Marino Alvarado, coordinador de Provea, cree que la actuación de la Policía Anticorrupción pareciera tener intereses electorales. “Nicolás Maduro necesita recuperar credibilidad, que la tiene bastante baja”.
Caracas. A juicio de Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea, existe un alto riesgo de que se ejecute una persecución política en la lucha contra la corrupción y el uso de la Policía Anticorrupción para tal fin.
Señaló que ese cuerpo podría emplearse para “perseguir y detener” a la disidencia, a líderes de la oposición o grupos de personas contrarios o incómodos para el grupo de poder. Y que al final serán considerados no como presos políticos, sino como “delincuentes comunes que están vinculados a hechos de corrupción”.
La Policía Nacional Contra la Corrupción (Pncc) nace el 17 de noviembre de 2014 y está encargada de “diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra los delitos derivados y conexos asociados con el fenómeno de la corrupción”.
Además, este cuerpo depende exclusivamente del Ejecutivo, que aprueba al personal de este organismo.
“Brazo político”
Alvarado cree que, en un país donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, la creación de una Policía Anticorrupción no es un hecho “transparente”. Ni sus integrantes ni sus sedes son identificadas, lo cual se puede prestar para “graves violaciones de los derechos humanos”.
“No le basta al Gobierno ya tener al Sebin, al Dgcim y la PNB. Ahora crearon este organismo supuestamente especializado contra la corrupción”, consideró Alvarado.
Por su parte, Saúl Blanco, abogado y miembro de la ONG Espacio Público, puntualizó que este cuerpo policial al estar adscrito a la presidencia, no es un medio autónomo.
Blanco indicó que si se llegase a inventar un supuesto caso de corrupción, fácilmente el Ejecutivo manda a esta policía a tomar acciones y convertirse en su “brazo político”.
“Y al final, ¿Cómo quedarían los actos de corrupción del Ejecutivo? ¿Esta Policía Anticorrupcion va a investigarlo o no? ¿Existen riesgos de la vulnerabilidad de la independencia de la investigación de esta policía? Esas son preguntas que hay que hacerse”.
Aparición de la Policía Anticorrupción
Después de casi nueve años de haber sido creado el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción –un organismo que opera con total discreción– hace su aparición pública a través de un comunicado el 17 de marzo de 2023. En este solicitó al Ministerio Público el procesamiento judicial de funcionarios por presuntos actos de corrupción y malversación de fondos.
Tres días después, el 20 de marzo, Tareck El Aissami renunció a su puesto como ministro del Petróleo, en medio del operativo contra la corrupción. Hasta el 5 de abril habían detenido a 51 personas, entre hombres y mujeres, por hechos de corrupción vinculados con la estatal Pdvsa.
Entre los detenidos están: el diputado chavista Hugbel Roa; Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena (Las Tejerías), estado Aragua; Pedro Maldonado, presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y Néstor Astudillo, presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
Respecto a esta lucha contra la corrupción en 2023, el coordinador de Provea piensa que la actuación de esta policía pareciera tener intereses electorales.
“Se acercan las elecciones de 2024 y Nicolás Maduro necesita recuperar credibilidad, que la tiene bastante baja”, precisó.
Violación de los derechos
Alvarado expuso que una de las particularidades de las detenciones efectuadas por la Policía Nacional Contra la Corrupción es que “se están vulnerando los derechos” de los detenidos al no cumplirse el debido proceso.
Aspectos como que algunos fueron aprehendidos sin una orden judicial, fueron presentados luego del lapso de las 48 horas y que no tuvieran acceso a una defensa privada, son una “práctica común” en detenciones por motivos políticos, según el defensor.
Por otro lado, el abogado Blanco explicó que debido a la opacidad y falta de acceso de información de la Policía Anticorrupción se constituye un incentivo a la corrupción, a la vulneración de los derechos humanos y la disminución de la contralaría social.
Expuso que este cuerpo de seguridad podría restringir el ejercicio de los derechos humanos, tanto en términos de seguridad, libertad de expresión y de libre asociación.
Indicó que lo ideal sería que este organismo fuera creado por una ley que tenga un desarrollo claro donde exista la participación y discusión ciudadana.
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