Empleados públicos se unen en protesta para rechazar homologación de tabuladores salariales

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Este miércoles, trabajadores de la Cantv, Corpoelec, el Metro de Caracas, del sector salud y del ramo petrolero se concentraron en la sede de la CTV, en Caracas, para exigir al Gobierno que cumpla las convenciones laborales y honre el pago de las cláusulas colectivas. Iván Freites, secretario general de la Federación de Trabajadores de Venezuela, planteó un acuerdo unitario nacional para vencer el totalitarismo con el que avanza el Ejecutivo.

Caracas. Con los anuncios económicos poco celebrados del lado de la clase obrera, el Gobierno parece tener más detractores que aliados. Al menos esa es la imagen que se vislumbra en el terreno sindical. Por primera vez en mucho tiempo, los gremios más significativos del país se unieron para exigir al unísono que se respeten las contrataciones colectivas, un reclamo que es la columna vertebral de una manifestación que ha cobrado cuerpo desde el anuncio de incremento salarial. Este miércoles empleados de las distintas empresas del Estado se concentraron en la CTV, en Caracas, para rechazar lo que algunos describen como un «tablazo» al presupuesto familiar: la introducción de un nuevo cono monetario que, en lugar de remediar la hiperinflación, desangra el poder adquisitivo de una clase que fue la más consentida por el chavismo.

Los primeros en llegar a la movilización fueron los pensionados con su inquebrantable clamor de pago en efectivo. Luego se sumaron los trabajadores del Metro de Caracas, de la Asamblea Nacional, de la Cantv y Corpoelec; también hubo una representación del gremio de educación, de la salud y del ramo petrolero. Fue una protesta de todos contra todo: contra la eliminación de los tabuladores salariales, el aumento indetenible de los precios, la miseria y la opacidad de un Estado que recurre a la devaluación para cubrir el gasto público.

Juan Ovalles, portavoz de los jubilados del Metro de Caracas, dijo que no se dejarán arrebatar su contratación colectiva. Quieren, como todos los demás gremios, que se reconozca el trabajo de quienes prestaron servicio a una compañía de la que solo queda la nostalgia de lo que fue. Hoy, afirmó Ovalles, 90 % de las escaleras mecánicas del subterráneo están inoperativas y la compañía ni siquiera está en capacidad de cobrar por su servicio.

Carmen Idrogo, vicepresidenta de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, señala que la compañía le toma el pulso al clima laboral del país. Indica que, solo en agosto, 17 operadores de Metrobús se marcharon de la estatal de trenes sin ni siquiera introducir la renuncia. La mayoría, dice Idrogo, se va del país para trabajar como operadores de trenes en Chile, Argentina y otras naciones del sur.

Lo que ocurre en el Metro es el mayor ejemplo de lo que acontece en el país, el Gobierno quiere dar la sensación de normalidad, cuando el Metro no está en capacidad de cobrar por el servicio. No hay suficiente tickets para los usuarios y 75 % del personal es contratado», dijo durante la manifestación.

Mientras los agremiados se incorporaban a la manifestación que duró varias horas, hubo quienes ironizaban en torno a la idea de querer el mercado de Diosdado Cabello. Lo hacían con pancartas en mano y mensajes que aludían a la opulencia en la que se regodea la dirigencia madurista: «Yo quiero el mercado de Diosdado», voceaban algunos, mientras batían las manos y alternaban la consiga con mensajes de reclamo. Iván Freites, secretario general de la Federación de Trabajadores de Venezuela y miembro del directorio de la Federación Petrolera, planteó un acuerdo unitario nacional para vencer el totalitarismo con el que avanza el Ejecutivo. “Con el socialismo del siglo XXI, el modelo económico que nos rige es el del bachaqueo y el desarrollo de mafias y pranatos».

El representante de los trabajadores de la industria petrolera recordó a Nicolás Maduro que la primera contratación colectiva de su ramo se firmó en 1948, una práctica que, a su juicio, el Gobierno pretende eliminar «de golpe y porrazo».

«Exigimos salarios dignos, que se respete la Constitución. Ya en 2003 nos eliminaron la meritocracia, las escuelas y el plan de viviendas, queremos que se respeten nuestros derechos», manifestó.

Los funcionarios de las empresas de servicios básicos también alzaron su voz en contra de la violaciones laborales. Juan Véliz, presidente del sindicato de la Cantv, aseguró que la empresa está paralizada. «Lo poco que estamos prestando de servicio va a dejar de funcionar», dijo. De acuerdo con cálculos del sindicato de la Cantv, 30 % de los trabajadores se han retirado de la empresa. La diáspora, dice Véliz, recrudeció en julio, cuando algos profesionales y técnico se marcharon del país. «Los 33 productos de la cesta básica regulados por el Gobierno sobrepasan el sueldo mínimo», advierte el sindicalista.

Los obreros de Corpoelec no se quedaron atrás en los reclamos. De los 5.135 bolívares soberanos que aspiran ganar, solo perciben 2.790, dijo Reinaldo Díaz, representante de los afectados. Su mortificación incluso va más allá de lo netamente salarial. De al menos 4000 megavatios que tendrían que producir las plantas generadoras de energía en Guaicaipuro, en Valles del Tuy; Yaboa, en Vargas; Elegua, en Guarenas, y Santa Rosa, en Chacao, solo se producen 1100 megavatios. Para quienes esperan se solventen los apagones en la región capital, el panorama se torna literalmente oscuro, especialmente en las ciudades satélites donde falla la luz con mayor frecuencia.

José Patines, sindicalista de la Cancillería, le exigió a Nicolás Maduro reunirse con todos los sindicatos del país. Mas de 4500 trabajadores del Ministerio de Exteriores están en una situación complicada por la violación de su convención colectiva. Patines precisa que por lo menos 300 funcionarios en misiones exteriores no cobran desde marzo. Frente al rezago de los pagos, dice que el Ejecutivo aduce problemas con la asignación de divisas. Y en muchos casos, la póliza internacional está por vencerse.

Según la Asamblea Nacional, por lo menos 345 convenciones colectivas han sido violadas por el decreto Decreto 3.601, publicado en la Gaceta Oficial 6.403, de fecha 31 de agosto. Se trata de un cuadro que refleja una economía en recesión y que arropa a obreros, técnicos y profesionales. Solo entre enero y agosto el crecimiento de los precios acumula un alza  de 34.680,7 %, asegura el Parlamento. Y la inflación anualizada, entre agosto de 2017 y 2018, se ubica en más de 200.000 %.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica familiar de agosto se ubicó en 20.817 bolívares soberanos, lo que se traduce en 2.081.712.965 bolívares fuertes. De julio a agosto, aumentó 9.244 bolívares soberanos (924.460.114 bolívares fuertes).

Un gremio que descuella en casi todas las aristas de la crisis es el sector salud, cuyos dirigentes expusieron un balance que enmudece a más de uno. De acuerdo con lo expuesto por Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, el éxodo de médico supera los 22.800 profesionales, una diáspora que se agrava conforme avanza la crisis de insumos en los hospitales.  A juzgar por la precariedad del sector, los casi 90 días de paro que suma el sector salud solo han servido para visibilizar un problema que algunos pacientes viven en carne propia: la escasez de insumos que alcanza 90 %, el déficit de personal clínico que ronda el 60 % y la falta de servicios en los hospitales. A todo ello, el Gobierno responde con una estrategia que pretende ocultar lo ineludible: la crisis humanitaria.

Ante ese panorama, dice León Natera, todas las especialidades han quedado huérfanas. Pero hay quienes resiente el abandono de los hospitales con mayor vehemencia y son quienes aguardan por un anestesiólogo para ser intervenido; las madres que demandan más pediatras y las mujeres embarazadas que requieren de neonatólogos para su alumbramiento.  El presidente de la Federación Médica advierte que 60 % de los facultativos que emigran tienen estudios de posgrado y especialidades.

A propósito de ello, la presidenta de la Federación del Colegios de Bioanalistas, Judith León, durante una manifestación en el Hospital Universitario de Caracas, dibujó con cifras los estragos de la diáspora y la falta de condiciones de trabajo. De 110 bioanalistas que había en el Clínico, solo quedan 60 para cubrir los tres turnos, según dijo. Y de los 40 que había en el turno de la mañana, apenas quedan 13. El drama es profuso y pone en cero el rendimiento de un hospital que solía procesar hasta 130.000 exámenes de química sanguínea por mes.

«No hay ningún hospital en Caracas ni en el país que pueda dar respuesta continua a los pacientes. Los familiares deben comprar los cilindros para extraer las muestras y procesarlas en laboratorios privados», añade.

Fotos: Sebastián García Inojosa


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