A propósito del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos los trabajadores públicos de Venezuela reclaman que su salario se traduce en 2,70 dólares al mes.
Caracas. ¿Qué nos pasó?, se pregunta Nausela Gudiño, una enfermera jubilada al revisar su cuenta bancaria durante cada quincena de pago.
Rememora que cuando empezó a desempeñar su carrera, hace 44 años, ganaba cerca de 400 dólares mensuales.
En la actualidad lo único que recibe al mes es el equivalente a Bs. 130, que a la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela se traduce en $2,70 al mes.
Para la mujer de 64 años, quien inició sus labores en la Maternidad Concepción Palacios y en el Hospital Materno Infantil de Caricuao, resulta lamentable el valor monetario que le da el Estado a sus años de trabajo dedicados al país.
“Cuando fui a gestionar para ver cómo iba el pago de mis prestaciones sociales en el Ministerio de Salud, me dijeron que ya me las habían pagado”,
indica.
En efecto lo habían hecho: en el 2021, Gudiño recibió 164,70 bolívares por 39 años y seis meses de trabajo.
Nada que ofrecer
A propósito del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, la enfermera jubilada manifiesta que, además de vulnerar su derecho a recibir un salario digno, también se vulnera el derecho a vivir con dignidad.
“Uno tiene que privarse de muchas cosas a las que se estaba acostumbrado, como las reuniones familiares. Dime qué le brinda uno a la familia ganando tan poco. No tengo nada que ofrecer en mi casa”, dice.
Además de su salario, percibe Bs. 832 y Bs. 600 por el monto de su jubilación en ambos centros de salud.
“Yo pensé que iba a vivir de mis prestaciones, pero no es así. Lo que gano no me alcanza para tener ni una dieta balanceada porque si acaso puedo comprar vegetales y una que otra cosa. Estamos en una economía dolarizada y ganamos bolívares devaluados”, cuestiona.
Vive de las remesas que le envían sus dos hijos, quienes residen en el exterior. Con eso también mantiene a su madre, de 84 años.
A pesar de la situación, de extrañar a sus hijos y nietos, insiste en que su momento de irse del país todavía no ha llegado, y que luchará desde la junta directiva del Colegio de Enfermería de Caracas, en donde ejerce labores.
Sin derechos laborales
Durante una rueda de prensa llevada a cabo este martes, 10 de diciembre, miembros del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, ratificaron el descontento generalizado que tienen los empleados activos, públicos y jubilados por tener dos años con un salario de 130 bolívares al mes.
En lo que va de 2024, este comité, así como grupos de dirigentes sindicales de otros movimientos de trabajadores, llevaron a cabo manifestaciones pacíficas, asambleas e intentos de reuniones sin lograr obtener un resultado satisfactorio.
La única respuesta obtenida fue lo que llaman “bonificación salarial”, que no son percibidos al recibir pagos de beneficios como las prestaciones sociales, por lo que rechazan la estrategia.
Dick Guanique, representante del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, leyó un comunicado en el que aseveran que la política de contraer el consumo, devaluar el signo monetario, dolarizar la economía sin dolarizar el salario, eliminar las tablas salariales y contrataciones colectivas, ha sido la fórmula en la que patronos públicos y privados desconocen los derechos laborales.
“Existe en el país un clima de incertidumbre sobre el futuro inmediato, pero los trabajadores sabemos que debemos continuar la lucha. Para nosotros, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, se lee en el escrito.
Guanique afirma que, hasta la fecha, no logran tener una respuesta por parte de ningún ente gubernamental, ni asomo de alguna posibilidad de incremento salarial para el año 2025.
País sin derechos
La rueda de prensa del Comité de Trabajadores estuvo acompañada por Lisset González, representante de Provea y Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Ambos mencionaron otras situaciones del país que son claras vulneraciones a los derechos ciudadanos.
“Vivimos en una crisis masiva de violación a todos los derechos humanos. Eso que hemos llamado una Emergencia Humanitaria Compleja, que es una crisis sistemática, producto de la falta de voluntad y capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones básicas hacia la población”,
indica González
Enumera que la falta de agua en los hogares de forma regular, los problemas eléctricos, así como el horario mosaico en escuelas, que se ha dado por los bajos salarios de docentes y falta de garantía de servicios básicos constantes en las zonas en donde están los planteles educativos, son parte de esos derechos que se perdieron de forma progresiva en el país.
Añade la violación de los derechos civiles y políticos: “Al día de hoy todavía no hemos podido ver un anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cuales fueron los resultados del 28 de julio, detallados por cada mesa y centro de votación del país”.
Desde Provea, se insiste en que la situación salarial forma parte de las vulneraciones y que el Gobierno debe sentarse con los trabajadores y organizaciones sindicales a conversar sobre las contrataciones colectivas y otros puntos que ayuden a recuperar el valor del trabajo.
1903 presos
Diego Casanova, integrante del Comité para la Libertad de Presos Políticos, quien desde su activismo lucha por la libertad plena de los detenidos por operativos llevados a cabo tras las protestas poselectorales, entre los que está su hermano, lamenta que Venezuela conmemora el Día de los Derechos Humanos con 1903 presos políticos, entre los que hay 42 adolescentes.
Pese a que las autoridades tomaron en cuenta acciones en contra de familiares que han sido rostros visibles durante las denuncias de maltratos físicos y psicologicos en contra de ellos y sus familiares, subraya que no dejará de luchar contra la libertad plena de su hermano y el resto de personas encarceladas por alzar su voz, o que están encerradas de forma injusta.
Hasta ahora, Casanova no ha sido víctima de algún tipo de amenaza que asome la posibilidad de no ver a su hermano. Sin embargo, a otros familiares, como Sol Ocariz, se les ha negado el derecho de ver a su hermano.
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