En el estado Sucre y parte de la isla de Margarita, la falta de agua ha impuesto clases irregulares que impactan tanto la educación como la nutrición de los estudiantes. Familias y docentes enfrentan una sobrecarga diaria mientras la emergencia hídrica se prolonga sin una solución clara desde hace casi tres meses.
Cumaná. La escasez extrema de agua no solo vacía los tanques, sino también las aulas. Miles de estudiantes del estado Sucre y parte de Margarita están sin clases regulares desde febrero debido a la crisis por falta de agua, lo que obliga a vivir una “educación a medias” similar a la pandemia de COVID-19.
La crisis afecta especialmente a los sectores más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, cuya rutina escolar se ha visto completamente alterada. La “educación a medias”, como denuncian gremialistas y sindicalistas de la región, implica que los estudiantes reciben clases irregulares y no cuentan con la continuidad necesaria para adquirir los aprendizajes según el currículo oficial.
Desde el 22 de febrero pasado, tres municipios del estado Sucre y zonas de la isla de Margarita permanecen sin agua, aunque el aviso oficial se difundió tres días después. Fue el 6 de marzo, cuando finalmente la gobernación declaró la emergencia hídrica en la entidad oriental.
Una emergencia hídrica, según normas nacionales e internacionales, es la situación en la que el suministro de agua potable se ve interrumpido o insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población, incluyendo hogares, escuelas y hospitales.
Durante un mes, las clases no se impartieron con regularidad: solo los colegios privados retomaron la modalidad virtual para asignar actividades, mientras que la mayoría de los planteles públicos permanecieron sin actividades académicas en aulas.
La educación en línea exige acceso a internet y dispositivos electrónicos, recursos que no todos los estudiantes de Sucre y Margarita poseen, lo que profundiza la desigualdad educativa.
La educación como lujo
Tras el asueto de Semana Santa, los colegios privados reiniciaron clases de manera interdiaria o de lunes a jueves, reservando los viernes para actividades administrativas.
Ximena Rivera, residente del sector La Llanada de Cumaná, no cuenta con la misma suerte. Su hija de cinco años cursa segundo nivel de educación inicial y solo asiste a clases una vez a la semana. Aunque recibe asignaciones para cumplir en casa, prefiere que su hija no vaya a la escuela, pues ese día la maestra solo revisa las actividades.
La educación inicial es clave para el desarrollo cognitivo y social de niños y niñas pues establece las bases del aprendizaje formal, la socialización y la disciplina escolar.
Para María Hernández, la irregularidad escolar ha significado un regreso al periodo de cuarentena por COVID-19, cuando las actividades debían cumplirse en casa, aunque ella sí debe asistir a su trabajo en una oficina gubernamental.
Hernández aprovecha sus horas de descanso en la oficina para guiar a su hija de ocho años, aunque admite que no tiene paciencia para supervisar los deberes de sus tres hijos. Este tipo de sobrecarga parental, que combina trabajo y educación de los hijos, afecta la salud mental y limita el acompañamiento efectivo en el aprendizaje.
Falla estructural
Otra consecuencia de la falta de agua en Sucre ha sido la interrupción operativa del Programa de Alimentación Escolar. Ante esta situación, el personal de los planteles se ingenia para ofrecer, una vez por semana, chicha o empanadas, así como un almuerzo que varía entre arroz con salchichas o mortadela, cuando no es posible incluir proteína.
En teoría, el Programa de Alimentación Escolar tiene como objetivo garantizar que los estudiantes reciban al menos una comida balanceada al día, contribuyendo a su nutrición y al desarrollo físico y cognitivo.
Aspectos como la salud mental de niños y jóvenes, la alimentación y la violencia intrafamiliar fueron advertidos por organizaciones como Cecodap durante la pandemia de COVID-19.
La ONG emitió un comunicado ante el reinicio del año escolar 2026 en medio del Estado de conmoción exterior, emplazando al Gobierno a garantizar condiciones esenciales de seguridad, servicios públicos y protección para estudiantes, docentes, personal administrativo, directivo y familias.
Cronica Uno consultó a Gloriana Faría, coordinadora de Atención Jurídica de Cecodap, quien considera que la crisis hídrica en Sucre y Nueva Esparta representa una vulneración en cadena de los derechos humanos al agua y a la educación.
“Cuando el Estado falla en la prestación de un servicio público como el agua, también falla el derecho a la educación y la escuela se vuelve inviable, porque las clases interdiarias no son una solución”, dijo.
Explicó que el Estado tiene la obligación de proveer servicios de calidad a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo al principio de corresponsabilidad establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), que establece la responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en asegurar un nivel de vida adecuado.
Derecho vulnerado
Faría destacó que la escuela es un espacio protector por naturaleza, y la ausencia de actividades regulares desestructura esa protección y afecta directamente el derecho a la educación.
También señaló que la pérdida de secuencialidad, hábitos y disciplina de estudio puede derivar en deserción encubierta, mientras se priorizan unas materias sobre otras, en medio del estrés por no saber si habrá clases, agua o luz. La secuencialidad en el aprendizaje garantiza que los estudiantes adquieran conocimientos en un orden lógico, facilitando la comprensión y retención de la información.
“Los niños empiezan a asistir dos veces a la semana, pero terminan desvinculándose, mientras se priorizan materias por encima de otras que también son importantes para el desarrollo y la convivencia en medio del estrés de no saber si habrá clases, agua o luz y se debilita la estructura escolar y familiar”,
adujo.
Además, la especialista alertó sobre el impacto nutricional en los niños que no reciben el Programa de Alimentación Escolar, y alertó que normalizar esta situación podría constituir violencia institucional que sacrifica el desarrollo infantil. La violencia institucional ocurre cuando el Estado o sus instituciones no garantizan derechos básicos, afectando especialmente a la infancia y la adolescencia.
Magisterio fatigado
José Teixeira, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación de Venezuela (Fenatev), aseguró que las condiciones educativas ya eran difíciles por la falta de agua en los planteles, pero la emergencia hídrica de este año agravó el problema. En algunos colegios, el suministro llegaba dos veces por semana; actualmente solo reciben agua una vez por tubería y otra por cisterna.
El problema también se da en el almacenamiento, pues no todas las instituciones cuentan con tanques para garantizar la higiene diaria. En algunos casos, los planteles tienen tanques subterráneos, pero con bombas averiadas, lo que obliga al personal a transportar el agua a distintos espacios.
Según Teixeira, ya la población está fatigada de su propia carga en los hogares, como para cumplir las tareas en sus espacios de trabajo.
“No podemos olvidar que el personal docente, administrativo y obrero, también tiene dificultades para acceder al agua en sus comunidades, como para sumarle cargas adicionales”, subrayó el sindicalista.
Silencio y opacidad oficial
Por disposición del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE Sucre), los planteles permanecen abiertos los cinco días de la semana, alternando el horario: tres días para primaria y dos para bachillerato, o viceversa.
Para Teixeira, la reducción de horario afecta a estudiantes y docentes, ya que las aulas virtuales implican actividad extra incluso para los padres. El dirigente lamentó la falta de información confiable sobre el tiempo que tomará restablecer el suministro de agua potable, vital para garantizar el desarrollo de todos los sectores.
En Sucre, las autoridades no se pronuncian públicamente sobre los avances en la reparación del túnel trasvase del Turimiquire, cuya falla estructural crítica ocasionó la escasez.
El 4 de mayo pasado, la Organización de Naciones Unidas aprobó una asignación de 2.000.000 de dólares para atender la crisis de agua en el estado, aunque se desconocen los detalles sobre la administración de estos recursos.
Por su parte, Marisiel Velásquez, gobernadora de Nueva Esparta, anunció el 29 de abril que el suministro de agua hacia la entidad sería restablecido en menos de 20 días.
La crisis hídrica mantiene a miles de estudiantes en situación de vulnerabilidad educativa y nutricional, mientras las familias y docentes enfrentan la sobrecarga diaria. La ausencia de información oficial, la incertidumbre sobre el restablecimiento del servicio y la irregularidad escolar refuerzan la sensación de emergencia permanente en Sucre y sectores de Margarita, afectando derechos básicos y el desarrollo integral de la infancia.
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