Familiares de los detenidos en la PNB de Boleíta contaron a Crónica.Uno que no han recibido instrucciones para las visitas, ante la pandemia del COVID-19 y los dos casos confirmados en Venezuela. El hacinamiento y las escasas medidas de higiene propician el contagio de enfermedades en estos centros.
Caracas. Una preocupación más se sumó a los familiares de los detenidos en calabozos, ya no solo tienen que lidiar con las enfermedades infectocontagiosas que se contraen dentro. Este viernes 13 de marzo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez confirmó dos casos de coronavirus en el estado Miranda.
Las condiciones de los centros de detención preventiva no son las más higiénicas ni las más adecuadas para la prevención del COVID-19 y los parientes tampoco han recibido, hasta el momento, medidas de prevención. En la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, la cola de familiares era extensa y ninguno tenía mascarillas, tampoco antibacteriales o agua y jabón para lavarse las manos. Solo un grupo de mujeres llegó con la protección, porque acompañaban a una señora de 89 años que iba a visitar a su nieto, detenido desde hace 15 días.
En este centro de detención preventiva los presos hacen sus necesidades en bolsas y botellas plásticas. Posteriormente, las recogen y las llevan a un área que denominaron “la peste”.
Es uno de los centros más hacinados del Área Metropolitana de Caracas, hay una población de 1000 personas y su capacidad es para 300, según la ONG Una Ventana a la Libertad.
Tampoco tienen agua potable ni agua para bañarse. A diario los familiares les deben llevar estos insumos y los presos utilizan esos mismos envases para recoger sus necesidades, es decir, prácticamente todos los días deben conseguir mínimo dos potes para llevarles.
“Todos los días tenemos que cargar con agua. A veces llenamos aquí en una construcción y le damos una colaboración a los obreros. Esa agua se la dejamos para que se bañen. Ellos no tienen baños, todo lo tienen que hacer ahí mismo, eso es feísimo”, contó una mujer —pidió anonimato por temor a venganzas— que hacía la cola con el resto de parientes, para entrar a la visita de este viernes 13 de marzo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia por el COVID-19, el pasado 11 de marzo, una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. El brote estalló en Wuhan, China, en diciembre de 2019.
Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Según la OMS, algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Aproximadamente, 80 % se recupera y una de cada seis personas desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.
Una Ventana a la Libertad exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario la creación de planes para evitar que el COVID-19 llegue a las cárceles y centros de detención preventiva, “donde el hacinamiento es grave”.
Al finalizar 2019 había 19.091 personas detenidas en estos centros, diseñados para albergar detenidos por un lapso de 48 o 72 horas, pero su capacidad era para 6448. Esta investigación se realizó en 238 calabozos en 15 estados del país.
El gobierno de Nicolás Maduro admitió que había hacinamiento en estos centros, cuando en octubre de 2019 pusieron en marcha el plan de descongestión con la participación del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; el fiscal Tarek William Saab y miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Entre octubre y el 20 de febrero de 2020 trasladaron a 140 detenidos a cárceles y a 10 adolescentes a entidades de protección, según Saab. Solo 400 recibieron medicamentos.
Tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas
La mañana del viernes 13 de marzo, mientras Crónica.Uno recogía testimonios en la PNB de Boleíta, trasladaron a cinco detenidos a un centro asistencial, uno de ellos estaba a punto de perder el conocimiento. Los familiares murmuraban: “Es que aquí hay mucha tuberculosis”.
Una Ventana a la Libertad reportó 46 fallecidos por enfermedades en 2019 y 224 contagiados con tuberculosis sin recibir atención médica. En Lara registraron ocho muertes por esta enfermedad únicamente en cárceles.
“Adentro hay de todo, esos muchachos se enferman a cada rato y uno les trae lo que puede. Al mío yo le he traído malojillo, ahorita tiene unas manchas blancas en la cara y hoy le traje amoxicilina”, dijo una mujer de 60 años, quien desde hace 45 días tiene detenido a su hijo, de 32 años.
Los familiares contaron a Crónica.Uno que deben pagar para que los policías les permitan llevar algún medicamento para los detenidos. Hace aproximadamente 15 días hicieron una jornada de salud, pero no incluyeron a toda la población.
Son sitios altamente contaminados y hay un problema de hacinamiento que es terrible. Las enfermedades infectocontagiosas son cotidianas, no tienen espacio para dormir”, explicó Magally Huggins, coordinadora de investigación de la ONG.
Huggins explicó que los detenidos están desnutridos, tienen problemas respiratorios y son uno de los puntos más frágiles. “Hasta ahora los calabozos no pueden ser de alto riesgo pero sí de alta probabilidad, por ello hay que informar muy bien a los familiares para que tomen las medidas de prevención cuando vayan a visitarlos”.
Madres, esposas y otros parientes llevan a diario la comida para los presos. Deben cancelar 20.000 bolívares para hacer la cola “de los pobres”, como ellas mismas la llamaron. Pero si cancelan 50.000 tienen el privilegio de hacer la cola VPI y entrar con los primeros.
“Nosotras traemos lo que podemos porque la situación está difícil. A veces le traigo toda la semana granos y tajadas, pero prefiero eso a pensar que se va a dormir con el estómago vacío. Hoy le traje un pan de queso porque una nieta que está en Chile me depositó y se lo pude comprar”, contó un familiar que esperaba su turno para la visita.
Otras de las enfermedades más comunes asociadas al hacinamiento son la escabiosis, piojos y parásitos.
Hasta el cierre de esta nota ninguna autoridad del gobierno de Maduro anunció algún plan preventivo en los calabozos y cárceles. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró que eran de uso obligatorio las mascarillas para abordar el transporte público y que quedaban suspendidas las clases a partir del lunes 16 de marzo. También se suspendieron las concentraciones masivas, conciertos y actividades culturales.
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