Familia de Catia denuncia que inquilino intenta quitarle su vivienda con apoyo de funcionarios públicos

inquilino

Richard Ramón Butten Berihuetes, apoyado por funcionarios de la Misión Negra Hipólita, de la Policía Bolivariana y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura intenta, presuntamente, arrebatar la vivienda y un local comercial a María Eugenia Mora, viuda de Istúriz, y sus tres hijos.

Caracas. María Eugenia Mora, viuda de Istúriz, vive en la avenida Sucre, justo en la esquina El Nacimiento de Los Frailes de Catia. Desde el pasado 24 de abril intenta reparar la tubería principal de agua potable, que se rompió dentro de la pared de un local comercial de su propiedad, que le alquiló hace 17 años a Richard Ramón Butten Berihuetes, ciudadano de nacionalidad dominicana.

Sin embargo, no ha podido hacer las reparaciones porque el inquilino no permite el ingreso al lugar. Desde esa fecha no cuenta con el servicio de agua potable.

Para solventar la escasez de agua, María Eugenia tiene que cargar agua de una vivienda, que queda a 150 metros de la suya. Las filtraciones deterioran la columna de la pared de su casa,  por ello le urge hacer la reparación de la  tubería principal.

En 2005 María Eugenia alquiló un espacio en el primer piso de su vivienda a Butten con un fiador, quien es funcionario de la Misión Hipólita. Sin embargo, esto le trajo un sinfín de problemas, desde agresiones y amenazas de muerte hasta recientemente la imposibilidad de reparar el derrame de agua potable de la vivienda.

Comenzó el problema

La afectada explicó que el problema comenzó en el 2007. Ese año, la familia le pidió a Butten la desocupación del local que le alquilaron para venta de repuestos de motos, que el inquilino convirtió en un taller mecánico de motos que ocupa las aceras de la calle.

En el 2012 el inquilino dejó de pagar el arriendo y se negó a desocupar. María Eugenia introdujo la demanda de desalojo en tribunales, bajo el expediente AP.31-V-2014-000367, por incumplimiento de contrato y del canon de arrendamiento. El expediente se encuentra desaparecido.

Agregó que el inquilino y funcionarios públicos de la Misión Negra Hipólita, de la Policía Bolivariana y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) la están obligando a que les firme un contrato de compra venta de su vivienda y local comercial.

Ellos dicen que el gobierno les regaló mi propiedad, la casa es una herencia que nos dejó mi esposo, fallecido el 25 de noviembre 2014. Tengo los documentos de mi casa y no la tengo en venta. Ese es mi patrimonio y de mis hijos, uno de ellos de condición especial y discapacidad. Estoy muy preocupada y angustiada, no hay una solución, lo están protegiendo a ellos. Quiero que me desocupen mi local comercial, me paguen la deuda acumulada desde 2012.

Amenazas 

El 3 de agosto del 2013 los vecinos denunciaron en Control Urbano de la Alcaldía del municipio Liberador el problema ambiental que ocasiona en la comunidad el taller de motos. Quedó registrado con el expediente U.P.A.21.469.2013. Pero la respuesta de ese entonces fue que se le alquiló a un funcionario de gobierno y allí no podían hacer nada.

En varias oportunidades la familia Istúriz Mora ha sido víctima de amenazas de muerte. Los funcionarios, amigos del inquilino, se presentan en su vivienda y les dicen que están apoyados por altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, que la sacarán de la vivienda como sea y amenazan con matar a su hijo.

En el 2013 un funcionario policial allegado del inquilino entró a la fuerza. Una vez adentro, le puso una pistola en la cabeza a María Eugenia Mora y la amenazó con matarla, si no firmaba un documento de compra-venta de la propiedad y retiraba la denuncia. Ella denunció este hecho en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). También acudió a la Fiscalía 75 y en el departamento de disciplina de la DEM. No obstante, hasta la fecha no ha obtenido respuestas, tampoco citación ni detenidos.

En septiembre de 2019 cuatro motorizados le fracturaron la mandíbula a su hijo especial y lo arrastraron por el pavimento.

Daño ambiental

En enero del 2016, vecinos de la Esquina de Nacimiento denunciaron a Butten por contaminación ambiental ante la Fiscalía número 90, con competencia nacional. Entonces, alegaron que en la acera esparcen gasolina que causa malestar en las vías respiratorias. Además, las motos limitan el paso de los vecinos. A lo que se suma el bullicio que ocasionan las motos y la música que reproducen a alto volumen perturba a los vecinos.

Esta denuncia también se encuentra en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Municipal en funciones de control del circuito judicial penal del Área Metropolitana de Caracas. Todo está registrado bajo el expediente AP02.P 2017 001936.

Entre el 2018 y 2019 se convocaron seis audiencias y hubo una decisión a la que Butten se acogió en fecha 21 de octubre del 2021, pero a la fecha no ha cumplido y sigue con el taller mecánico en el local comercial, a pesar de tener vigente el cese de las actividades allí por no contar con los permisos ambientales para establecimiento.

El pasado 28 de abril nuevamente se realizó denuncia al Ministerio para el Ecosocialismo, número de la denuncia 910 T.U.I por la organización de Trasparencia Venezuela, que se realizó una nueva inspección el día 26 de abril, hora 3:00 p. m., acta policial DC 159 de 5 junio de un taller mecánico de motos  F.P Rif E 837486850, por no contar con los permisos para establecimiento. El expediente  fue remitido a la Dirección de Control Urbano de la Alcaldía de Caracas, se espera por la respuesta de este ente.

Último intento

Como última acción legal, en noviembre de 2020, con la asesoría de Transparencia Venezuela y de la plataforma Dilo Aquí, María Eugenia interpuso la denuncia ante la Fiscalía Séptima con competencia contra la Corrupción del Área Metropolitana de Caracas, contra los funcionarios que apoyan al inquilino. En el reclamo solicitó una medida de protección de custodia personal y residencial para ella y su familia.

Mora hace un llamado al fiscal general, designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, para que le meta la lupa a esta denuncia. Asimismo, pide se investigue el tráfico de influencias de funcionarios públicos en la disputa legal que tiene contra el inquilino y cesen las amenazas contra ella y sus hijos.

Solicito me ayuden a resolver esta situación ya que mi vida y la de mis hijos está en peligro.


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