La represión política en Venezuela forzó a activistas como Angélica Flores y Ángel Álvarez, dirigentes opositores en el estado Carabobo, a vivir en clandestinidad durante meses. La vigilancia constante y la separación de sus familias reflejan el costo de la actividad política bajo un riesgo que apenas se empieza a reducir para algunos.
Valencia. Hasta hace tan solo unas semanas la clandestinidad no se decía, se susurraba. Se intuía en los silencios y se respiraba en cada esquina vigilada. En Venezuela, dirigentes políticos y exdiputados como Angélica Flores y Ángel Álvarez tuvieron que ocultarse durante meses para escapar de detenciones arbitrarias y mantener su actividad política.
Patrullas frente a sus casas, llamadas que no se responden y desplazamientos constantes marcaron sus días a raíz de la persecusión oficialistas tras los cuestionados e inauditables resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Desde entonces, vivir y hacer política se había vuelto un riesgo calculado, donde el miedo no desaparecía y cada movimiento debía planearse con precisión. Sus historias muestran cómo la persecución política afecta tanto la vida personal como la continuidad de la organización política en un país donde la represión se hizo parte del costo de ejercer la ciudadanía plenamente.
Así comenzó para la activista Angélica Flores en septiembre de 2025 un proceso que despertó el miedo y lo dejó a flor de piel. La realidad de la clandestinidad se reveló tras la captura de varios compañeros en el estado Carabobo, entre ellos Albany Colmenares y Nikoll Artega.
A partir de ese momento, lo cotidiano se quebró. “Veías patrullas 30 o 40 minutos frente a la casa”. No hacían nada. Solo estaban. Y esa presencia constante comenzó a marcar el ritmo de sus días.
En los última década, Venezuela ha registrado un aumento significativo en detenciones arbitrarias y persecuciones políticas, especialmente contra dirigentes de oposición y periodistas, según informes de organizaciones como Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La persecución venía de antes, pero con la oleada represiva desatada por el gobierno había que actuar. Flores recuerda que una vez tuvo que saltar la pared de su casa para salir. Llamó a compañeros de la zona que la sacaron en moto. Otra vez, el mismo día en que se llevaron a otros dirigentes, tuvo que abandonar el estado. Pasó 17 días en una zona rural, sin teléfono, sin contacto, sin noticias.
“Eso fue terrible”, dijo Flores a Crónica Uno. No solo por el miedo, sino por lo que implicaba dejar atrás: su mamá, sus hijas, su vida. Tampoco podía trabajar. No tenía ingresos. La incertidumbre se volvió total.
Nueve meses
Esa clandestinidad indefinida se prolongó por nueve meses. Durante ese tiempo llegó la navidad en un aislamiento total, no solo físico sino digital. Dejó de publicar, cambió de número, usó contactos internacionales y evitó chips en el teléfono. Hubo momentos en que ni siquiera sus propios familiares sabían dónde estaba y así permaneció hasta el final, porque el gobierno lo controla todo.
Flores enfatizó en que “El miedo también los alcanzaba a ellos”. Algunos preferían no resguardarla para no exponerse. Había casos más extremos: menciona a una compañera cuya familia completa fue detenida.
En su caso, el impacto se sintió de otra manera. Sus hijas fueron separadas. Cada una en un lugar distinto: una con familiares de una amiga, otra con su abuela, la menor con la familia de su padre. “Estuvo muy fuerte todo”, resumió.
Recordó una reunión por Zoom con parte de la estructura política. Mientras hablaban, llegaron patrullas. Tocaban corneta afuera. No entraban, no golpeaban. Pero estaban ahí. Del otro lado de la pantalla le decían que saliera por la parte de atrás, que buscara quién pudiera ayudarla.
Entre Cojedes y Carabobo
Así vivió durante meses, cambiando de casa y durmiendo en distintos lugares. Pasó por al menos seis viviendas, en municipios como Libertador, San Diego, Tinaco y Tinaquillo, estos dos últimos en Cojedes. Allí vivió la clandestinidad más extrema, en un caserío más allá de zonas como Las Vegas y Lagunita; un entorno totalmente rural.
No había señal telefónica, ni internet, ni televisión por cable. “La primera semana tuve ansiedad por la incomunicación”, admite. Luego vino la adaptación. Se levantaba temprano y ayudaba en las labores de la finca. El trabajo físico era una forma de ocupar la mente.
Pero incluso allí, la política no desaparecía. Se transformaba. Cuando logró conseguir otro teléfono, reconstruyó contactos desde el correo electrónico. Descargó aplicaciones más seguras. Desde ahí retomó parte de la articulación con algunas estructuras. “Había estrategias que no se pueden contar”, dice. Algunas, asegura, siguen activas.
Ser dirigente en ese contexto exige otra lógica. “Es una astucia constante”, explicó. No se trata solo de cuidarse, sino de pensar qué pasará con los tuyos si te detienen.
El miedo no desaparece del todo. “Todavía escucho motos y siento temor”, confesó.
Economía tras las rejas
Durante ese tiempo, su sustento dependió de trabajos remotos y de la ayuda de amigos. Su ingreso formal como educadora quedó suspendido en la práctica. La calle no era una opción. Trabajar como antes, tampoco.
Las estructuras políticas estaban prácticamente paralizadas. Solo unas pocas seguían activas a nivel regional. En su caso, apenas dos personas de confianza sabían dónde estaba en cada momento.
El resto era silencio. Un silencio que no significaba inacción, sino supervivencia. Algo similar le ocurrió al exdiputado de la Asamblea Nacional 2015, Ángel Álvarez. No contempló irse. Para él, marcharse significaba romper con una idea de responsabilidad que había construido durante años.
Tampoco podía dejar atrás a su padre, un hombre de casi 90 años que, aun con miedo, le pidió que se fuera. No lo hizo. Eligió quedarse. Y quedarse, en ese contexto, significó esconderse.
Todo comenzó en agosto de 2024, cuando recibió la notificación. La orden de captura no lo tomó por sorpresa, pero sí lo obligó a moverse rápido. El Tribunal Séptimo de Control del estado Carabobo había activado el proceso. Después vinieron los vehículos, los funcionarios, las visitas cerca de su casa y su oficina.
Nueva vida, otros barrotes
Las casas se convirtieron en simples paradas de un mes y medio, no más. Así estuvo durante un año y medio. Doce familias lo recibieron en ese tiempo. Doce puertas que se abrieron con el mismo riesgo: ser señalados, investigados, incluso detenidos.
Álvarez insistió en el agradecimiento como quien no encuentra otra forma de dimensionarlo.
El asedio no se limitó a él. Familiares y amigos comenzaron a sentir la presión. “El más mínimo detalle podía servir para ubicarme”, explica. Su padre también fue blanco de visitas y hostigamientos. Tuvieron que moverlo de su casa durante siete meses.
La clandestinidad terminó siendo una prisión sin barrotes. Salir a la calle dejó de ser cotidiano y se convirtió en un acto de riesgo. “Solo lo hacía para cambiar de casa”, reportó Álvarez. Pero incluso eso tenía protocolo.
Dos vehículos salían primero, con su ropa, revisaban alcabalas, presencia policial, movimientos sospechosos. Solo después él se desplazaba. Y aspectos que pasan por debajo de la mesa debían considerarse. Con eso hizo alusión a los delivery, que muchas veces eran policías encubiertos.
A pesar del encierro, no suspendió del todo su actividad política. Eso es lo que él llama “clandestinidad activa”. Por eso mantenía contacto con familiares de presos políticos. “No podía olvidarlos”, dice. Esa red, aunque limitada, le daba sentido a sus días.
Esa actividad enfrentaba el miedo constante a que su hermano acabara preso o herido. “Eso también es una forma de tortura”, admitió.
Cuestión de confianza
Pero en clandestinidad, la confianza es lo más frágil, subrayó. Cualquiera puede equivocarse. Un descuido, una palabra, una rutina mal calculada. Incluso uno mismo. Lo comprobó el día que decidió visitar a su padre en su cumpleaños. Fue una decisión emocional. Diez minutos después de irse, llegaron las patrullas. Revisaron todo el edificio, interrogaron a los vigilantes, lo buscaron piso por piso.
A diferencia de otros, Álvarez siempre estuvo dentro de la Gran Valencia. Los cambios de casa se planificaban desde el primer día. Nada quedaba al azar. Cada movimiento debía reducir riesgos en un entorno donde cualquier error podía ser definitivo.
Según informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, casos como los de Juan Pablo Guanipa, Ángel Álvarez y Angélica Flores reflejan la persecución sistemática a líderes opositores y activistas en Venezuela, lo que obliga a adoptar medidas extremas de seguridad y clandestinidad.
En círculos políticos a los que Crónica Uno tuvo acceso se conoció que el líder Juan Pablo Guanipa fue capturado luego de que su barbero comentara en una fiesta que él era quien le cortaba el pelo. Ese comentario pasó de boca en boca hasta que llegó a las autoridades.
Por eso personas como Álvarez o Flores son tan cautelosos. Álvarez fue el primero en Carabobo en salir de la clandestinidad y hace poco más de un mes recibió el sobreseimiento de su causa. Aún no sabe quién lo denunció, pero quiere saberlo, no por venganza, sino por claridad.
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