El informe de la organización no gubernamental analiza la situación de al menos 14 derechos durante 2025 y detalla “un panorama de regresión sostenida y asedio estructural” con 160 víctimas de desaparición forzada y 336 personas asesinadas por fuerzas policiales y militares durante el año pasado.
Caracas. Venezuela se encuentra en riesgo de que se consolide “un nuevo esquema autoritario con legitimidad internacional”, en caso de que la apertura económica que se construye no vaya de la mano con la restitución de las instituciones y el respeto a los derechos humanos. Así lo concluyó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), tras la publicación de su informe anual 2025.
La organización, que documenta desde hace más de 30 años violaciones de derechos humanos, alertó que la liberalización económica que ha tenido lugar en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, no puede estar por encima del desmantelamiento del aparato represivo y el retorno al Estado de Derecho.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, hizo estas aseveraciones durante la presentación de su informe anual al que titularon El eclipse de la Constitución y que, a diferencia de años anteriores, contiene un apartado especial en el que analizan la situación de los derechos humanos durante los primeros meses de 2026.
“Ningún proceso de liberación económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia puede ser cónsono con principios básicos de derechos humanos. Asimismo ninguna democracia liberal con libertades ciudadanas está, si el modelo económico se entabla pasando por encima del derecho de las personas”, advirtió.
A juicio del director de Provea, en el país se construye un movimiento político que llevará a la “tecnocracia autoritaria”, en el que las decisiones del país no están en manos de personas electas por los ciudadanos.
Los hallazgos
Los hallazgos del informe anual de Provea fueron sintetizados en la intervención de la socióloga y coordinadora del programa de investigación de Provea, Lissette González, quien expuso que el contexto venezolano hasta finales de 2025 estuvo marcado por una crisis institucional y una represión que sacudió a la sociedad venezolana.
El informe analiza la situación de al menos 14 derechos durante 2025 y detalla “un panorama de regresión sostenida y asedio estructural” en el que más de 130 dirigentes sindicales fueron detenidos arbitrariamente y muchos de ellos fueron sometidos a desaparición forzada, con una persecución mucho más focalizada hacía dirigentes políticos y sociales.
En torno a los derechos civiles y políticos, Provea dio cuenta del aumento del 196 % de desapariciones forzadas con respecto a 2024, y el registro específico de 160 víctimas desaparecidas en periodos que van de dos días a más de 100 en algunos casos.
“Pese a la represión que se desató en 2024 y se mantuvo en 2025, los trabajadores encabezaron las principales protestas del país.
La organización detalló el registro durante el año pasado de 596 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal, que incluyeron casos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, amenazas y hostigamiento, entre otros.
Además, el estudio da cuenta de la consolidación de “un patrón de impunidad generalizado tanto en graves violaciones de los DD. HH., como en crímenes de lesa humanidad”.
La ONG contabilizó 513 víctimas de privación de libertad por razones políticas, lo que consolidó a 2025 como el segundo año con cifras más altas de detenciones políticas, superado solo por 2024.
Otra cifra alarmante fue la de 336 personas asesinadas por fuerzas policiales y militares durante 2025, de las cuales 195 están plenamente identificadas, mientras que en 141 la identificación fue parcial o no se logró recabar datos.
“Desde 2013 y hasta 2025-es decir, durante toda la gestión de Nicolás Maduro- funcionarios y militares han asesinado a 10.853 personas”, asegura el informe.
Informe Provea
En cuanto a educación, el presupuesto de ambos renglones cayó en cifras reales. Según el estudio, 30 % de los niños del país no asistieron a la escuela los cinco días de la semana durante 2025.
En salud, se reportaron 94.056 denuncias por fallas en el sistema público de salud, la mayoría de ellas por escasez de insumos y servicios inoperativos o cobro por servicios gratuitos. El presupuesto cayó 28 % mientras que un 88 % no contaba con medicamentos.
Sobre el tema ambiental, la minería se ha convertido en un problema porque está expandida en varias regiones del país con efectos devastadores sobre el ambiente.
Por la reinstitucionalización
Para el director de Provea, “no hay un reto más importante en este momento y en los meses siguientes que impulsar un proceso de reinstitucionalización”, pero aseguró que esta es una tarea en la que deben abocarse los ciudadanos y las organizaciones, con apoyo internacional.
“Las decisiones en materia económica marcan una transición hacia un modelo más ordenado, pero no necesariamente más transparente y, menos aún, respetuoso de los derechos humanos”, dijo Murillo.
En este contexto, insistió en la necesidad de que la articulación, organización y capacidad de planificación de organizaciones sindicales y de la sociedad civil sea cada vez más elevada, para responder a la coyuntura y a instituciones que no cuentan aún con un “proceso confiable, sostenible y efectivo para transformarse y así cumplir con dependencia su mandato constitucional”.
Aunque lamentó que el Gobierno venezolano no escuchará las recomendaciones de años anteriores planteadas por Provea, insistió en que “requiere mucha fuerza de los venezolanos devolver la luz de la Constitución y de los derechos humanos a este país”.
Durante la presentación del informe, Provea otorgó su premio anual al Comité de Madres en Defensa de la Verdad y al Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve).