En 2017 la Asamblea Nacional no legisló pero lideró la protesta contra el gobierno de Maduro

Solo sancionaron una ley este año pero en el ínterin, los diputados se pusieron al frente de la lucha de calle, dentro y fuera de Venezuela, para exigir la restitución de la Constitución. Tres diputados sufrieron persecución judicial, uno de ellos, el primer vicepresidente del Parlamento, está refugiado en una embajada.

Caracas. Turbulento. Así fue el año 2017 para la Asamblea Nacional (AN). Si bien durante el primer trimestre la directiva encabezada por Julio Borges (PJ-Miranda) anunció su intención de discutir 48 leyes a lo largo del año, el curso de los hechos llevó a los diputados de la oposición en otra dirección. Las dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a fines de marzo —que suprimieron la inmunidad parlamentaria y autorizaron al Ejecutivo a firmar contratos sin aprobación del Poder Legislativo— fueron el detonante de los acontecimientos.

Los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dejaron las curules para ocupar la primera línea de las manifestaciones que permitieron a la comunidad internacional no solo conocer la magnitud de la crisis social, económica e institucional del país sino ver en vivo y directo al Estado venezolano violar derechos humanos de manifestantes desarmados a lo largo y ancho del país.

Así, 66 de los 109 representantes de la oposición —los tres de Amazonas se mantuvieron desincorporados todo el año— fueron blanco de 96 agresiones de distinta naturaleza en las protestas y fuera de ellas. Los ataques fueron perpetrados por agentes de seguridad del Estado, instituciones y poderes públicos, y civiles armados afectos al Gobierno. El tipo de agresiones fueron desde las administrativas (anulación de los pasaportes), hasta las físicas (golpes, lesiones y heridas). El Palacio Federal fue asaltado de forma violenta por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el 5 de julio y asediado en al menos otras dos ocasiones, impidiendo la entrada y salida del personal, la prensa y los parlamentarios.

Producto de haber liderado las convocatorias y protestas en la región capital, el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara (VP-Miranda) fue objeto de persecución por parte de la Constituyente y el TSJ que lo acusaron de cometer delitos previstos en el Código Penal. Frente a su inminente captura, Guevara optó por hospedarse en la embajada de Chile. Un caso similar se abrió desde la Fiscalía dirigida por Tarek William Saab, contra el diputado disidente del PSUV y esposo de la fiscal general Luisa Ortega, Germán Ferrer; este optó por el exilio. El otro diputado perseguido por el Gobierno es el suplente de VP, Gilber Caro, apresado el 11 de enero en Carabobo, procesado por un tribunal militar, aislado y maltratado según denuncia de sus abogados. Su caso no muestra avances desde julio.

Solo una ley

Hasta la fecha de publicación de esta nota —y contrariando lo establecido en el artículo 27 numeral 17 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional— el presidente de la AN, Julio Borges, no ha rendido cuenta anual de su gestión. No obstante, el monitoreo del trabajo parlamentario hecho desde la prensa por Crónica.Uno revela los siguientes datos:

• 7 sesiones ordinarias fueron suspendidas: 2 por falta de quorum, 2 por agresiones contra los diputados de la oposición dentro o fuera del Palacio Federal, y el resto por razones de agenda política de la bancada de la oposición.
• En total se realizaron 56 sesiones (48 ordinarias, 5 especiales, una solemne, 3 extraordinarias y la sesión de instalación). La Comisión Delegada se reunió cuatro veces en el año, mientras la Comisión Consultiva fue convocada en una ocasión.

En estas sesiones los diputados solo discutieron 5 leyes. La Ley Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales fue la única sancionada este año, pero fue declarada nula por el TSJ. La reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público fue discutida en su totalidad y aprobada en segunda discusión, mas no fue sancionada. Otras dos leyes solo alcanzaron la primera discusión: el proyecto de ley para la de regularización de la propiedad de la tierra urbana y el proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Y el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública apenas inició la segunda discusión y luego fue engavetada.

Por otro lado, dos propuestas de ley de iniciativa ciudadana recibidas en el primer período ordinario y que conforme a la Constitución debieron ser discutidas en el segundo período, fueron engavetadas. Estas son: el proyecto de ley de garantías constitucionales para el cambio político, presentado por profesores de la UCAB el 22 de junio. Y el proyecto de ley de garantías a la protesta sindical y empresarial que el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara (MUD-Miranda) dijo haber recibido el 21 de julio.

Quorum y fracciones

Respecto al quorum, cabe destacar que la bancada del oficialismo —conformada inicialmente por 54 diputados— abandonó sus funciones parlamentarias en el mes de abril y desde entonces no acudieron a ninguna otra plenaria.

La conformación del quorum quedó exclusivamente en manos de la oposición. Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, fuentes de los equipos técnicos de la AN admitieron que no siempre se alcanzó el mínimo de 83 diputados para instalar las plenarias, sin embargo, la Secretaría lo desmintió y el reporte de asistencias disponible en la web de Parlamento indica presencia de al menos 83 diputados en las sesiones de ese período.

No obstante, luego de la suspensión de una segunda sesión por falta de quorum en el mes de octubre, el primer vicepresidente Freddy Guevara solicitó un informe pormenorizado de las razones por las cuales el bloque opositor, contando con 109 diputados y sus suplentes, no era capaz de reunir el quorum requerido. Este informe nunca fue presentado a la opinión pública.

En junio, tres diputados oficialistas (Eustoquio Contreras, German Ferrer e Ivone Tellez) conformaron una nueva fracción, pero solo acudieron a dos sesiones. En noviembre, dos diputados de la Unidad (José Aparicio y el desincorporado Romel Guzamana) anunciaron que se separaban de la MUD y creaban una fracción denominada Prociudadanos. Una semana después, 3 diputados principales de la MUD encabezados por Richard Blanco, junto con 7 suplentes, conformaron una fracción denominada 16 de Julio.

Mucho ruido, poco efecto

A lo largo del año, la plenaria y la comisión Delegada aprobaron 70 acuerdos a través de los cuales los diputados de la oposición denunciaron y se opusieron reiteradamente a lo que consideraron violaciones de la Constitución por parte del gobierno de Nicolás Maduro y de los demás poderes públicos.

Los temas más recurrentes de los acuerdos fueron en defensa de la inmunidad parlamentaria; para denunciar la crisis humanitaria (alimentos y medicinas); para exigir cese a la violación de los Derechos Humanos; para exponer las irregulares actuaciones financieras del Estado; para exhortar a los Poderes Públicos a actuar con autonomía del Ejecutivo y respetar la Constitución; en apoyo a las negociaciones entre el Gobierno y la oposición; y para desconocer decisiones del TSJ y la constituyente presidencial, entre otros.

No obstante, ninguno de los exhortos de la AN tuvo eco en los demás poderes e instituciones del Estado. Al contrario, el TSJ continuó dictando fallos para despojar de competencias a la Asamblea Nacional hasta que se instaló la Constituyente, organismo que no solo ocupó los espacios físicos del Parlamento sino que terminó de despojarlo de atribuciones.

Uno de ellos, el más polémico en su momento, fue el acuerdo que declaró el abandono del cargo del presidente de la República por parte de Maduro, acto que según la Constitución debió generar la inmediata convocatoria a nuevas elecciones presidenciales, pero no fue así.

Diplomacia parlamentaria

De acuerdo a datos publicados por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) en sus Informes Parlamentarios Trimestrales de este año, la activación de la diplomacia parlamentaria fue uno de los signos de este año 2017.

El primer campanazo internacional del año lo dio el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que en marzo, al presentar su segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, pidió la activación de la Carta Democrática de la OEA. “La publicación de ese documento estuvo precedida de varias reuniones de Almagro con diputados de la oposición, con familiares de los presos políticos y víctimas de la represión. El 21 de marzo la plenaria aprobó un acuerdo en respaldo a la activación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, reporta Cedice en su informe correspondiente al primer trimestre.

En el segundo trimestre, “la actividad de los diputados de la oposición en la escena internacional fue intensa, en búsqueda de respaldo a sus exigencias ante el gobierno de Nicolás Maduro para restituir el orden constitucional, convocar unas elecciones transparentes, liberar a los presos políticos, respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y abrir un canal humanitario que aliviara las penurias de la población. La agenda rindió frutos y produjo el pronunciamiento de decenas de países, organismos e instituciones internacionales pidiendo el cese de la represión primero y luego la suspensión de la Constituyente”, indica Cedice. En este lapso se creó el Grupo de Lima, en respuesta a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en el seno de la OEA sobre el accionar respecto a Venezuela. Este grupo, integrado por 12 países, ha encabezado junto con los diputados de la oposición y a la directiva de la AN las gestiones internacionales a lo largo del año para buscar una solución a la crisis.

En el tercer trimestre, luego del cese de la protesta de calle como consecuencia de la feroz represión del Gobierno, la gestión internacional de la oposición se reforzó. “En respuesta, 19 países de la OEA, los 4 países fundadores del Mercosur, las delegaciones del Parlasur, el Parlamento Europeo y la Unión Interparlamentaria, entre otros, alzaron su voz en respaldo a la Asamblea Nacional democráticamente electa en diciembre de 2015 y anunciaron su desconocimiento a las autoridades y decisiones de la ANC. Adicionalmente, la denuncia sostenida y sustentada de los diputados ante organismos regionales y mundiales de DDHH como la Comisión Interamericana de DDHH y el Consejo de DDHH de la ONU, hicieron que ambos organismos condenaran la violencia estatal, los asesinatos de manifestantes, las torturas y persecución de disidentes durante las protestas registradas entre abril y los primeros días de agosto”, indica el informe de Cedice.

El último trimestre del año la diplomacia parlamentaria conllevó a la instalación de una mesa de negociación entre el Gobierno y la oposición con presencia de 6 países garantes y República Dominicana como anfitrión. Para algunos, la instancia es insuficiente; para otros, contraria al objetivo de lograr un cambio de gobierno. Hasta ahora se han realizado 3 reuniones sin lograr acuerdos y están previstos dos nuevos encuentros el 11 y 12 de enero. En cualquier caso, el activismo de la AN en defensa de los derechos humanos le valió el reconocimiento del Parlamento Europeo a través del Premio Sajarov. Asimismo, la Unión Interparlamentaria designó a Delsa Solórzano (MUD-Miranda) como vicepresidenta de la comisión de Derechos Humanos de ese importante organismo.

Ministros censurados

Los diputados recibieron en plenaria la presentación de 13 informes parciales o finales en plenaria: caso Odebrecht; comisión agroalimentaria; caso Gilber Caro; Arco Minero; Comisión Preliminar para la designación de nuevos magistrados del TSJ; Comité de Postulaciones Judiciales; colapso del Lago de Valencia; irregularidades en las elecciones del 15 de octubre; crisis universitaria; situación del transporte público; el de la Comisión Consultiva sobre las Negociaciones; sobre la escasez de efectivo; y el informe de la comisión para el estudio de la crisis eléctrica.

Como parte de las recomendaciones de algunos de esos informes, los ministros Luis Motta, de energía eléctrica, y Néstor Reverol, del Interior y Justicia, fueron citados ante el pleno para para responder sobre la crisis eléctrica y la violación de derechos humanos durante la represión de las protestas, respectivamente. Ninguno asistió y la plenaria aprobó el voto de censura y pidió la remoción de ambos.

Además se aprobó una moción que declaró la omisión del ex Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, frente a las faltas graves cometidas por los magistrados del TSJ que propiciaron lo que los diputados denominaron un “golpe de Estado institucional”.

Voces diversas

A lo largo de 2017, la junta directiva concedió derechos de palabra en plenaria a 43 ciudadanos quienes se expresaron sobre diversos asuntos de interés nacional. Defensores de derechos humanos, médicos venezolanos, representantes de sectores sociales (comunidad judía, deportistas, académicos, estudiantes, transportistas, etc.), docentes, actores, habitantes de sectores afectados por fallas de servicios públicos, familiares de personas asesinadas durante las protestas y víctimas de la represión y alcaldes de la oposición hablaron desde el podio de oradores de la Asamblea Nacional.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz también ejerció este año un derecho de palabra ante el pleno en el mes de junio para solicitar la autorización de la designación del vicefiscal general, conforme lo manda la Ley Orgánica del Ministerio Público. La comparecencia de Ortega acrecentó la persecución del gobierno de Maduro en su contra, hasta terminar en su írrita destitución por parte de la ANC.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también ejerció un derecho de palabra en la plenaria de la AN, vía streaming, el 9 de mayo, para expresar su compromiso con la lucha de Venezuela para recuperar la democracia.

Fotos: Cortesía y Crónica.Uno