Las alertas por discursos estigmatizantes crecieron casi 1000 %, las agresiones y ataques aumentaron 473 %, las restricciones de Internet 376 %, detenciones arbitrarias 225 %, acceso a la información 213 %, y el marco jurídico contrario a los estándares 116 % en comparación con 2018, registra el documento.
Caracas. El informe “Sombra 2019” de Voces del Sur –proyecto dirigido por 10 organizaciones que defienden la libertad de prensa en América Latina– indica que el abuso sistemático del poder del Estado, agresiones violentas, ataques y amenazas, desinformación, falta de transparencia y censura, convirtió este período en el “peor año” para el registro del periodismo venezolano.
Se contabilizaron un total de 642 alertas, lo cual representa un incremento de 228 % en relación con el año anterior. Este aumento ocurrió en el contexto de conflictos sociales continuos y constantes en medio de una crisis política y económica, considerada como la más profunda y compleja del hemisferio.
Indicadores, a excepción de asesinatos, reflejan cifras elevadas en 2019, específicamente en el nivel de violencia directa contra el periodismo independiente en el país.
El año pasado se registraron 236 agresiones y ataques a la prensa, 124 restricciones en Internet, 119 casos de falta de acceso a la información, 70 casos de uso abusivo del poder estatal, 39 detenciones arbitrarias, 31 discursos estigmatizantes, 10 procedimientos judiciales contra medios de comunicación y periodistas, 8 marcos jurídicos contrarios a estándares, 3 desapariciones forzosas y 2 secuestros.
De acuerdo con el informe Sombra, las alertas por discursos estigmatizantes crecieron casi 1000 %, las agresiones y ataques aumentaron 473 %, las restricciones de Internet 376 %, detenciones arbitrarias 225 %, acceso a la información 213 %, y el marco jurídico contrario a los estándares 116 % en comparación con el año 2018.
“Estas dramáticas cifras hablan de una profunda crisis en el país. El Estado ha demostrado repetidamente su desinterés por respetar, proteger o por lo menos promover la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información. Es evidente el decidido esfuerzo por silenciar a la prensa e intimidar periodistas. Las tendencias identificadas en este año y el anterior indican que la situación empeorará en el futuro”, advierte el comunicado.
Censura y más censura
En 2019, 69 % del total de las alertas, indican que el Estado venezolano es el principal violador de derechos. Casi la mitad de ellas reflejaron la participación directa de la policía o el Ejército; mientras que la otra mitad fueron ejecutadas por otras instituciones públicas. 25 % se atribuyen directamente a dos instituciones específicas: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la compañía de telecomunicaciones Cantv, ambas empresas estatales.
La regulación de contenidos en radio y televisión se notó preocupante. Asciende más rápido que los sueldos, lo cual vulnera derechos como la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información. Se tumbó la transmisión de seis canales extranjeros de televisión, incluyendo CNN y BBC, nueve radios locales y programas, y nueve estaciones nacionales de TV.
En el informe también se registró que la censura oficial se suma a los 35 medios de comunicación que dejaron de circular en 2018. Además de la regulación de contenido, la censura con frecuencia se lleva a cabo a través de violencia. Del total de 235 agresiones y ataques reportados, el Estado fue identificado como vulnerador de derechos en 50 % de los casos.
En el caso de las detenciones arbitrarias, la mayoría de los casos ocurrieron durante las protestas sociales y políticas en las que los periodistas fueron atacados por las fuerzas estatales. Algunas de estas manifestaciones fueron espontáneas y organizadas por ciudadanos para demandar necesidades básicas como comida, medicinas y falta de servicios públicos como agua y electricidad.
La detención arbitraria de periodistas y manifestantes se caracterizó por la participación directa de la policía, militares y servicios de inteligencia en coordinación con las milicias civiles. También hubo abusos físicos y verbales y confiscación de equipos y recursos periodísticos.
Finalmente, algunas de las recomendaciones para los Estados es establecer un enfoque holístico sobre la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, y la creación de instituciones alternativas que contribuyan con la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información.
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