La ONG abrió en Google una recolección de firmas en apoyo a una carta que enviarán al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, en la que piden el respeto del derecho a la asociación en Venezuela, garantizado en el artículo 52 de la Constitución Nacional e incluido en pactos y tratados internacionales.
Caracas. La ONG Espacio Público inició una campaña para exigir al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, el cese de la campaña de persecución a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, personas defensoras de derechos humanos y contra quienes ejercen legítimamente su derecho a la libre asociación en Venezuela para atender a grupos vulnerables en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja.
#EsMiDerecho | Exigimos que se rechace públicamente la persecución contra organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, y personas que defienden los #DDHH.
¡Súmate, firma y para que las ONG sigan con su labor https://t.co/rVMk3UhFey!
— Espacio Público (@espaciopublico) April 15, 2021
La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento emitió una providencia administrativa (número 001-2021) que abre las puertas al control de las organizaciones civiles y sin fines de lucro, uno de los pocos espacios no dominados por el Ejecutivo, que se suma a la persecución policial y judicial de la que han sido objetivos las organizaciones civiles.
La ONG abrió en Google una recolección de firmas que acompañarán la carta que enviarán a Ruiz Angulo. En la carta, recuerda que “el Estado no cumple con sus obligaciones de protección y garantía de derechos básicos como la salud, la alimentación, y el acceso a la justicia; sin embargo persigue a las organizaciones y defensores de derechos humanos que exigen que se respeten y protejan los derechos humanos. Se criminaliza el financiamiento extranjero, aunque es parte del derecho humano a la asociación protegido por los pactos y tratados internacionales a los que está sujeta la Constitución Nacional”.
Espació Público indica en el documento que “organizaciones de la sociedad civil registraron en el año 2020 más de 300 hechos que comprometieron la integridad y el trabajo de defensores de derechos humanos. Generalmente inician con señalamientos en medios públicos o dirigidos por el Gobierno, continúan con declaraciones de altos funcionarios; y se concretan con campañas de descrédito o acciones de las fuerzas de orden público contra quienes ofrecen asistencia o ayuda humanitaria en el país”.
De acuerdo con la misiva, este año dos organizaciones han sido víctimas de allanamientos de sus sedes, lo cual limitó su trabajo de entrega de medicinas y artículos de salud a personas de bajos recursos y se registraron más de 100 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos,
En enero pasado fueron detenidos cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo, organización que tiene más de 10 años apoyando a personas con VIH y otros grupos vulnerables en regiones remotas del estado Zulia, refiere Espacio Público en la carta. Los cinco activistas fueron excarcelados con medidas cautelares casi un mes después, “estos activistas son una muestra de la acción estatal contra quienes ayudan a otros, documentan violaciones de los derechos humanos en Venezuela y transmiten la información a los sistemas internacionales de protección”.
“Organismos internacionales se pronunciaron recientemente respecto a la persecución de personas defensoras en Venezuela. El 18 de febrero de 2021 expertos en derechos humanos de la ONU instaron a las autoridades venezolanas a ‘poner fin a los continuos y crecientes ataques e intimidaciones en contra de las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas’, y pidieron “que respeten y protejan la labor de la sociedad civil, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos”.
En la carta, como ciudadanía, activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, exigen al defensor que rechace públicamente:
– La persecución contra organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales y personas que defienden los derechos humanos.
– Las declaraciones de funcionarios de Gobierno y campañas de medios públicos que desprestigian a las ONG venezolanas.
– El uso de medidas judiciales y administrativas para amenazar, limitar y afectar la labor humanitaria de personas defensoras de derechos humanos.
Que públicamente abogue por:
– El respeto del derecho a la asociación en Venezuela, garantizado en el artículo 52 de la Constitución Nacional e incluido en Pactos y Tratados internacionales.
– El respeto y reconocimiento del financiamiento internacional como mecanismo legítimo para organizaciones de la sociedad civil.
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