21 sargentos del caso de Cotiza, en compañía de otros presos políticos recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), tienen más de 48 horas en huelga de hambre para exigir, entre otras cosas, la libertad plena.
Caracas. Al menos 36 militares recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Ramo Verde, estado Miranda, cumplieron 48 horas en huelga de hambre.
Los presos políticos tomaron esta medida en rechazo a las irregularidades entorno a sus procesos judiciales, como las imputaciones de nuevos delitos una vez cumplidas sus penas, y también para exigir que les otorguen el beneficio de la Ley de Amnistía, informaron sus familiares a Crónica Uno.
Entre los funcionarios que iniciaron la huelga de hambre el 9 de noviembre, a las 6:00 a. m., se encuentran 21 privados de libertad por el caso de Cotiza, detenidos luego de una sublevación militar, el 21 de enero de 2019, en un comando Escuadrón Montado de la Guardia Nacional Bolivariana en la comunidad de Cotiza, en Caracas.
A este grupo se sumaron otros presos políticos recluidos en la cárcel de Ramo Verde, entre ellos dos mujeres funcionarias del Ejército, así como detenidos vinculados a causas como Sukhoi, Paramacay, Aurora, Refinería del Palito, 30 de Abril, Operación Gedeón II y de la gobernadora de Monagas.
En Crónica Uno recopilamos las violaciones a los derechos de los militares involucrados en el caso de Cotiza y las exigencias por las que iniciaron una huelga de hambre:
1 Ley de Amnistía
La mañana del lunes, 9 de noviembre, los familiares y abogados de los 24 militares del caso Cotiza acudieron al Palacio de Justicia a presentar un documento en el que solicitan que los incluyan en La Ley de Amnistía.
“El delito que les imputan está dentro del marco de la ley y además está dentro del rango de la fecha”,
explicó a Crónica Uno Sandra Hernández de Bandres, esposa del sargento mayor de tercera, Luis Alexander Bandres.
Actualmente los involucrados en el caso Cotiza están imputados por traición a la patria.
La Ley de Amnistía otorga el beneficio a los presos políticos por hechos acaecidos entre el 2002 y el 2025, pero descarta a quienes participaron en “acciones armadas”, cometieron crímenes de lesa humanidad, o graves violaciones a los derechos humanos. Diversas organizaciones no gubernamentales la catalogaron como excluyente, principalmente con los militares.
Los familiares exigen que tomen en cuenta a los funcionarios al momento de otorgar excarcelaciones, ya que consideran que son los menos beneficiados en todos los procesos.
2 Incertidumbre jurídica
Los militares iniciaron la huelga de hambre en la cancha de la cárcel de Ramo Verde, debido a la incertidumbre jurídica que sienten y para exigir su libertad plena.
La mañana del martes, 10 de noviembre, presuntamente el jefe de régimen cerró un portón que impide el paso entre la torre y la cancha, y no tienen acceso al agua ni al baño, los cuales se encuentran dentro del edificio.
El lunes pasado, cuando los familiares acudieron al Palacio de Justicia para solicitar el beneficio de la Ley de Amnistía, el abogado de los presos políticos también introdujo un documento en el cual notifica formalmente sobre huelga de hambre.
En dicho documento le exigen al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), a la Defensoría del Pueblo y a la fiscalía 124 nacional con competencia en derechos humanos, que acudan a la cárcel de Ramo Verde a constatar el estado de salud de los militares.
Por otro lado, los presos políticos también pidieron la inclusión de sus representantes en las jornadas de negociación, ya que en otras ocasiones excluyen a los militares de las agendas de diálogo.
3 Irregularidades en el proceso judicial
A los 24 militares los condenaron en el 2023. Al sargento de tercera, Luis Bandres, le impusieron una pena de 15 años y 9 meses. Mientras que a los 23 restantes recibieron una sentencia de 7 años y 9 meses de prisión.
Y a pesar de que los sargentos Bandres, Yordanis Camacaro y Alberto José Piñango apelaron a la pena, les ratificaron la condena.
“Se introdujo el recurso de Casación Penal, pasaron el expediente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), allí la Sala de Casación Penal lo revisa y ratifica la condena del tribunal militar. Pero la Sala Constitucional recibe el expediente y ordena que sea devuelto a la Sala de Casación Penal para que sea examinado nuevamente y allí es donde la Sala de Casación Penal anula la sentencia por determinar que el juicio estuvo viciado desde la audiencia preliminar”, explicó Sandra Hernández de Bandres.
En febrero de 2024 la Sala de Casación Penal ordenó que se repitiera todo el procedimiento. Y fue en abril de este año que los militares tuvieron la audiencia preliminar, en la cual les dictaron sobreseimiento a todos los delitos militares y los imputaron por traición a la patria.
“Lo insólito del caso es que el sargento Yofre Castro nunca tuvo el delito de traición a la patria, desde el primer procedimiento judicial, el juez Carlos Liendo le pone traición a la patria en la audiencia preliminar celebrada en abril, es insólito que ponga un delito que no se existía”.
Desde la audiencia, el 26 de abril de 2026 pasaron seis meses sin que el juzgado tercero de juicio abriera el juicio formal y los militares están a la espera de un nuevo juicio, a pesar de que tienen la pena cumplida.
Otra irregularidad que denunciaron los familiares es que registraron casos de expedientes que no cuentan con un tribunal de causa asignado. Asimismo, los recursos interpuestos en la fase de apelación sufren una paralización injustificada.
5 Torturas
Durante el proceso judicial no investigaron las denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos que hicieron los defensores de los militares.
Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal y los familiares de los presos políticos denunciaron que, tras la detención, sometieron a los hombres a electrocución, golpizas, privación de agua y comida, y tortura psicólogica, así como a desparición forzada.
Hasta el 26 de octubre el Foro Penal tenía un registro de 322 presos políticos en Venezuela.
