Personal del Ipasme denunciaron un ambiente laboral marcado por presión, acoso y falta de insumos, que limitó la operación de la Unidad Médica Don Simón Rodríguez, en Caracas. Los empleados manifestaron a Crónica Uno que, en la institución, se registran cobros irregulares, pérdida de beneficios y un control estricto, factores que afectan tanto su estabilidad laboral como la atención a los pacientes.
Caracas. “La situación es insoportable, es una sensación continua de miedo, estrés, molestia, un ambiente laboral terrible. Acoso, persecución”, denunció Magaly*, trabajadora de la Unidad Médica Don Simón Rodríguez del Ipasme, un centro de salud del sector educativo donde, según empleados, el control interno, la presión laboral y la escasez de insumos se han vuelto parte de la rutina diaria.
En el edificio de cuatro pisos ubicado en la esquina Corazón de Jesús de la avenida Fuerzas Armadas, los trabajadores describieron un ambiente de supervisión constante, asistencia estricta y servicios sanitarios limitados. Aunque el centro fue diseñado para múltiples especialidades, hoy funciona solo parcialmente, de acuerdo con los testimonios del propio personal.
De las 20 especialidades médicas que el centro de salud tiene capacidad de atender, los trabajadores aseguraron que actualmente solo la mitad está operativa. A esta situación se suman los bajos salarios y la falta de motivación, lo que ha provocado una aumento del número de renuncias en el organismo.
El Ipasme funciona mediante sedes regionales y unidades médicas que dependen de lineamientos administrativos centrales, lo que influye en la asignación de personal, horarios y recursos disponibles en cada centro.
Pago de “vacunas” para trabajar
Magaly contó a Crónica Uno que, debido a los bajos salarios, los trabajadores sostenían un esquema de guardias, turnos laborales rotativos que en este caso se mantenían incluso en contextos de emergencia sanitaria como la pandemia por COVID-19, pero con el cambio de autoridades ahora se les exige asistir todos los días.
Mildred*, empleada del Ipasme, señaló que cualquier trabajador o persona que intente vender productos para complementar los ingresos mensuales derivados de su salario como empleado activo debe pagar una “vacuna” a las autoridades. Esta práctica, subrayó, también afecta a quienes tienen años en la institución.
Mildred pone como ejemplo a una compañera que vende libros en la mezzanina, entrepiso dentro de un edificio que conecta niveles y suele usarse como área de tránsito o ventas informales en algunas instituciones. Para que le permitan trabajar, debe entregar mensualmente un paquete de bolsas de basura de 40 kilos y tres resmas de papel, paquetes de hojas utilizadas en oficinas para impresión y archivo administrativo.
Según los testimonios, estos insumos son exigidos para evitar que las autoridades utilicen el presupuesto asignado al centro en gastos de oficina o limpieza.
La situación se repite entre otros trabajadores. Otra empleada que vende golfeados caseros está obligada a entregar cada mes un paquete de bolsas negras.
“Quien decida vender cualquier artículo para rendir el salario debe pagar con artículos que la administración deja de comprar. Muchos lo hacen porque el sueldo no alcanza y te obligan a ir todos los días”,
dijo Mildred.
Persecución laboral
Magaly y Mildred coincidieron en que la directiva del Ipasme aplica mecanismos de presión contra quienes no forman parte de lo que describieron como círculo de confianza. Según Magaly, la presidenta del organismo, Marelia Guillén, mantiene familiares directos en la nómina.
Entre los señalamientos destaca la gestión de Yimar Camejo, directora médica de la sede Don Simón Rodríguez y sobrina de la presidenta, a quien los trabajadores atribuyen prácticas de persecución. También mencionan a la administradora Geissa Sánchez, señalada por ejercer vigilancia constante sobre el personal de limpieza, al que obliga a trabajar los sábados fuera del horario laboral bajo amenaza de despido.
Por su parte, Mildred explicó que la institución impone la «autogestión» a los coordinadores de área, modelo administrativo mediante el cual cada dependencia debe resolver parte de sus necesidades operativas con recursos propios o gestionados internamente.
Esto implica que los empleados deben adquirir con su propio dinero insumos básicos para las oficinas, como tóner, bolígrafos y resmas de papel.
Las trabajadoras añadieron que, aunque existen bonos destinados a estos materiales, los recursos no llegan a las áreas de servicio. En el caso del personal de mantenimiento, precisaron que reciben agua en lugar de cloro, producto químico utilizado para desinfección y limpieza en entornos hospitalarios, para las labores de limpieza del edificio.
Pérdida de beneficios
El ingreso de los trabajadores del Ipasme se limita al salario mínimo de 130 bolívares, el bono de alimentación de 40 dólares y el reciente ajuste del bono de guerra económica a 200 dólares.
Yaquelin* relató que, con este ingreso, deben cumplir un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., además de un estricto control de asistencia: tres retrasos de cinco minutos pueden derivar en actas, suspensión de salario o despidos.
“También nos presionan después de la jornada laboral. Quienes se niegan a trabajar, saben que van a tener conflictos con los supervisores y mayor vigilancia sobre sus tareas diarias”,
expuso.
Yaquelin recordó que en años anteriores el personal contaba con beneficios que han desaparecido. Desde hace tres años dejaron de entregarse las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en todas las sedes, sin explicaciones.
Las actividades recreativas para los hijos de los empleados, que antes incluían visitas a clubes en Navidad o el Día del Niño, ahora se reducen a eventos de pocas horas en la sede administrativa.
Además, los trabajadores activos y jubilados denuncian que no tienen prioridad en el servicio médico de la institución, donde deben esperar meses para obtener una cita en alguna especialidad.
Cobros en los servicios
De acuerdo con trabajadores del Ipasme, las consultas y cirugías tienen costos diferenciados por especialidad. Aunque la llegada de insumos al centro es escasa, estos se asignan mayoritariamente a los planes quirúrgicos.
Estas jornadas se presentan como un beneficio para el gremio docente, tanto activos como jubilados. Sin embargo, en los testimonios los trabajadores recalcaron que las autoridades las utilizan para cumplir metas que les permiten acceder a bonificaciones adicionales.
Magaly añadió que el presupuesto se consume en una nómina administrativa, mientras los pacientes deben costear el material médico. En las consultas se solicita a los usuarios, de forma discreta, llevar inyectadoras, eyectores, dispositivos médicos utilizados para administrar o retirar fluidos en procedimientos clínicos, guantes y kits de ginecología para poder ser atendidos.
“En el piso 10, los pagos se realizan mediante un pago móvil institucional del Ipasme. Pero en los pisos 2 y 7, el cobro de las consultas se hace a través de puntos de venta personales, fuera del control administrativo”,
detalló.
Las trabajadoras aseveraron que estas condiciones afectan no solo la atención a los pacientes, sino también la estabilidad laboral y el bienestar del personal, lo que deja entrever un conflicto interno que, hasta esta publicación, luce lejos de resolverse.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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