Una encuesta a 50 líderes empresariales y dirigentes gremiales, realizada por el economista Víctor Álvarez, encontró que 60 % de los consultados ha tenido dificultades para realizar transferencias internacionales a proveedores y clientes. 36 % dijo que a las compañías les han cerrado cuentas en la banca internacional.
Caracas. Las sanciones económicas a Venezuela por parte de Estados Unidos, como una política de máxima presión al considerar que el gobierno de Maduro no respeta los derechos civiles, provoca trabas a empresarios privados en sus relaciones comerciales con el exterior.
Las medidas aplicadas fundamentalmente a la industria petrolera han profundizado algunos problemas, no obstante, académicos sostienen que no son la raíz de la profunda crisis económica que registró la nación entre 2013 y 2020.
Una encuesta elaborada a 50 líderes empresariales y dirigentes gremiales entre enero y abril de este año, por el economista Víctor Álvarez, encontró que 60 % de los consultados ha tenido dificultades para realizar transferencias internacionales a proveedores y clientes, un 40 % respondió que no ha tenido inconvenientes.
En abril de este año un grupo de 15 intelectuales, entre economistas, periodistas y activistas, dirigieron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que exponían que las sanciones económicas y la política de máxima presión no habían logrado sus objetivos.
Los firmantes indicaron que si bien las sanciones no eran la raíz de la emergencia humanitaria estas exacerbaron “gravemente” las condiciones para el venezolano promedio. El grupo abogó por nuevas negociaciones entre ambos gobiernos y la oposición venezolana.
El debate de si aprueba o no eliminar las sanciones sigue siendo sensible en el país, pues algunos consideran que abogar por levantarlas significa apoyar al gobierno de Maduro y otros temen que la oposición pierda el poco respaldo que le queda de parte de Washington, donde activos como Citgo siguen controlados por la oposición.
Sin embargo, a pesar de la discusión, en marzo de este año Washington y Caracas retomaron relaciones diplomáticas y poco a poco hay un relajamiento de las sanciones.
Los gestos de que EE. UU. ha empezado a relajar las medidas se evidencian luego de que permitiera a las europeas ENI y Repsol exportar crudo venezolano como parte del cobro de la deuda que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mantiene con ambas compañías. Además, el 17 de junio el Departamento del Tesoro eliminó a Carlos Malpica Flores, un ex tesorero nacional y sobrino de la primera dama, de la lista de personas sancionadas.
El estudio de Álvarez llamado Efectos colaterales de las sanciones económicas en la empresa privada también revela que 68 % de los empresarios consultados indica que su empresa se ha visto afectada por la repercusión de las sanciones; 32 % dijo que no.
La mayoría indica que debido a esta situación las empresas enfrentan mayores exigencias para demostrar el origen de los fondos. Incluso 36 % asegura que a las compañías les han cerrado cuentas en la banca internacional, mientras que 64 % dice que no.
Las primeras sanciones financieras hacia Venezuela aparecieron en agosto de 2017. Antes de esa fecha, economistas como Manuel Sutherland consideraban que ya la economía estaba en una gravísima senda de destrucción acumulada. De 2013 a 2016 la economía había caído casi 25 % y por primera vez en su historia registraba una caída sostenida de 12 trimestres.
En noviembre de 2018 se aplicaron las primeras sanciones directamente económicas. Luego escalaron en enero de 2019 con las sanciones económicas a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Un informe de la ONG de derechos humanos Provea de mayo de 2019, elaborado por Sutherland, advertía que “las sanciones petroleras, sin duda las más fuertes y destructivas de todas”, tendrían efectos considerables, pero estaban lejos de ser la causa de la catastrófica crisis económica.
Algunos gremios en el país no han dicho abiertamente que se oponen a las sanciones, pero en periodos de crisis como la escasez de diésel se han mostrado abiertos a recibir licencias de parte de la OFAC o del gobierno venezolano para importarlo; sin embargo, en las distintas ocasiones el gobierno de Maduro no ha respondido.
32,7 % de los empresarios dice que se ha inhibido de plantear los daños colaterales que causan las sanciones económicas a su empresa por las repercusiones que puede tener, mientras que 67,3 % indica que no.
En los últimos años Maduro ha mostrado más pragmatismo en su política económica acercándose al sector privado, una de las medidas más notorias es la relajación de los controles de precios o las reuniones públicas con los privados. La relación se estrechó a partir de la contracción de los ingresos petroleros y el recrudecimiento de las sanciones.
De las empresas encuestadas por el economista Víctor Álvarez
42 % pertenece a servicios,
32 % comercio,
20 % industria y
6 % otros.
En la encuesta 62 % dijo que su empresa había perdido clientes y proveedores desde que comenzaron a aplicar las sanciones y un 38 % respondió que no.
Un 60 % señaló que perdió relaciones comerciales con Estados Unidos, 25,7 % con otros y 14,3 % con la Unión Europea. Ahora los proveedores sustitutos con los que se relaciona actualmente 50 % menciona que China y el otro 50 % con proveedores de Rusia, Turquía, Irán, otros.
Cronología de las primeras sanciones financieras y económicas a Venezuela:
- La primera sanción financiera al gobierno venezolano ocurre en agosto de 2017 emitida por el presidente de EE. UU., Donald Trump, bajo la resolución OE 13.808. El argumento se basó en “violaciones a los derechos humanos” contra la población. La medida impedía a Pdvsa o al gobierno venezolano: renegociar la deuda con tenedores de bonos estadounidenses, venderles bonos adicionales u obligaciones financieras de cualquier tipo.
- En marzo de 2018 se emite la O. E. 13827, en ella se prohíbe todo tipo de transacciones relacionadas con el uso de cualquier moneda digital o criptoactivo emitido por el gobierno venezolano. Ello prohíbe taxativamente la adquisición de la criptomoneda estatal petro, por parte de personas estadounidenses o de extranjeros que mantengan negocios con EE. UU.
- En mayo de 2018 se emite la O. E. 13835, en ella se prohíbe que estadounidenses, o personas dentro del territorio de EE. UU., puedan comprar o negociar cualquier deuda o colateral (prenda o garantía) cuya propiedad del gobierno venezolano o Pdvsa exceda el 50 %.
- En julio de 2018 se emite la “Licencia General número 5”, en ella el DT autoriza a los tenedores del bono de Pdvsa 2020 a ejecutar el colateral, es decir, la garantía constituida por las acciones de Citgo.
- En noviembre de 2018 se dan las primeras sanciones puramente económicas, donde se prohibía y bloqueaba cualquier tipo de operación relativa a transacciones de oro o cualquier activo (determinado por el Departamento del Tesoro que el gobierno de Maduro ejerza con empresas estadounidenses).
- El 28 de enero de 2019 se elevaron las amonestaciones al embargar activos de Pdvsa en Estados Unidos. La medida prohíbe exportar crudo desde Pdvsa a EE. UU., se prohíbe la exportación y reexportación de diluyentes de EE. UU. a Venezuela y por último se limita el trading de bonos de Pdvsa.
- El informe actualizado de Provea en 2020 sobre las sanciones económicas contra Venezuela: Consecuencias, crisis humanitaria, alternativas y acuerdo humanitario revela que las medidas estadounidenses han exacerbado la opacidad en las finanzas, la corrupción y el desvío de fondos en intermediarios y que además reducen sensiblemente el beneficio neto que recibe la nación lo que disminuye ostensiblemente la cantidad de renta disponible a distribuir entre los más urgidos.
“Es realmente asombroso que la imposición de sanciones que afectan frontalmente a una economía devastada en situación de extrema debilidad, no venga acompañada por una serie de macizos programas de ayuda humanitaria para los más vulnerables. Sin sanciones ya Venezuela necesitaba ayuda humanitaria urgente, con sanciones muchísimo más”, indica el informe.
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