Evangélicos inician cruzada para impedir que TSJ dé derechos a grupos LGBTI

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En cuestión de días, el Tribunal Supremo de Justicia recibió ocho escritos oponiéndose a que el Máximo Juzgado le dé la razón a Tamara Adrián en su demanda por identidad o Venezuela Igualitaria en su acción por el matrimonio igualitario.

Caracas. “Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre (…) Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. Este pasaje del Génesis es uno de los tantos argumentos bíblicos con los que colectivos de cristianos evangélicos están inundando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para evitar que este organismo confiera cualquier tipo de reconocimiento a los grupos de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e Intersexo (LGBTI).

Solo en dos días —el 10 y 12 de mayo— la Sala Constitucional recibió ocho escritos de iglesias y congregaciones evangélicas oponiéndose tanto al recurso de habeas data que la diputada Tamara Adrián interpuso en mayo de 2004 para que se le reconociera como mujer; y al recurso de nulidad que la agrupación Venezuela Igualitaria  interpuso contra el artículo 44 del Código Civil, el cual establece que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer, según consta en las cuentas 82 y 84 de la instancia.

Los escritos del Ministerio Internacional Rocío del Espíritu Santo; la Unión de Iglesias Cristianas de Venezuela; la Federación Centro Cristiano para las Naciones, el Centro Evangelístico de Caracas; la Fundación Familia es Vida; el Ministerio Internacional Apostólico; Profético y Discipular Iglesia de Jesucristo; la Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene y la Iglesia Cristiana Maranatha Venezuela dejan en claro que parte de esta comunidad religiosa ha iniciado una cruzada contra la posibilidad de que la legisladora transgénero opositora pueda tener una cédula de identidad acorde a su sexo y a que personas del mismo sexo puedan casarse y tener los mismo derechos que parejas heterosexuales.

“Los intolerantes se han movilizado”, afirmó Adrián, cuando Crónica.Uno la consultó sobre la batalla judicial que se avecina. “Estos grupos se oponen no solamente a mi derecho a la identidad sino al reconocimiento de otros derechos del colectivo LGBTI, incluso confunden la acción mía con la de Venezuela Igualitaria, pero igual es bien bueno que se dé este debate que creo que hace mucho se ha debido dar. ¿Hasta dónde puede llegar la religión en un Estado que se dice laico?”.

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Adrián, quien es catedrática de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, recordó que solo en dos ocasiones en la historia de Venezuela se ha debatido sobre la influencia de la religión en la vida pública. “La primera, durante el Gobierno de Antonio Guzmán Blanco, quien estableció el matrimonio civil y separó definitivamente al Estado de la Iglesia Católica; y luego en 1982, cuando se reformó el Código Civil para suprimir esa infame figura de los hijos ilegítimos, pero ninguna de las dos se dio con la profundidad requerida”, afirmó.

Venezuela es de los pocos países de América Latina que no ha aprobado ninguna ley que permita a las personas del mismo sexo casarse o al menos formalizar su relación como ocurre en países considerados más conservadores aún, como Colombia y Chile. Asimismo, tampoco facilita de ninguna manera tratamientos médicos para que las personas que se sienten atrapadas en el cuerpo incorrecto puedan someterse a las operaciones para adecuarse, como fue el caso de Adrián.

¿Por qué ahora?

La demanda de Adrián en el TSJ tiene 12 años, pero apenas fue en marzo pasado cuando la Sala Constitucional —con ponencia de la magistrada Lourdes Suárez— anunció que revisaría el caso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿La película protagonizada por Luis Fernández y que está basada en su caso provocó la acción? “Yo creo que es porque ese cuento de que aquí había derechos para todos ya no era sostenible y además porque en tiempos de crisis, cuando no tienes popularidad debes buscar votos en todos sitios”, replicó la accionante.

Desde el Máximo Juzgado, por su parte, dieron otra versión distinta a la de los simples fines electorales y atribuyeron el momento de su decisión a los cambios que ha sufrido la instancia en los últimos meses. “La Sala Constitucional hace unos años era mucho más conservadora que ahora”, dijo el informante, en clara alusión a Luisa Estella Morales, quien durante siete años presidió el TSJ y durante ocho la Sala Constitucional.

“Morales (de confesión evangélica) engavetó el caso de Adrián y otros que tocaban el tema de los colectivos LGBTI”, aseveró el informante. Morales fue una de las 13 magistradas que fueron forzadas a anticipar su jubilación en diciembre pasado.

En 2008, la Sala Constitucional rechazó abrirle las puertas a los matrimonios igualitarios cuando respondió el recurso de interpretación del artículo 21 de la Constitución, el cual estipula que todos los venezolanos son iguales ante la ley, que la agrupación Unión Afirmativa interpuso. En esa ocasión, la instancia falló en que la Constitución solamente prevé el matrimonio entre un hombre y una mujer.

Sin embargo, en el mismo dictamen estableció: “La norma constitucional no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, que encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad; simplemente no les otorga protección reforzada, lo cual no constituye un acto discriminatorio en razón de la orientación sexual de la persona”; y dejó abierta las puertas para que la Asamblea Nacional (AN) les buscará un encaje, cosa que ninguno de los parlamentos controlados por el oficialismo hicieron.

Foto: AVN


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