Parientes de los detenidos y procesados en el Litoral Central no creen en los resultados inmediatos de la instancia gubernamental anunciada por Nicolás Maduro. En los principales centros de retención ubicados en Caraballeda y Macuto, el hacinamiento en los calabozos se ha convertido en un infierno para los internos, denunciaron familiares de los afectados.
La Guaira. Mientras el denominado Estado Mayor para la Revolución Judicial aspira a revisar los expedientes de los privados de libertad en los retenes y centros de detención del Litoral Central, los familiares de más de 800 procesados manifestaron sus dudas acerca del plan direccionado desde Miraflores por Nicolás Maduro.
En los retenes principales de la región, ubicados en Caraballeda y Macuto, respectivamente, hay más de 700 reclusos, la mayoría sin avanzar en sus respectivos procesos judiciales.
Cuando no es la Fiscalía, que no aparece para garantizar sus derechos humanos, son los jueces que hacen lo que quieren, y así pasa el tiempo: ya hay casos de COVID-19 y no reciben tampoco la atención oportuna”, denunció Maritza Liendo, que esperaba la apertura de las visitas en el retén de Macuto, donde está su hijo de 19 años de edad por tráfico de drogas.
“No espero nada en especial, mi nieto lleva casi dos años ahí sin que sea trasladado a la audiencia preliminar (la que decide si va a juicio, según el sistema penal venezolano). Lo que pasa es que no tenemos dólares para mojar la mano y ya nos alcanzó el brazo largo de la impunidad”, sostuvo Eneida Blanco, que agregó que los días reglamentarios de visita tampoco se cumplen.
Las goticas que no curan
Otros parientes de reclusos internados en el Centro de Retención de Caraballeda coincidieron en la desconfianza en los resultados de la mencionada instancia. Para no pocos, todo se abandonará en las próximas semanas.
Un día apareció el policía del gobernador Suárez (Andrés Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana) y les regaló esas góticas que no curan el COVID-19 (Carvativir); de resto no se ha hecho más nada por ellos”, refirió Juana Echenique, vecina de la zona y madre de un detenido por un caso de robo de vehículo.
El Estado Mayor promete atender también a los privados de libertad en los distintos centros preventivos de la Policía de La Guaira, la Policía Municipal, la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Tras una reunión en la sede del Comando de Zona N.º 45 de la GNB, en La Guaira, se espera que una vez se aborden los casos en los centros de retención se materializarán respuestas expeditas, con apego al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Ahora sí se dieron cuenta del hacinamiento horrible, los maltratos de los custodios y los retrasos judiciales que hacen que muchachos que cayeron por primera vez ahora le tienen resentimiento y odio a la sociedad por estar en ese infierno. En Venezuela, los derechos humanos, no solo de los reclusos, no son prioridad para esta gente que gobierna”, comentó, Alejandro José Rueda, defensor privado de varios jóvenes recluidos en el retén de Caraballeda, en el este del Litoral Central.
En los últimos meses, autoridades locales del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han guardado silencio acerca de la problemática de hacinamiento de los privados de libertad en los calabozos y el retraso judicial.