En la AN y con informe de “daños a la República” el chavismo pide una vez más cárcel para Guaidó

José Brito | Guaidó

La Comisión Especial creada para investigar presuntos delitos del interinato en contra de la República presentó un informe en el que acusaron a 442 personas ligadas a la Asamblea Nacional del período 2016-2020. Una vez más esto sirvió al chavismo para hacer llamados a “acabar con la impunidad” con respecto a Juan Guaidó; sin embargo, todo apunta a que este sigue libre por la propia inacción del gobierno de Maduro.

Caracas. La Comisión Especial creada por la Asamblea Nacional (AN) en 2021 para “investigar el daño patrimonial y los crímenes contra la República cometidos por los diputados del período 2016-2020” presentó un informe final en el que se acusa al interinato, que encabeza Juan Guaidó, de generar daños a la nación por más de 194.000 millones de dólares. Este informe sirvió una vez más para que el chavismo lanzara desde el Parlamento un llamado para encarcelar al dirigente opositor.

El informe, compuesto por 12.592 folios, lo presentó el diputado de Primero Venezuela, José Brito.

Dijo que en el informe se señala a 442 personas “directamente involucradas” con los supuestos daños a la República. Detalló que 203 fueron diputados principales y suplentes durante el período parlamentario pasado, y 239 personas que formaron parte de las juntas directivas ad hoc designadas por el interinato de Guaidó, embajadores y otros representantes diplomáticos.

En la lista de 239 “funcionarios”, Brito incluyó a los magistrados designados por la AN el 21 de julio de 2017 y que dijo “conforman un intento de simulación de Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”. Es oportuno recordar que en la fecha en la que se celebró la sesión especial que designó a ese TSJ, Brito era diputado de la AN por Primero Justicia y estuvo presente en la sesión, según los registros de asistencia del Poder Legislativo.

Asimismo cuestionó el Estatuto de la Ley para la Transición Democrática que la AN aprobó el 5 de febrero de 2019. Este instrumento, que el parlamentario llamó “adefesio jurídico”, sentó las bases legales para lo que luego fue la presidencia interina de Juan Guaidó. En esa sesión, Brito (quien seguía militando en Primero Justicia para dicha fecha) también estuvo presente sin que haya constancia de alguna observación o reclamo de su parte a la aprobación de la norma.

Solo 10 meses después de su presencia en la sesión en la que se aprobó el Estatuto para la Transición, Brito fue expulsado (junto con otros legisladores) de las filas de PJ por un escándalo de presunta corrupción con las Cajas Clap  y la supuesta compra de votos a diputados para que apoyaran una opción distinta a Juan Guaidó para la elección de la junta directiva de órgano legislativo en enero de 2020. A esto se le conoció como «Operación Alacrán«.

Al momento de referirse a los 442 “presuntos involucrados en daño patrimonial a la nación”, Brito alertó que esta lista pudiera aumentar una vez que la AN tenga acceso a unas presuntas listas de beneficiarios de la plataforma AirTM, la cual, dijo, sirvió para entregar dinero a más de 1600 personas involucradas con los partidos Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática.

Señaló que la supuesta lista era “pasada” mensualmente por Henry Ramos Allup, Leopoldo López, Julio Borges y el actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. A este último lo acusó de “dañar a la patria” a pesar de ser un funcionario electo.

Resulta incomprensible que el ciudadano participara en las elecciones del 21 de noviembre y aún así continúe actuando delictivamente contra la República, así como seguir involucrado en la quiebra inducida de la empresa Monómeros, expresó Brito sobre Rosales.

Al finalizar la presentación del informe, el parlamentario dijo que su intervención había sido política y que correspondía a la AN establecer enlaces con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República para exponer de manera “técnica” las evidencias encontradas en su investigación.

El chavismo y su autoflagelación con Juan Guaidó

Culminada la presentación del informe, varios diputados pidieron el derecho de palabra para exigir “justicia” y el cese de “la impunidad” en el caso particular de Juan Guaidó, a quien responsabilizaron por los supuestos crímenes reflejados en el informe.

Hugbel Roa (vicepresidente de la comisión que elaboró el informe), Bernabé Gutiérrez (a quien el TSJ puso al frente de Acción Democrática) y Vanesa Montero (segunda vicepresidenta de la AN) hicieron el llamado a la justicia. Sin embargo, fue la primera vicepresidenta del Parlamento, Iris Varela la que hizo los llamados más contundentes.

Varela acusó al interinato de haber generado daños a la República similares a los de una guerra, y dijo que por ese motivo los responsables merecen una pena máxima de cárcel y una inhabilitación política de por vida. Ella también pidió “justicia” para los señalados, insistiendo que la AN solo puede establecer una responsabilidad política y que son los otros organismos del Estado los que deben actuar.

Cometieron crímenes y deben recibir sanciones muy severas, insistió Varela.

Desde el momento de su juramentación hasta la fecha, a Juan Guaidó se le han abierto más de 10 averiguaciones penales por presuntos delitos. El propio Ministerio Público ha señalado que pudieran ser hasta 12 los delitos en los cuales estaría involucrado Guaidó, de acuerdo con las investigaciones de la institución que está en manos de Tarek William Saab luego de su designación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.

Para el politólogo Jesús Castellano, esta actitud de acusar constantemente a Guaidó sin encarcelarlo tiene diversas lecturas, basadas en su opinión, sobre por qué el dirigente opositor no ha sido detenido por el gobierno.

«Podría pensarse que el régimen de Maduro tiene más que suficientes pruebas” como para proceder en contra de Guaidó. Afirma que aunque este no fuera el caso, igual podría apresar al político, y pone como ejemplo casos de personas de su entorno, como Roland Carreño, que sí están en la cárcel.

Castellano dijo que una posible lectura tendría que ver con el reconocimiento internacional de Guaidó.

“Pudiera haber diferentes lecturas: una es que tocar (apresar) a Guaidó, teniendo él el reconocimiento de varios países, pudiera significar un fortalecimiento de todas las medidas en contra del régimen cuando éste lo que busca es reducirlas con las decisiones adoptadas en las elecciones regionales y municipales 2021 (Nuevo CNE, observación electoral internacional) e inclusive en 2020 con la elección parlamentaria, como se vio con las medidas que adoptaron en 2021 y hasta en 2020 con la elección parlamentaria para lavar su imagen”, expuso el politólogo.

La administración de Maduro trata de mostrar una cara distinta al mundo y encarcelar a Guaidó sería ir en contra de todo lo que ha tratado, añadió.

Otra posible explicación que asomó Castellanos es que al gobierno de Maduro le conviene de alguna manera que Guaidó se mantenga activo dentro del panorama político venezolano.

Pudiera también pensarse que al mismo gobierno le conviene la figura de Guaidó en la calle, en Venezuela, ni siquiera que salga del país, porque el interinato constituye un factor que está ayudando al fraccionamiento del sector opositor. Tenerlo en el país, actuando en nombre de la oposición, genera una división dentro de los opositores. Hay muchos que están en contra del manejo de recursos públicos que ha tenido fallas, por ejemplo, en materia de transparencia”, detalló.

Para Castellanos también existe la posibilidad de que ninguna de sus lecturas sea la correcta y que “haya otros factores que entran en juego y que son desconocidos”.

Con información de Maru Morales (@Morapin)


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