Situación de Monómeros le vale a Guaidó décima averiguación penal y desata turbulencia en el G4

El fiscal general designado a dedo por la extinta Asamblea Constituyente

Fueron designados los fiscales 22 con competencia nacional plena y 73 con competencia nacional en delitos financieros. Juan Guaidó replicó que “los activos venezolanos están y seguirán protegidos”. Voluntad Popular respaldó anuncio de Guaidó de cooperar con SuperSociedades y auditar Monómeros, en contraposición a la postura expresada el martes por PJ, AD y UNT en la Comisión Delegada, en rechazo a la medida de control sobre la empresa.

Caracas. El fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció anoche la décima investigación penal contra el presidente de la Asamblea Nacional 20216-2021, Juan Guaidó.

En esta ocasión, la averiguación estaría vinculada a la crisis interna que enfrenta Monómeros, la empresa venezolana de fertilizantes situada en Colombia, y que ha llevado a las autoridades de ese país a abrir un procedimiento de control administrativo por segunda vez en dos años.

A través de su cuenta Twitter, Saab informó que en esta oportunidad, Guaidó será investigado “por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir”.

Destaca el hecho de que al menos en ese mensaje en la red social, Saab no empleara la fórmula de “presunta comisión de los delitos”, pues como se sabe, conforme a la legislación venezolana toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

En cualquier caso, Saab señaló que la investigación contra Guaidó por la situación de Monómeros será conducida por los fiscales nacionales 22 y 73. De acuerdo con el directorio disponible en la página web del Ministerio Público se trataría de Carolina Aramay Terán Hidalgo, fiscal provisoria nacional con competencia plena y Jean Karin López Ruiz, fiscal provisorio con competencia en materia contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, respectivamente.

12 delitos 25 averiguaciones

Desde enero de 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela, en aplicación del artículo 233 constitucional y con aval de la Asamblea Nacional vigente entre 2016 y 2021, el Ministerio Público ha iniciado un total de 10 averiguaciones en su contra, contando la anunciada ayer.

Sin embargo, el fiscal Saab admitió el 25 de marzo de este año que el dirigente político opositor está vinculado en más de 20 averiguaciones penales y es sospechoso de la comisión de al menos 12 delitos, según se puede leer en una nota publicada en la web del Ministerio Público.

“Sobre Guaidó, el titular de la acción penal recordó que aparece vinculado con otras 25 investigaciones por los delitos de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación”, dice la referida nota de prensa.

10 expedientes y una inhabilitación

A propósito de esta nueva averiguación contra Juan Guaidó, vale repasar las otras causas abiertas en su contra, que van desde acusarlo por el megapagón nacional de 2019 hasta por estar presuntamente vinculado en planes de asesinato contra Nicolás Maduro y su entorno, pasando por tráfico de armamento y asalto a los activos del país.

  • 29 de enero de 2019: averiguación por juramentarse como presidente encargado y le dictan congelamiento de cuentas y prohibición de salida del país.
  • 12 de marzo de 2019: procedimiento por su presunta implicación en el sabotaje eléctrico ocurrido en el país a partir del jueves 7 de marzo y que dejó a casi todo el país sin electricidad por más de cinco días.
  • 8 de mayo de 2019: investigación por su presunta vinculación en el intento de golpe de Estado del 30 de abril de ese año.
  • 27 de junio de 2019: expediente por su presunta vinculación con un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello, previsto para los días 23 y 24 de junio de 2019.
  • 6 septiembre de 2019: investigación por estar presuntamente involucrado en una negociación ilegal del territorio Esequibo con Inglaterra y Guyana.
  • 13 de septiembre de 2019: averiguación por su presunta vinculación con la banda paramilitar colombiana Los Rastrojos a partir de la publicación de varias fotos de él con integrantes de ese grupo armado.
  • 16 de diciembre de 2019: expediente por su presunta implicación en actos conspirativos para tomar instalaciones militares en el estado Sucre.
  • 31 marzo de 2020: Saab libra una citación a Guaidó para interrogarlo por su presunta vinculación con un plan para eliminar a las autoridades del Estado venezolano tras la incautación de un arsenal de armas en Colombia que pretendían ingresar a Venezuela y que luego fueron vinculados con el denominado Macutazo.
  • 25 de marzo de 2021: expediente por la presunta vinculación de Juan Guaidó “con el secuestro de más de siete mil millones de dólares del Estado venezolano en bancos extranjeros”, dice el MP.
  • 14 de septiembre de 2021: investigación por situación administrativa de la empresa Monómeros.

Además, el 2 de abril de 2019 Juan Guaidó se quedó sin inmunidad parlamentaria, por decisión conjunta del Ministerio Público, el Tribunal Supremo y la extinta Constituyente; y el 23 de febrero de este año la Contraloría General dirigida por el exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elvis Amoroso, lo inhabilitó para ejercer cargos de elección popular.

Turbulencia en el G4 por Monómeros

Entretanto, Juan Guaidó respondió anoche mismo a través de Twitter a los señalamientos de Saab con el siguiente mensaje: “Los activos venezolanos desde 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos, como pasó recientemente con la venta irregular de la refinería venezolana en Dominicana”.

Vale recordar que en una rueda de prensa ofrecida ayer a mediodía, Guaidó agradeció el trabajo de Carmen Elisa Hernández, quien renunció esta semana a la presidencia de Monómeros, abogó porque el proceso de revisión de la empresa iniciado por SuperSociedades Colombia se realice de manera armónica con la empresa y el gobierno encargado, anunció una reestructuración de la directiva de Monómeros y una auditoría de las cuentas.

Ayer por la tarde, VP decidió no participar en la sesión de la Comisión Delegada en protesta al acuerdo entre las bancadas de PJ, AD y UNT de aprobar una comunicación dirigida a Iván Duque en la que cuestionan expresamente la gestión de Carmen Elisa Hérnández al frente de Monómeros, dan su respaldo a las acciones legales que pueda tomar la directiva para oponerse a la medida de SuperSociedades, y piden la conformación de una Mesa de Acompañamiento con Estados Unidos y Colombia.

Este miércoles, el partido Voluntad Popular expresó en un comunicado su apoyo a la posición adoptada por Guaidó en el caso Monómeros, y advirtió sobre supuestos negociados turbios entre actores políticos de la oposición y la administración de Nicolás Maduro para lograr revertir algunas inhabilitaciones políticas:

“Voluntad Popular rechaza cualquier transacción con el régimen, que pretenda enlodar al Gobierno Interino o poner en riesgo a los activos del Estado Venezolano, a cambio de concesiones políticas tales como habilitaciones de candidatos. La unidad no nos obliga a suscribir negociaciones personales de candidatos con la dictadura, con fines estrictamente individuales”, dice el comunicado de VP.

Gobierno encargado también habló

Pasado el mediodía de este miércoles, el gobierno encargado a través del Centro de Comunicación Nacional, también difundió un comunicado en el que reafirma la posición adoptada la víspera por Juan Guaidó respecto a Monómeros y repudia la nueva investigación penal abierta en su contra.

Según la interpretación del gobierno encargado, “la medida tomada por el gobierno colombiano, a través de SuperSociedades, busca garantizar la estabilidad de la empresa de cara al futuro”, y en tal sentido están dispuestos a acompañarla y respetarla.

Asimismo expresan que para facilitar el proceso de supervisión se implantará la “restructuración tanto de la gerencia como de la junta directiva de la empresa, que inició con la renuncia de Carmen Elisa Hernandez”, cuya gestión califican como profesional y ética, a diferencia de la carta enviada a Duque donde PJ, UNT y AD responsabilizan a la exfuncionaria de haber actuado en contra de los intereses de Monómeros.

Luego del intercambio de comunicados y posturas entre VP y el gobierno encargado por un lado y PJ, AD y UNT por el otro lado, respecto a la situación de Monómeros y la medida de control de SuperSociedades Colombia, hay expectativa sobre la posición que adoptarán sobre este tema dirigentes que integran el gobierno encargado pero no militan en VP.

Por ejemplo, el diputado electo en 2015 y coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, quien se encuentra actualmente en el exilio en Colombia y cumple funciones dentro del gobierno encargado como Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores.

Desde hace un par de meses, Borges ha venido planteando la necesidad de crear un fideicomiso que administre los activos de Venezuela en el exterior. El 13 de septiembre reiteró su propuesta en un mensaje en su cuenta Twitter, pero en las últimas 48 horas no se ha referido a la crisis política que ha generado la situación de Monómeros en el gobierno encargado, del cual él forma parte.

PJ en defensa del fideicomiso

En las últimas horas de la tarde de este miércoles, Primero Justicia también publicó su propio comunicado fijando posición sobre el asunto. Básicamente el partido aurinegro cierra filas con la propuesta de Borges y profundiza en su contenido, al tiempo que ratifica su descontento con el desempeño de Carmen Elisa Hernández al frente de Monómeros.

De hecho,  PJ deja claro que su renuncia a la presidencia de la compañía  se produjo a petición de “los partidos del G4” ante la falta de transparencia por parte de algunos ejecutivos de la empresa. Además, reconoce que la responsabilidad sobre el manejo de activos fue una tarea que los partidos políticos no debieron asumir “y que ha sido cuestionada por todos los partidos de la unidad, exceptuando al partido político Voluntad Popular donde milita Juan Guaidó, el cual ha promovido de forma insistente y permanente esta política”.

El partido enumera algunas de las veces en las que públicamente expresó posturas divergentes con el gobierno encargado sobre el manejo de activos o exigió transparencia al respecto, como en enero de 2020 cuando salvaron su voto en la aprobación de la ampliación del Fondo de Litigios de 2 millones a 20 millones de dólares; o en enero de este año cuando solicitaron investigar e informar sobre denuncias de presunta corrupción en la Fundación Simón Bolívar de Citgo.

En el comunicado explican que la propuesta del fideicomiso consiste en la creación de una Junta de Protectores Independientes integrada por tres personas que ocupen cargos en organismos o instituciones internacionales y que tendría entre sus funciones:

  • Asegurar que los activos se manejen en beneficio de los venezolanos
  • Nombrar las juntas directivas de las empresas bajo protección
  • Designar los auditores
  • Devolver el control de los activos a Venezuela una vez que se logre una transición y se elija un nuevo gobierno

Finalmente Primero Justicia informa que ha solicitado a la Comisión Delegada abrir el debate sobre su propuesta. Esta decisión llama la atención pues a pesar de que Monómeros ha atravesado al menos tres escándalos desde 2019 y la fracción 16 de Julio ha solicitado debatir el tema dos veces este año, esto no ha ocurrido.


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