Para Gustavo Manzo, abogado constitucionalista, reformar el Poder Ciudadano es algo innecesario en la actualidad. Por su parte, el politólogo Fernando Spiritto lo ve como otro paso a la consolidación del chavismo de cara a la próxima década.
Caracas. A los ojos de expertos en el área judicial y política, el plan de la Asamblea Nacional (AN) de modificar el Poder Ciudadano para nombrar nuevos titulares en los organismos que lo componen es un movimiento político que no tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de la Defensoría, la Fiscalía General ni la Contraloría.
Se trata de una situación similar a la ocurrida a finales de abril cuando la AN, a través de un comité de postulaciones judiciales, presentó nombres de candidatos para conformar un nuevo TSJ, y hacer una “revolución judicial” solicitada por Nicolás Maduro y que tendría como meta, supuestamente, mejorar el sistema de justicia.
La “revolución judicial” no fue tal, y la evidencia está en que del nuevo TSJ, 60 % de los magistrados repiten en su cargo, y solo uno de los 20 no tiene vínculos directo con el chavismo.
Con este antecedente, surgen las dudas respecto al verdadero motivo para reformar el Poder Ciudadano, puesto que será la misma AN la que decidirá quiénes (escogidos por el mismo Comité de Postulaciones) tomarán posesión de los órganos de esta rama del Poder Público, algo que es inminente como ya anunció el diputado José Gregorio Correa.
A juicio del abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Metropolitana Gustavo Manzo, la reforma del Poder Ciudadano tiene como único objetivo hacer un “bypass” que le permita al Parlamento el nombramiento de nuevos funcionarios, para asegurar que esta rama del Poder Público funcione adecuadamente.
“Si los lapsos no están vencidos, no se puede adelantar el nombramiento de nuevos funcionarios, los lapsos están establecidos en la Constitución. Los procesos deben cumplirse tal y como los señala la carta magna”, explicó.
Manzo comentó que los cargos del defensor del pueblo, contralor general y fiscal general de la República tienen una duración de siete años y recordó que los funcionarios actuales en esos puestos tienen entre cuatro y cinco años en ejercicio.
“Si alguno de ellos cometiera un delito, entonces sí se podrían y se deberían hacer los cambios, pero salvo esas excepciones, se les debería terminar su mandato. Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí un juez de la Corte Suprema tiene el cargo de forma vitalicia, esto se hace precisamente para que no se sientan presionados por quién sea que esté ocupando la Presidencia, para que puedan actuar con libertad”, explicó.
El jurista, quien también criticó la selección de nuevos magistrados del TSJ para, supuestamente, “mejorar” el tribunal, aseveró que ocurre lo mismo en el caso del Poder Ciudadano; es decir, que para su mejor desempeño no es preciso reformar la ley.
¿Es necesario reformar la Ley del Poder Ciudadano para que este funcione mejor? No diré que no, pero lo que verdaderamente hace falta es que los titulares de esos organismos sean más eficaces: que el contralor controle más, que el defensor defienda más y que el fiscal trabaje mejor. La necesidad de cambiar la ley no existe porque no hay necesidad de adaptar nada para mejorar su funcionamiento”, explicó.
El abogado concluyó que la propuesta de reforma del Poder Ciudadano, en el fondo, es política, ya que para él lo que busca es un simple cambio de fichas.
“Reformar el Poder Ciudadano es innecesario, es mover fichas, es como mover al alfil en un tablero de ajedrez, así es como lo veo como jurista, como algo innecesario, al igual que fue innecesario reformar la ley del Poder Judicial”, expresó.
Otro paso más en la consolidación del chavismo
En los dos últimos años el chavismo se ha asegurado el control de los poderes Legislativo, Electoral y Judicial, motivo por el que asegurarse y renovar su control sobre el Poder Ciudadano es algo que para el politólogo Fernando Spiritto es simplemente “otro paso más rumbo a la consolidación chavista por los próximos 10 años”.
Más que el proceso, lo que nos tiene que interesar es el resultado, ¿esta renovación significaría un Poder Ciudadano más equilibrado? Yo creo que no. (…) No me hago ilusiones, tenemos dos antecedentes inmediatos: las elecciones de Barinas donde el gobierno desconoció una elección popular; y la reforma del TSJ donde volvió a asegurar su poder ahí”, describió el politólogo.
Para Spiritto, la “ilusión de normalidad” que se busca vender desde el gobierno de Nicolás Maduro no se corresponde con la realidad del país en la que, según él, se siguen apreciando “las características de desprecio por la democracia liberal”.
“El chavismo es una aplanadora. Ha seguido profundizando su proyecto, en cambio la oposición sigue sacando cuentas particulares, en la oposición nadie juega a la unidad porque cada uno cree que puede sacar beneficios particulares. Por eso la oposición está totalmente destruida”, explicó.
A juicio del politólogo, más allá de considerarse como “otro paso hacia la consolidación”, la reforma del Poder Ciudadano le permite al gobierno de Maduro refrescar su control sobre instituciones como la Contraloría, la Defensoría y la Fiscalía General, algo que, dijo, es “vital” para un chavismo que “desde hace tiempo ya no se mantiene con el poder popular”.
Desde hace mucho el poder del chavismo se basa en las instituciones del Estado, en el clientelismo y la poca renta petrolera, eso es lo que lo mantiene todavía gobernando”, afirmó.
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