De acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal, hasta el 23 de septiembre se contabilizaron 1867 arrestos. De esa cifra, 68 son adolescentes, con edades que van de los 14 a los 17 años.
Caracas. “No somos terroristas, somos inocentes. Algún día me iré de este lugar tan feo, de este infierno al que nadie pertenece, esto no es vida. ¿Cómo es posible estar pagando algo que ni yo ni mis compañeros hicimos?”, manifiesta Miguel Urbina, un adolescente de 16 años detenido en el marco de las protestas poselectorales.
A través de una carta, lo único que pide es su libertad y la de sus compañeros. No quiere que lo llamen terrorista. Tampoco entiende el término de forma clara, debido a que en el momento de su detención, lo único que hacía era comer una chuchería frente a la puerta de su casa.
Miguel clama por justicia porque lo que serían 10 días de “averiguaciones”, se convirtieron en casi 60 días de espera para los detenidos durante las protestas que iniciaron el lunes, 29 de julio, en rechazo a los inauditables resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral y que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
“¿Para esto está la justicia? Nos dijeron 10 días y ya han pasado dos meses (…) Es triste ver lo que están haciendo con nosotros, están acabando con nuestros sueños, metas”, dice en otro fragmento del escrito.
Sueños encarcelados
Desde la plaza Parque Carabobo, frente a la sede principal del Ministerio Público, Theany Urbina, su mamá, lee la carta firmada por el adolescente detenido desde el 2 de agosto. Junto a ella, otras madres también tienen en sus manos fotografías y cartas, las cuales han sido la vía que han usado para expresar que sus sueños han sido truncados.
Theany dice que su hijo no fue el único detenido, pues considera que el hecho de no poder ocuparse de la recreación de su hija de tres años, hace que la infante también lo esté.
Muchos de los que permanecen en el Centro de Atención Ciudad Caracas, ubicado en El Cementerio, no participaron en las protestas, por eso ven como injusta su permanencia en el reclusorio.
Cabe destacar que la protesta pacífica es un derecho, por lo que de haber participado, no se trata de un delito.
“No son terroristas, son inocentes”, gritan, con lágrimas en sus ojos, las madres que ahora conforman el comité de “Madres en defensa de la verdad”, quienes junto con familiares de otros detenidos mayores de edad y un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se unieron a la convocatoria, se dispusieron a entregar un documento en el Ministerio Público dirigido al Fiscal Tarek William Saab.
Pedir la libertad
En el documento, entregado en la mañana de este jueves, 26 de septiembre, se pide la liberación de los ocho adolescentes y siete mayores de edad, todos residentes de zonas populares del país.
“Por el solo hecho de vivir en una zona popular se quieren llevar a las personas. No solo están detenidos injustamente sino que no tienen derecho a la defensa. ¿Qué tipo de juicio es ese?”, critica un integrante de una de las alianzas que mostraron apoyo.
Incitación al odio, terrorismo, y hurto, en algunos casos, son algunos de los cargos en común para los encarcelados.
Lisger García, se movilizó desde La Guaira para denunciar la detención de su hijo, Jesús David Rosal, detenido desde el 29 de julio mientras regresaba desde la casa de un amigo en el sector Sotavento.
Sin razón ninguna fue interceptado por cuerpos policiales que le ordenaron subir al vehículo.
“Yo me enteré a las 12:00 a. m. porque él me llamó y me dijo que fuera para allá”, cuenta Lisger, antes de agregar que ese día era su cumpleaños.
Recuerda con claridad el 8 de agosto, fecha en la que pudo verlo por última vez, antes de que lo trasladaran al Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en Tocuyito.
“Esto cambió mi vida totalmente. Me encuentro con las manos atadas porque aunque voy de un lado a otro, siento que no puedo hacer nada”, lamenta entre lágrimas.
Sin derechos
Desde su traslado, solo ha podido escuchar su voz una vez. Durante la llamada, su hijo aseguró que “estaba bien”, pero eso a Lisger no le consta debido a que desde que llegó al centro de reclusión del estado Carabobo no ha podido entregarle ropa, comida, ni artículos personales.
Denuncia que en el momento de su detención, a su hijo despojaron de su celular, el cual nunca apareció. Tampoco los 50 dólares que tenía en su cartera.
La opacidad sobre su proceso y la falta de pruebas le resulta algo desesperante. Por esa razón lo único que recalca es la inocencia de su hijo de 25 años, que ni siquiera participó en las protestas.
De acuerdo con cifras de la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, hasta el 23 de septiembre se contabilizaron 1867 arrestos. De esa cifra, 68 son adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años y 1799, son adultos.
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