Fallas en la distribución de los Clap agravan desigualdad tras seis años de su creación (y II)

Clap

A juicio de Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares, los Clap perpetúan la dependencia y el control político. La falta de datos actualizados sobre escasez y desnutrición, junto con la baja calidad nutricional de los productos, se suman a las críticas contra el programa gubernamental.

Caracas. Más allá de las críticas sobre el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el programa gubernamental responde a una necesidad que, seis años después de su implementación, lejos de solucionarse, se ha agudizado en las zonas donde más se necesita.

El debate sobre la efectividad de los subsidios y ayudas estatales en medio de una situación de pobreza extrema tiene un capítulo aparte cuando se analiza el caso de las bolsas de alimentos entregados por los Clap.

Para Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares, estos mecanismos, creados como una forma de auxilio social directo, no solo son insuficientes, sino que también reflejan una lucha de poder y dominación en la estructura política y social del país.

Siempre todo Estado necesita unas vías de ayuda o algunas vías de subsidios directos en caso de pobreza extrema. El problema es que aquí este subsidio no es solamente un caso. Todos estamos en pobreza extrema porque un salario mínimo como el que está vigente en Venezuela, está concebido para la dominación de toda la de toda la sociedad, explicó.

El cuestionamiento se centra en que, al imponer un salario mínimo que apenas cubre las necesidades básicas, se perpetúa un estado de pobreza generalizado. El sistema de subsidios, en este sentido, no sería más que un instrumento para mantener el control político.

El precio de la bolsa equivale a alrededor de 33% del salario mínimo vigente hasta el mes de noviembre de 2023. Fotografia: Tairy Gamboa
Problema de fondo

De acuerdo con Pérez, con programas como los Clap, el Estado busca mantener su dominio a través de la distribución de ayudas, asociando dichos recursos a la estructura comunal y, en última instancia, fortaleciendo su aparato político.

El programa debería estar diseñado para que, en algún momento, los beneficiarios puedan abandonar el subsidio a través de los Clap, de alguna forma.Por lo contrario, pareciera que el objetivo es mantenerlo, justamente como una extensión del aparato político. Les interesa mantenerlo como aparato político de dominación, porque asociado al Clap está toda la estructura comunal. Entonces, el punto no es la caja, como siempre digo. O sea, el problema no es la caja de los Clap, sino todo el sistema de dominación que está implícito en esa plataforma y en ese instrumento, argumentó.

La crisis desatada por el control de precios, el descenso de la producción de alimentos, la falta de divisas por el control de cambios y la caída de las importaciones derivó en un desabastecimiento de alimentos cercano a 30 % para marzo de 2014, fecha en la que el Banco Central de Venezuela publicó el último índice de escasez de alimentos. Desde entonces, las cifras oficiales sobre este indicador no se han actualizado.

Cuando se empezaron a repartir las bolsas de los Clap, los venezolanos habían perdido un promedio de 8 kilos, de acuerdo un estudio publicado por el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) en el año 2017. Sin embargo, aunque la entrega directa de bolsas o cajas con productos ayudó a detener el auge del hambre, esta no resolvió la desnutrición, como consecuencia de fondo, pues el contenido nutricional de los alimentos que vienen en las cajas Clap es bajo en proteínas y vitaminas, y alto en grasas, azúcares y carbohidratos, denunció la ACNUDH desde 2018.

Para habitantes del estado Nueva Esparta esta realidad permanece cinco años después. Este año la bolsa de los Clap ha tenido un retraso de hasta tres meses en algunas comunidades. En otras zonas, cuando llega, los productos que se entregan son limitados y de baja calidad. Asimismo, algunos trabajadores públicos contaron a Crónica.Uno que han sido obligados a participar en actividades políticas para mantener su derecho a recibir la bolsa.

Asimismo, los neoespartanos inscritos en el registro del programa gubernamental de alimentación también denunciaron que desde inicios de este año aumentaron los retrasos en la entrega de las bolsas con productos básicos.

Discrecionalidad

Según testimonios de habitantes de la isla de Margarita, en las urbanizaciones Pedro Luis Briceño del municipio García y en el sector Barbasco del municipio Península de Macanao, los vecinos se vieron obligados a devolver las bolsas a los líderes comunales, debido a que contenían harina de maíz con gusanos y arroz dañado.

Esto llevó a los jefes de calle a tener que llamar al transporte y devolver los productos a Dinesa, la empresa a cargo de la distribución. A esto se suma que, si bien el precio de la bolsa subió de 10 a 20 bolívares, su contenido no mejoró en calidad ni variedad.

De acuerdo con la versión de los vecinos, faltaban productos como aceite, mayonesa y harina de trigo. Incluso, el concejal Mélido Hernández denunció que amenazaron con quitar definitivamente la entrega a quienes se quejaran por la escasez.

Por su parte, los líderes vecinales consultados para este trabajo manifestaron desconocer cuándo se reanudará el programa, lo que agrava la incertidumbre de la población. Incluso trabajadores de empresas públicas como Corpoelec dejaron de percibir los complementos alimenticios que antes recibían.

Los productos nacionales de empresas expropiadas no cubren la demanda de los Clap. Foto: Manuel Díaz

Desigualdad
En octubre de 2016, seis meses después de creados los Clap, Maduro promulgó un decreto con el que obligaba a las empresas agroalimentarias a venderle al Estado a precios fijos el equivalente a 50 % de su producción. Todo esto se entregaba a los Clap, como reseñó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un informe de 2018.

Ni el potencial agroalimentario de Barinas le ha garantizado la distribución constante del beneficio. En el Municipio Barinas, la entrega de bolsas de alimentos se ha convertido en un tema de preocupación y desigualdad. Mientras en la Alcaldía solo se otorgan a los empleados del Despacho, una vez al mes, en algunas comunidades la situación es aún más crítica.

En la urbanización Rául Leoni, por ejemplo, los residentes no han recibido la bolsa desde abril, aunque esto puede variar según la comunidad y la parroquia. Sin embargo, en el complejo urbanístico Ciudad Tavacare, donde residen 5.360 personas en 338 edificios, la bolsa llega regularmente todos los meses. Esta zona se caracteriza por un fuerte control político por parte del partido de gobierno y la presencia de colectivos.

La disparidad en la entrega de estas bolsas también se refleja en el Consejo Legislativo Regional. Según una funcionaria de esta institución, que pidió reservar su identidad, solo se entregó una vez, y fue en respuesta a la suspensión del bono de asistencia. Parece más una medida para apaciguar la situación que un subsidio regular y constante.

Esta situación pone de manifiesto la falta de transparencia y equidad en la distribución de recursos básicos para la alimentación de los ciudadanos. La entrega selectiva de bolsas de alimentos solo a ciertos grupos o comunidades con afinidad política crea una clara división y deja a otros en condiciones de vulnerabilidad.

El factor Alex Saab

Hasta el año 2019, cuando el Gobierno relajó las restricciones para la importación y producción de rubros alimentarios, la disponibilidad de alimentos había alcanzado mínimos críticos, debido a que las importaciones de alimentos se habían reducido en 76 % entre 2013 y 2017, el pico máximo de desabastecimiento, reveló la ACNUDH en 2020, ante falta de estadísticas oficiales.

La entrega de las bolsas Clap en el estado La Guaira presenta demoras significativas que van desde 5 a 6 semanas, e incluso hasta a dos meses en sectores menos poblados como Caruao, Carayaca y El Junko. La empresa Salva Foods, vinculada al empresario Alex Saab, preso en Estados Unidos por una investigación sobre presunto lavado de dinero, solía encargarse del empaquetamiento en el puerto de La Guaira.

Por eso, antes la frecuencia de entrega era de 3 semanas a un mes. Sin embargo, tras la detención de Saab, la empresa dejó de operar en esta área y todavía adeuda prestaciones sociales a sus trabajadores. Ahora, la responsabilidad recae en la empresa estadal Vargas Alimentos.

Sin embargo, es importante destacar que la caja Clap que llega a las comunidades no es igual a la que reciben los empleados de organismos públicos. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, se entrega mensualmente un combo proteico que incluye 15 kilogramos de carnes rojas y pollo, además de un kilo de queso blanco y mortadela. Los trabajadores de estas instituciones también tienen acceso a productos de marcas reconocidas en Venezuela, como Polar, que incluyen caraotas, salsas de tomate, aceite vegetal y cartones de huevos.

Esta disigualdad en la calidad y variedad de productos entre las bolsas Clap entregadas a las comunidades y las que reciben los empleados de oficinas públicas genera una clara desigualdad en el acceso a alimentos y productos básicos, lamentaron vecinos consultados para este trabajo.

La cercanía de Caracas con el Litoral central, lo convierte en su principal centro de acopio y distribución de alimentos. Los productos más comunes que llegan en las bolsas Clap en las zonas de Caracas incluidas en el programa son 4 harinas de maíz precocidas; 2 arroces de un kilo cada uno; una pasta de un kilogramo, un paquete de un kilo de arvejas, una bolsa de azúcar refinada, un aceite vegetal de 800 gramos, un paquete de leche de 250 gramos, un paquete de chicha en polvo de 250 gramos, una lata de sardinas y una lata de mortadela.

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