Keyla Flores, esposa del militar preso político, denunció que los funcionarios de la Dgcim lo pasaron a una celda más pequeña, sin su ropa, sin comida y sin acceso al agua potable. Desconocen por qué los efectivos tomaron esta medida, pero presumen que es para obligarlo a declararse culpable en las audiencias de su juicio. A Molina lo involucran en la Operación Armagedón.
Caracas. El teniente coronel de la Aviación, Ruperto Molina, fue enviado a una celda de castigo en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Después de la primera audiencia de su juicio, el 20 de noviembre, lo sacaron de su celda, le quitaron su ropa, su comida y sus medicinas.
En esta celda de castigo, parecida a la que los presos políticos identifican como “el tigrito”, no tiene ventilación ni puede asearse. Su esposa, Keyla Flores, presume que es una medida de retaliación, posiblemente para obligarlo a declararse culpable.
Desde hace 15 días Molina no tiene posibilidad de hacer la llamada a sus familiares permitida dos veces a la semana, como se ha hecho anteriormente. Los funcionarios de la Dgcim tampoco le dejan recibir visitas.
El teniente coronel Molina fue detenido el 19 de mayo de 2018, en la Base Aérea El Libertador de Palo Negro, en el estado Aragua, durante el acuartelamiento por las elecciones presidenciales del 20 de mayo. El gobierno de Nicolás Maduro lo vincula con la Operación Armagedón, que presuntamente intentaba impedir los comicios.
A Molina lo imputaron por los delitos de instigación a la rebelión, con un supuesto testigo que ya no está en Venezuela, y contra el decoro militar, sin pruebas.
Por la pandemia de COVID-19 en el país se suspendieron las visitas en centros penitenciarios y centros de detención preventiva desde el 14 de marzo. Los familiares acudían únicamente a llevarles ropa, comida y bebida a los detenidos. Sin embargo, desde hace dos meses los militares presos políticos en la Dgcim reciben la visita de un familiar cada 15 días.
La esposa del teniente coronel denunció que Molina es el único militar que recibió el castigo, de los 12 que se encuentran presuntamente implicados en la Operación Armagedón. En la la Dgcim, en Boleíta, están detenidos tres funcionarios, en la cárcel de Ramo Verde hay ocho y en la policía militar de Ramo Verde se encuentra detenido uno.
En la audiencia del 27 de noviembre lo vi y me confirmó que estaba en la celda de castigo. No sabemos por qué lo enviaron a una celda de castigo, él presume que fue por su conversación con la defensa pública, porque hasta ese día tuvo defensa pública y él le dijo, entre otras cosas, que no había hecho nada por su caso”, explicó.
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos Sobre la República Bolivariana de Venezuela documentó las denuncias de tortura que se comenten en las celdas de la Dgcim.
En el informe, presentado en septiembre, señalaron prácticas como: violencia sexual, golpizas con bastones y objetos afilados, asfixias con agua o sustancias tóxicas, mutilaciones, posiciones de estrés como “la crucifixión” (esposado a tubos y rejas), choques eléctricos en genitales, privación de agua y comida, y violencia psicológica como amenazas de muertes a familiares.
También documentaron que Molina, al igual que otros compañeros, fueron trasladados a una celda de torturas que denominaron “la casa de los sueños”, el 1º de enero de 2020. A los militares los esposaron, les pusieron una capucha y los metieron en un vehículo que manejaron por varias horas, para confundir a los detenidos sobre la distancia del lugar.
Los familiares de los detenidos han denunciado que las celdas, sin baños, miden aproximadamente 2,75 x 2 metros y tienen hasta tres ocupantes. No hay ventilación y tienen luz artificial encendida las 24 horas. Detallaron que hay varias celdas utilizadas para torturar a los detenidos durante los interrogatorios.
En marzo de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para todos los detenidos en la Dgcim.
Familiares no pueden entrar a audiencias de los militares
Según Keyla Flores, esposa del teniente coronel, a la comisión de Michell Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no le han permitido el ingreso a las audiencias de los militares presos políticos pero los funcionarios tampoco se han presentado.
Pidió a la comisión de Bachelet que insista y se presente en las audiencias para que constate las violaciones a los derechos humanos que se cometen. “Los juicios son orales y públicos, todas las personas pueden entrar en la audiencia pero se están agarrando de la pandemia para impedir que entren familiares y la comisión”.
La ONG Justicia Venezolana confirmó, a través de una nota de prensa, que en la semana del 17 de noviembre se iniciaron algunos juicios en la Corte Marcial, en los cuales han implicado a militares presos políticos.
En octubre, el abogado Yonathan Mustiola, director de Justicia Venezolana, denunció que en los casos de los militares presos políticos había retardo procesal de hasta 750 días.
“Denunciamos el grave retardo procesal penal que vienen arrastrando las causas penales en contra de los presos políticos militares, lo cual hemos denunciado desde nuestra organización antes de que iniciara el confinamiento por COVID-19”.
La Misión de Determinación de los Hechos se refirió en su informe al caso del teniente coronel Molina, así como al de otros militares presos políticos por la Operación Armagedón. El gobierno de Maduro detuvo al menos a 30 oficiales y civiles solo en mayo de 2018.
El informe especial de Una Ventana a la Libertad, publicado en abril de este año, detalló que el hacinamiento en la Dgcim es de aproximadamente 80 %. Se calcula que hay entre 90 y 110 detenidos. Sin embargo, aunque no hay listas externas que permitan conocer la identidad de los privados de libertad, los familiares presumen que hay alrededor de 200 detenidos.
Hasta el 30 de noviembre, el Foro Penal Venezolano registró que en Venezuela hay 359 presos políticos: 129 son militares, 25 mujeres, 2 adolescentes y 13 indígenas.
Foto principal: Cortesía de los familiares.
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