Nacional” y usar su poder para “perseguir a la oposición y evitar que esta pueda participar en los procesos políticos”.
El mismo Maduro ha sido sancionado en cuatro ocasiones: “Por ser un dictador que ignora la voluntad de su pueblo”, según Estados Unidos, al día siguiente de la elección de la constituyente; por su “conducta antidemocrática” y “por graves violaciones a los Derechos Humanos”, de acuerdo con el gobierno de Canadá; y por sospecha de lavado de dinero, según presunciones del gobierno de Panamá.
Incluso el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, fue sancionado este año, lo mismo que su ministro de comunicaciones, Jorge Rodríguez. De los ministros que aún no han sido sancionados, solo dos tienen un perfil político relevante: Ricardo Menéndez, titular de Planificación y Blanca Eekhout, exvicepresidenta de la Asamblea Nacional y actual ministra de Mujer.
Cúpula constituyente
La Asamblea Nacional Constituyente, además de los cuestionamientos a la forma de su elección y su desempeño autoritario, se ha caracterizado por manejarse en medio de una total opacidad.
La instancia no tiene página web, ni su diario de debates es conocido, ni siquiera es posible acceder al listado de asistencia. Sin embargo, se sabe que de los 545 integrantes electos el 30 de julio de 2017, un total de 42 ya no forman parte del cuerpo. Unos porque fallecieron, otros porque fueron electos gobernadores o alcaldes según el Consejo Nacional Electoral, y otros porque fueron nombrados por Maduro para otros cargos diplomáticos o en el Ejecutivo. En otras palabras, se calcula que actualmente son 503 los constituyentes activos.
La más reciente sanción que ha afectado a integrantes de la ANC se produjo el pasado 7 de febrero, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció la revocatoria de la visa americana “a todos los miembros de la ilegítima ANC”. Se entiende que serían afectados estos 503 dirigentes.
Pero desde 2017, los gobiernos de los 33 países señalados más arriba han dictado reiteradas sanciones contra lo que podría definirse como la cúpula de la Constituyente: 21 personas.
Este selecto grupo incluye a los 7 que ocupan o han ocupado los cargos directivos, al secretario y la subsecretaria, y a un puñado de dirigentes de alto perfil político en el PSUV y en la administración Maduro.
La primera sanción contra los constituyentes provino de los Estados Unidos, el 9 de agosto de 2017, y afectó a Francisco Ameliach, Adán Chávez, Carmen Meléndez, Hermán Escarrá, Erika Farías, y Darío Vivas. El 22 de septiembre, Canadá alzó su voz y penalizó a otros cinco: Pedro Carreño, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y Elvis Amoroso, además de repetir contra Escarrá, Meléndez y Ameliach. Así se fue extendiendo la lista y se fueron sumando países de la UE, Suiza y Panamá, que en marzo de 2018 señaló a cinco constituyentes por sospecha de “lavado de activos”. Cabello es, por cierto, el constituyente con más sanciones, con un total de 6.
La semana pasada, la Cancillería de Argentina anunció la emisión de una lista de 426 funcionarios de la administración de Maduro que tendrían prohibido ingresar a ese país a partir de ahora. En la lista —que aún no ha sido publicada— se incluyeron más de 200 constituyentes, dijo la representante diplomática de Venezuela en Buenos Aires, Elisa Trotta.
Infografías y graficación: Milfri Pérez y Lesslie Cavadías
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