En Anzoátegui personas con discapacidad trabajan para hacer más amigables las ciudades

discapacidad

Quienes padecen alguna discapacidad deben afrontar barreras para su movilidad en las calles de Anzoátegui. Desde hace cinco años un colectivo de ciudadanos lucha para hacer más visibles sus condiciones y unificar los criterios acerca de la situación que atraviesan en la entidad.

Barcelona. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 15 % de la población venezolana (4.500.000 personas) está diagnosticada con alguna discapacidad. Y aunque determinar con exactitud cómo están diseminados por el territorio nacional es difícil, en la zona norte de Anzoátegui es fácil apreciar un buen número de personas con discapacidad que transitan por las calles.

Con la finalidad de impulsar la implementación de ordenanzas que hagan más amigables para su convivencia los 21 municipios de la entidad, el Movimiento Unido Socialista de Personas con Discapacidad busca, desde hace cinco años, el reconocimiento de sus derechos y trata de unificar los criterios de lucha de las diferentes ramas en que se dividen.

Jorge Solórzano es líder del movimiento en el estado y asegura que, si bien están enfocados en una idea política, en la organización lo menos que importa es la corriente ideológica de sus agremiados: “Es un planteamiento que nace porque sabemos que nuestra lucha nunca ha sido fácil”.

El 5 de enero de 2007 se promulgó la reforma de la Ley para Personas con Discapacidad y, más allá de que se hayan llevado a la práctica algunos aspectos del texto legal, Solórzano considera que el movimiento involucionó porque, a su juicio, se pensó que “una vez entrada en vigencia la ley, todo les iba a llegar a sus manos caído del cielo”.

Admitimos que nos descuidamos y creíamos que ya todos nuestros problemas estaban resueltos con la entrada en vigencia de la ley. No nos comportamos como debimos y cada quien actuaba por su lado. Por ejemplo, las personas con problemas auditivos luchaban por sus derechos de manera individual. Eso no nos permitió evolucionar en el tiempo y nos cayó esta crisis, lamenta.

Y ese es precisamente uno de los aspectos por los cuales Solórzano afirma que el movimiento tomó un reimpulso para hacer más visible y unificar los criterios de lucha sobre la situación que atraviesan las personas con discapacidad en la entidad.

Lee también
Hoteles de Anzoátegui recurren a los descuentos para paliar la baja de estadías en Carnaval
Escasez de ayuda técnica

A la par de afrontar los problemas habituales de la crisis que sufre Venezuela, estas personas tienen que lidiar con el hecho de que en el país son pocas las empresas fabricantes de las ayudas técnicas (sillas de ruedas, muletas, prótesis, etc.), y eso complica aún más sus condiciones de vida.

Solórzano se considera prácticamente un espejo de la crisis. En la actualidad anda en una silla de ruedas como consecuencia de una fractura de fémur. Para levantarse de la silla requiere corregir un tornillo desviado, y la nueva pieza tiene un costo que supera los 2.500 dólares, dinero que no posee.

“Yo tenía una prótesis, pero debido a esta condición tuve que volver a la silla de ruedas. Si me pasa a mí, que tengo una vocería en este movimiento, qué queda para los demás. La situación de las personas con discapacidad es precaria, tenemos que depender de las ayudas gubernamentales para poder tener movilidad. La gran mayoría no tiene cómo costear unas muletas o una silla de ruedas”, advierte.

El dirigente sostiene que si bien el gobierno, a través de diversos organismos, ha creado movimientos para la protección de personas con discapacidad, el alcance y la distribución de las ayudas que otorgan no es el esperado.

Por ejemplo, yo soy de un poblado llamado San Ana que está cerca de Anaco, y pese a todas las solicitudes que hemos hecho, los organismos envían más ayudas técnicas (sillas, muletas, andaderas) a Anaco que a Santa Ana, y siempre un sector de la población queda desasistido. No sabemos qué criterios aplican para esta distribución, pero esa es la realidad, afirma.

Ciudades nada amigables

De los 21 municipios que integran la geografía anzoatiguense, apenas dos tienen ordenanzas que procuran la protección de personas con discapacidad. Es paradójico que las alcaldías que han aprobado estos instrumentos son las de menos densidad poblacional del estado: Santa Ana y Carvajal, situadas en las zonas centro y oeste.

Lee también
Cazadores ponen en riesgo a los guácharos que habitan en las cuevas de Guanta

Solórzano asegura que las ordenanzas para la defensa de las personas con discapacidad están fuera de circulación, algo que califica de incongruente, pues por el estado han pasado “gobiernos revolucionarios y no se han dado a la tarea de actualizar o aprobar esas normas”.

“En la actualidad estamos sentando las bases del movimiento en Anzoátegui para que en los 21 municipios se impulsen estas ordenanzas. Hace tres años se hizo una propuesta de ordenanza para los 21 municipios, pero quedó allí. En Santa Ana y Carvajal logramos el pasaje preferencial para las personas con discapacidad motora y visual. Además, enviamos misivas a los bancos de la zona para que se les dé prioridad a estas personas, pero aún falta mucho por hacer”, expresa.

Aceras con desniveles considerables, poca señalización, funcionarios policiales que no están formados para tratar con personas con discapacidad, un transporte público colapsado, entre otras dificultades, hacen que la movilidad de estas personas sea complicada.

Dificultades para el transporte

El equipo de Crónica.Uno fue testigo de cómo el caos urbano afecta de manera directa especialmente a personas que se movilizan en sillas de ruedas.

Una de las premisas con las que se instauró el Sistema de Bus de Tránsito Rápido o BTR en la zona norte de Anzoátegui era brindarle un servicio de calidad al pasajero, en especial a personas con discapacidad. De hecho, los buses articulados tienen sitios especiales para el traslado de este tipo de pasajeros, pero en Anzoátegui esa premisa no se cumple.

Durante el recorrido que efectuó el equipo de Crónica.Uno, se apreció cómo en las paradas de Puente Monagas, Polideportivo y Tierra Adentro personas en sillas de ruedas no pudieron embarcarse en la unidad debido a la gran cantidad de gente que esperaba el transporte. Así incumplen una de las principales premisas de fundación de la empresa.

Lee también
Trabajadores de la salud en Anzoátegui exigen cese de acoso laboral y pago de beneficios atrasados

Varios pasajeros consultados responsabilizaron tanto a los choferes de las unidades como a quienes regentan los buses de la empresa estatal. Indicaron que por la falta de orientación el sistema padece el mismo caos del transporte público convencional.

“Si ellos que saben que este tipo de autobuses es para transportar a esas personas lo menos que hacen es respetar la norma, qué puedes pedir. La gente ve más bien a esas personas como un estorbo que como parte de la sociedad”, manifiesta el pasajero Rafael Simoza.

Consultado sobre este punto, Solórzano afirma que la promulgación de los instrumentos legales más que coaccionar lo que busca es crear conciencia de que ellos existen y forman parte de la urbe.

“El espacio físico de nuestra ciudad tiene muchas barreras. Con el movimiento logramos una adecuación en la infraestructura del bulevar, pero eso quedó allí y se convirtió en obra muerta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, generar y actualizar las ordenanzas municipales. Hay una propuesta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) que nos permite llevar a cabo todas esas adecuaciones de las ciudades para hacerlas más amigables”, dice.

Solórzano advierte que, pese a la existencia de leyes, aún falta mucho para lograr una inclusión verdadera de las personas con discapacidad en la sociedad venezolana. Es optimista acerca del logro de este objetivo con la fundación y actividades del movimiento. El vacío que hubo desde la promulgación de la ley en 2007 hasta la fecha les dejó un gran aprendizaje, asegura.


Participa en la conversación