El Ministerio Público acusa al comisionado presidencial de Seguridad e Inteligencia de delitos como homicidio intencional frustrado contra el presidente de la República, traición a la patria y tráfico de armas.
Caracas. La entrega del comisario Iván Simonovis, para enjuiciarlo por su presunta participación en los sucesos de Macuto, ocurridos en mayo pasado, podrá solicitar el gobierno de Nicolás Maduro a la administración de Donald Trump, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “procedente” la petición de extradición que el Ministerio Público designado por la Constituyente formuló contra el actual comisionado presidencial de Seguridad e Inteligencia en Estados Unidos nombrado por el presidente de la Asamblea Nacional e interino de la República, Juan Guaidó.
La decisión la adoptó la Sala de Casación Penal en su sentencia número 90, en la cual avaló las actuaciones del Tribunal Especial Primero de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, que el 17 de septiembre pasado dio luz verde a la solicitud fiscal para iniciar el procedimiento para requerir a Washington la entrega del también exsecretario de Seguridad Ciudadana de la desaparecida Alcaldía Metropolitana de Caracas.
En el fallo redactado por la magistrada Elsa Janeth Gómez se considera que la extradición de Simonovis se ajusta a lo dispuesto en el tratado que ambos países firmaron en 1922, por cuanto al solicitado no se le persigue por “delitos políticos” y los crímenes de los que se le señala “no han prescrito”. “La presente solicitud de extradición activa tiene su génesis en la función como testaferro del ciudadano Iván Antonio Simonovis Aranguren en una operación de carácter militar, con el fin de llevar a cabo un golpe de Estado y generar zozobra en la población al atacar las instituciones y sus representantes legalmente elegidos por el pueblo venezolano”, se lee en el dictamen.
Lo que se ha dicho
El despacho dirigido por Tarek William Saab acusa a Simonovis de homicidio intencional en grado de frustración contra el presidente de la República, de traición a la patria y de tráfico ilícito de armas, en los cuales habría incurrido por supuestamente haber servido de mediador para enviar el dinero que se habría utilizado para financiar las fallidas incursiones ocurridas el 3 de mayo pasado.
“A través de las investigaciones de contrainteligencia efectuada por los funcionarios adscritos a la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), (se) dejaron constancia a través de acta de investigación penal de fecha 27-03-2020, que a los fines de llevar a cabo lo que él denominó ‘OPERACIÓN FUERZA Y LIBERTAD’, en lo atinente a la adquisición del armamento localizado en la República de Colombia y que el ciudadano Cliver Alcalá Cordones, indicó haber tenido participación activa en su obtención, las cuales iban a ser destinadas en pro de lograr a través de la fuerza el derrocamiento del Gobierno, así como el asesinato del primer mandatario representado por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, como jefe del Poder Ejecutivo Nacional, además de indicar que el ciudadano Iván Antonio Simonovis Aranguren, sirvió como uno de los testaferros de dicha operación”, se lee en el escrito entregado por los fiscales y que es citado en el dictamen.
Semanas antes de las incursiones, Alcalá Cordones afirmó que el comisario sabía que él estaba entrenando un “ejército” en Colombia para desalojar a Maduro del Palacio de Miraflores, algo que el ahora solicitado negó. Sin embargo, los comentarios que Simonovis emitió el mismo día que se conoció de lo ocurrido en Macuto y otras localidades costeras, donde fuerzas leales al gobierno chavista abatieron a unas ocho personas y detuvieron a varias docenas, alimentaron las sospechas del oficialismo.
A primera vista las posibilidades de que la solicitud prospere lucen lejanas, pese a las promesas del TSJ de que le garantizará sus derechos. ¿La razón? Simonovis se encuentra en situación de refugiado en Estados Unidos, adonde llegó en junio de 2019 tras escapar de su casa, donde cumplía la condena a 30 años impuesta en 2009 por los sucesos de 11 de abril de 2002.
Para ellos solo existe la venganza
El comisario Iván Simonovis no tardó en responder a esta nueva actuación del Ministerio Público. “El régimen aún respira por la herida en relación con mi fuga. Para ellos solo existen la venganza, la tortura, los muertos y los desaparecidos como bien quedó documentado en el informe de la ONU”, dijo a Crónica.Uno.
Advirtió: “Todas las víctimas y familias esperamos justicia, y tarde o temprano llegará”.
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