Julio César Rodríguez tiene más de dos años preso y sin juicio, detenido por el caso de corrupción de las licencias SAP en Pdvsa. Era uno de los cinco socios autorizados en Venezuela para acreditar este software alemán que permite a la estatal ejecutar ciertas operaciones de contabilidad y logística.
Caracas. “Pido que sea un proceso limpio, un debido proceso honesto. Yo sé que mi esposo defendiéndose, obtendrá su libertad porque tenemos pruebas”, dice Lansuey Chang, la esposa del empresario Julio César Rodríguez Salazar.
Julio es uno de los cinco partners autorizados por Alemania en Venezuela para la actualización tecnológica del sistema SAP (un software de gestión empresarial), quien tiene más de dos años preso en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, sin iniciar su juicio.
Hace poco Lansuey decidió exponer públicamente el caso de su esposo, el cual mantuvo en silencio por temor a represalias. Ahora exige su libertad y sostiene la necesidad de que si se le quiere juzgar sea en un proceso justo, con derecho a la defensa y respeto por sus garantías.
“Denuncio que, por permanecer dos años callada, se le han violado todos sus derechos al debido proceso y se le han violado todos sus derechos humanos, de manera sistemática y flagrante. Ha sido privado de libertad sin garantías, sin acceso pleno a la defensa, sin información sobre su situación jurídica, sin un juicio justo e imparcial, y siendo sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo tortura”.
Abusos y coacción
Lansuey relató que la persecución contra su hogar se mezcló con coacciones operativas de la propia estatal petrolera. Tras la detención de su esposo, el 23 de septiembre de 2024, bajo la excusa de que era convocado para rendir una declaración, Julio César permaneció 11 meses en desaparición forzada.
Denunció que, tras la detención, la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) exigió que se concluyera la instalación del software estratégico.
“Pdvsa me llamó y me dijo: Hay que terminar el programa porque esto es una situación política, lo de su esposo es político, pero esto es un contrato que hay que terminarlo. Y lo terminé sin dinero, lo terminé porque los otros consultores apoyaron a mi esposo (…) se terminó de instalar el sistema en julio del año pasado (2025). Totalmente operativo y mi esposo todavía está preso”,
relató.
Un tribunal sin respuestas
A Julio César le imputaron los cargos recurrentes en los expedientes de persecución política en el país: terrorismo, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Además de señalamientos infundados sobre una supuesta filtración de información a Estados Unidos (EE. UU.) a través del caso Pdvsa-SAP.
Su expediente reposa en el Tribunal Primero de Instancia en Materia de Terrorismo, bajo la tutela del juez José Antonio García, a quien su defensa y familiares acusan de evadir sistemáticamente el proceso y de no atenderlos cuando se han exigido respuestas.
“El juicio no ha empezado. A mi esposo apenas le hicieron una preliminar en la que ni siquiera pudo hablar, se la hicieron el año pasado, el 17 de febrero. Le formularon los cargos y lo imputaron, sin más”, detalló su esposa.
El hostigamiento institucional no se limitó a la detención del empresario. Las oficinas de la familia fueron allanadas y desvalijadas, lo cual los dejó en la indefensión material y sin la posibilidad de retomar su trabajo.
Desde la calle
Lansuey describe a su esposo como “un empresario con más de 45 años de trayectoria profesional. Quienes lo conocen dan fe de su amplia y reconocida labor como empresario, siempre apegado al trabajo, al desarrollo económico del país y al respeto de la ley”.
Ella decidió sumarse a las protestas de calle en las que se expone la causa de los presos políticos para visibilizar y acelerar respuestas en torno al caso de su esposo, ya que actualmente él padece varios problemas de salud que requieren atención urgente.
Aseguró que padece una cardiopatía hipertensiva no controlada, diabetes sin tratamiento prescrito y una hernia inguinal.
El caso de Julio César Rodríguez no es un hecho aislado dentro del panorama nacional. De acuerdo con los balances más recientes de Foro Penal, y pese a las excarcelaciones de los últimos meses, aún hay 322 presos políticos en el país, de los cuales 307 son hombres y 15 mujeres, distribuidos entre 182 civiles y 140 militares.
Lea también:
Carlos Tovar, coordinador de motorizados de Vente Venezuela Aragua, suma 28 meses detenido
