Entre el 4 y el 7 de julio los funcionarios de la Dgcim, el Sebin y la DIE ejecutaron los procedimientos. Cuatro de los siete detenidos son militantes del Bandera Roja y uno perteneció a este partido político.
Caracas. Cuerpos policiales del Estado han practicado una ola de detenciones contra defensores de los derechos humanos en Venezuela en los primeros días del mes de julio. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE), perteneciente al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), han sido el brazo ejecutor de estas detenciones, que ocurrieron en menos de 72 horas.
La Dgcim actuó en cuatro de estas siete detenciones que se ejecutaron recientemente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela señaló a este cuerpo de seguridad del Estado de utilizar mecanismos de tortura.
Los detenidos son:
- Emilio Negrín, dirigente sindical y presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial. Lo detuvieron el 5 de julio, en la parroquia El Junquito.
- Alcides Bracho, líder social, profesor universitario y dirigente de Bandera Roja. Lo sacaron de su casa el lunes 4 de julio.
- Reynaldo Cortés, coordinador de Bandera Roja en Guárico, fue detenido la madrugada del 7 de julio en San Juan de los Morros, estado Guárico.
- Néstor Astudillo, dirigente de Bandera Roja, lo detuvieron el 6 de julio, en Charallave, estado Miranda.
- Alonso Meléndez, militante de Bandera Roja, lo detuvieron el martes, 5 de julio en el estado Falcón.
- Yeny Zorelis Pérez, esposa del militante de Bandera Roja José Castro. La detuvieron en Ocumare del Tuy, estado Miranda, el lunes 4 de julio.
- Gabriel Blanco, sindicalista y activista de los derechos humanos. Lo detuvieron en la parroquia Coche, el 7 de julio.
Patrón de persecución
En el informe publicado el 16 de septiembre de 2021 se asegura que la Dgcim busca la manera de encarcelar a familiares de las víctimas para presionarlos a confesar o colaborar con sus procedimientos.
Tal es el caso de Yeny Zorelis Pérez, a quien presuntamente aprehendieron porque su esposo, José Castro, no estaba en su casa. A ella la detuvieron la tarde del lunes, 4 de julio, en Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander, del estado Miranda.
De acuerdo con Joel García, abogado penalista y defensor de los derechos humanos, la persecución apunta hacia el partido político Bandera Roja. La actuación policial podría deberse a la investigación sobre el asesinato de Carlos Lanz, quien era dirigente de izquierda, exguerrillero y sociólogo.
Amedrentamiento de la Dgcim
A Gabriel Blanco, defensor de los derechos humanos y dirigente de la Alianza Sindical Independiente, lo abordaron dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en su casa ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud en la parroquia Coche, el miércoles 6 de julio, a las 7:00 p. m.
Uno de los funcionarios policiales presuntamente lo amenazó con un arma de fuego. Blanco exigió que se identificara y le mostrara una orden de detención, pero se la negaron. Solo logró ver el logo de la Dgcim en el carnet del funcionario, detalló Edward Ocariz, defensor de los derechos humanos a Crónica.Uno.
Al lugar llegaron aproximadamente ocho camionetas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y las restantes eran vehículos civiles, detalló Ocariz.
Seis horas después, llegaron los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) con la orden de detención de Blanco que fue revisada por el coordinador de Provea, Marino Alvarado.
Sin embargo, el documento ordenaba que la detención la realizara el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero a las 12:52 a. m. lo subieron a una camioneta de las FAES y lo trasladaron al comando de la Policía Nacional Bolivariana en La Quebradita.
Gabriel Blanco fue imputado por los delitos de terrorismo y asociación para delinquir, previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La conexión con Bandera Roja-sindicatos
En el caso de las otras personas que han sido detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado, cuatro de ellos: Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés no son solo luchadores sociales y activistas por los derechos humanos, además son militantes activos del partido Bandera Roja (BR).
Otro de los detenidos, Gabriel Blanco, también militó en la organización política hasta el año 2017. Sin embargo, Jesús Hermoso, responsable de comunicaciones y propaganda del partido, explicó que éste se separó de BR en “malos términos”.
De acuerdo con Hermoso, el único de la lista de prisioneros al que presentaron formalmente ante un tribunal fue Alcides Bracho, quien forma parte de una listado de más de 20 personas que estarían solicitadas.
“No sabemos si de esas 20 personas hay más que son o no del partido (…) Uno de los argumentos puestos en el expediente de Alcides es que los 20 nombres coinciden en un grupo de WhatsApp. La verdad es que no sabemos qué están intentando armar desde el gobierno”, dijo.
Otro punto en común que comparten las personas a las que arrestaron es que, además de un activismo por los derechos humanos, todos parecen tener vínculos con sectores sindicales. A juicio de Hermoso, este podría ser uno de los motivos de las detenciones.
“El sindical es un nicho donde el gobierno está débil. Ningún presidente que sea obrerista paga y trata tan mal a los trabajadores. Nosotros hemos estado trabajando en ese frente, es lógico que ellos tenían que atacar de alguna forma por ahí”, sentenció.
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