En enero se registraron más de 10 denuncias de invasiones en Caracas

Invasión Hotel Simon El Panteon Fotografia: Luis Morillo 040618

Carlos Julio Rojas asegura que la Alcaldía de Libertador ha respaldado a los grupos de choque, mejor conocidos como colectivos, dándoles la autorización de invadir, y en muchos casos, declarar la utilidad pública de los edificios sin pagarles a los dueños.

Caracas. La ola de invasiones durante el transcurso de la pandemia en el país ha sido significativa. Los ataques a la propiedad privada tienen a los vecinos y dueños de negocios del municipio Libertador en alerta. En lo que va de este 2021 han ocurrido más de 10 denuncias de invasiones y las tomas ilegales que se han impedido se deben solo a la unión dentro de las comunidades.

En un informe presentado por Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, revelaron que durante el año 2020 fueron invadidas 53 edificaciones en el municipio Libertador y 40 de ellas fueron durante los primeros meses de cuarentena radical decretada a causa de la COVID-19. Solo en un mes de 2021, han contabilizado más de 10 invasiones e intentos de toma ilegal de inmuebles.

Un ejemplo de esta cifra ocurrió en el edificio Junín, en la avenida Lecuna de San Agustín, donde los vecinos impidieron que unos sujetos, que decían tener el permiso de los dueños para “cuidar el apartamento”, se quedaran viviendo en ese inmueble de forma ilegal.

La familia Cáceres, dueños del apartamento y que ya no viven en el país, publicaron un video en el que explican que los invasores eran amigos de la familia y les pidieron en 2019 pasar la Navidad en este inmueble. No vieron problema en aceptar porque los conocían desde hace años y eran de confianza. Sin embargo, les dijeron que tenían que devolver las llaves el 31 de diciembre.

Pasaron los días y no devolvieron las llaves e, incluso, fueron alargando su estadía con la excusa de que estaban buscando otro lugar para irse. Con el paso de los meses, supieron que metieron a vivir en el apartamento a un niño y una persona mayor. Igualmente, dejaron de contestar las llamadas.

El pasado 28 enero, una de las hermanas de la familia Cáceres que vive en el país aprovechó que no estaba el hombre al que le prestaron el apartamento para cambiar las cerraduras. Pero, a las horas, el hombre llevó a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para que abrieran la puerta. Los vecinos organizados lograron frenar esto y consiguieron que se retiraran del lugar.

Robinson Cáceres expresó a Crónica.Uno que tienen miedo de qué podrá pasar en los siguientes días y resaltó que ese inmueble lo compró su padre con mucho esfuerzo. A pesar de que ya no están en el país, ese apartamento les pertenece e instó al Estado a hacer que se respete el derecho a la propiedad privada.

En paralelo, los vecinos del edificio Baralt, en San Bernardino, denunciaron que el 30 de enero en la mañana un grupo de sujetos entraron al conjunto residencial hasta llegar a uno de los pisos sin haber forzado ninguna puerta. Los propietarios están asustados porque suponen que no ingresaron para cometer un robo, sino para verificar el estatus de ocupación de los apartamentos.

Además este año, con esta nueva oleada de invasiones, el 56 % de los inmuebles tomados ilegalmente son comercios e industrias, aprovechando que se encontraban cerrados a causa de la pandemia. Para nosotros la propiedad privada es un derecho humano”, resaltó Rojas.

Buscan responsables
Carlos Julio Rojas denunció que la Alcaldía de Libertador, encabezada por Érika Farías, “ha respaldado a los grupos de choque, conocidos como colectivos, dándoles la autorización de invadir y, en muchos casos, declarar la utilidad pública de los edificios sin pagarles nada a los dueños”.

En este sentido, Rojas citó casos como el del edificio Padrón, en la parroquia San Pedro, en donde invasores que decían ser del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tomaron a la fuerza el inmueble. Luego, la síndico procuradora municipal, Cristina Fazzini, “le dijo a los propietarios que debían salir de las instalaciones en 30 días”.

Otro caso similar ocurrió en la Mansión Forever, de El Recreo, donde las comunas ingresaron a la fuerza argumentando que la iban a usar como centro de atención del COVID-19.

Rojas aseguró que diputados a la Asamblea Nacional electa del pasado 6 de diciembre también lideran invasiones en Caracas. “Por ejemplo, vemos al ilegítimo parlamentario del norte de Caracas, Rigel Sergent, derribando la puerta de un apartamento para invadirlo en el edificio Cori de la parroquia San José, todo bajo la mirada cómplice de la Guardia Nacional”, resaltó. 

Propietarios claman justicia

El viernes 29 de enero, un grupo de líderes vecinales, agrupados en el Frente en Defensa del Norte de Caracas, y propietarios víctimas de invasiones se acercaron hasta la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas para exigirle a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que se pronuncie en rechazo a la violación de la propiedad privada en el país por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En una carta citaron los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que respaldan su solicitud, así como de la Constitución venezolana y el Código Civil:

  • Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en particular lo dispuesto en su artículo 17.
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de San José) (1969), en particular lo dispuesto en su artículo 21.
  • Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en particular lo dispuesto en su artículo 115.
  • Código Civil de Venezuela (1982), en particular lo dispuesto en su artículo 545.

Además, pidieron que estos hechos sean incluidos dentro del informe sobre la situación de los DD. HH. en el país. Carlos Julio Rojas comentó que recibieron una respuesta del PNUD y tienen previsto que los propietarios se reúnan con los representantes de la organización durante los próximos días.

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