La hipótesis del secuestro ha comenzado a cobrar fuerza entre los moradores del municipio Valdez, en Sucre. Nadie se comunica, pero tampoco se encuentran rastros de la embarcación en el mar. La opción de estar retenidos como rehenes es lo que les queda a las familias. El silencio prolonga el dolor y ahoga las esperanzas. Las familias víctimas en Falcón, Nueva Esparta y Sucre alzaron la voz en procura de justicia y diligencia por parte del Estado venezolano.
Falcón. La mañana de este jueves, 20 de enero, familiares víctimas de los ocho desaparecidos de Güiria en el estado Sucre, quienes provenían de Trinidad y Tobago, se apostaron a las afueras de la oficina del Ministerio Público en Cumaná. En la protesta exigieron al Estado venezolano justicia y que continúe la búsqueda ante el extravío de estos connacionales. Los desaparecidos zarparon el 23 de diciembre de 2021 desde la isla hacia las costas sucrenses.
La manifestación, denominada El Pancartazo, también se replicó en los estados Falcón y Nueva Esparta, por ser estas las entidades que registran cifras rojas de desaparecidos en altamar, quienes intentan huir de la compleja crisis que atraviesa el país.
El próximo domingo, 23 de enero, se cumplirán 30 días de la desaparición de la tripulación y pasajeros del peñero Amiyah. La nave zarpó desde Puerto Príncipe en Trinidad y Tobago hasta las costas de Güiria en el estado Sucre, Venezuela. Aún se desconoce del paradero de los ocho venezolanos y de los dos trinitarios quienes serían los encargados de comandar la embarcación rápida.
Registro
Entre los estados Sucre, Nueva Esparta y Falcón, suman un poco más de 200 personas desaparecidas en diversos naufragios. Sucre lidera la lista con 133. Aunque en el último informe difundido por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michaelle Bachelet, la entidad suma 139 perdidos en altamar. La mayoría zarpó de Güiria.
Nueva Esparta, con dos casos y Falcón con 61 desaparecidos, sumando seis nuevas víctimas de un naufragio ocurrido en 2015. Entonces, la embarcación La Realenga zarpó con destino a la isla de Curazao. Desde hace casi siete años no se conoce su paradero. Los otros dos casos ocurrieron en La Vela de Coro y Tiraya.
Los familiares y allegados de Robersi Montaño, Jhoanderson Idrogo, Alexander Montaño (Changa), Erica y Yohelys Narváez y la hija de esta última Mía Alegría, así como Alberto conocido como “niñito”; sin vacilación y con pancartas en manos claman justicia. Estos venezolanos habrían decidido retornar a casa luego de pasar un par de años en la isla caribeña.
Nunca llegaron a isla de Patos. En ese lugar, los pasajeros harían el trasbordo a una “rapidita” que los llevaría a las costas de Güiria. De allí partirían a sus hogares donde los esperaban sus parientes. Desde entonces las familias viven un calvario y una constante incertidumbre. El mar no sacó nada y la tesis de la desaparición forzada se hace más creíble.
Solo sospechas
Crónica.Uno conversó con algunos moradores del municipio Valdez, en el estado Sucre, quienes se muestran reacios a dar alguna información. Pero entre ellos comentan sus dudas e hipótesis. “El mar no arrojó nada, ni el aspa de un motor, esa gente debe estar secuestrada”, concluyen.
Una de las versiones es que el peñero no logró siquiera zarpar de Puerto Príncipe. Pues, los pasajeros eran seguidos muy de cerca y justo cuando se disponían a emprender la travesía hasta Güiria, fueron sometidos. Otra de las hipótesis que manejan habitantes del pueblo es la de la venganza. Pues, probablemente uno de los pasajeros “tenía algún cable pelao y pagaron justos por pecadores”, dijeron en voz casi imperceptible.
Hasta los momentos no se conoce de solicitud de rescate o comunicación de posibles captores, para pactar una liberación.
Pese haber sido puesta la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Güiria, la cual reposa bajo el expedientes 256449, “no se han tenido informes de las acciones realizadas por los organismos de seguridad, búsqueda y salvamento” como en una oportunidad lo denunció Jhonny Romero director del Comité Nacional de Familias Víctimas de la Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela (Mayday Confavidt).
“Los pasajeros del Amiyah se tienen como desaparecidos”, habría comentado en su momento el fiscal III de Sucre, Félix Malavé. Este fue el funcionario que atendió a una representación de familiares de los güireños desaparecidos.
Peticiones reiteradas al MP
El pancartazo dirigido a nivel nacional por Mayday Confavidt, se concentró en las fiscalías superiores de cada estado donde se registran las desapariciones y entregaron documentos petitorios exigiendo copias de los expedientes de cada caso, estatus de las investigaciones y de las alertas amarilla y rojas emitidas por los organismos competentes. Así como las medidas de protección a las familias víctimas, muchas de ellas objeto de extorsión permanente.
Para este 2022, más de 200 familias víctimas, la mayoría de Güiria, esperan un paso adelante por parte de la justicia venezolana y que se logre la judicialización en cada caso de las personas que están ampliamente identificadas y permanecen en las calles ejerciendo el oficio de cargadores y organizadores de los viajes clandestinos desde las diversas costas del país.
Cuatro imputados en Falcón
Este miércoles, el Ministerio Público acusó por tráfico de personas en Falcón a dos curazoleños identificados como: Sergei Paulus, Pamphis Diomedes e Isidro Anacario, quienes viajaban con Henry Jesús Gotopo López y Hender Jesús Gotopo Antequera.
Todo el procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía V de Tucacas, la cual acusó a Pamphis Diomedes, Anacario, Gotopo López y Gotopo Antequera, por los delitos de tráfico ilegal de personas, asociación para delinquir y usurpación de funciones.
Los cuatro hombres fueron detenidos en la localidad de Boca de Aroa; en el municipio Silva, eje litoral de Falcón, cuando en un punto de control los abordaron unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana para una revisión de rutina. En la revisión, les encontraron un maletín con 157 pasaportes, de los cuales 154 eran venezolanos y tres de nacionalidad peruana y española.
Las investigaciones dan cuenta que los cuatro hombres están vinculados con una banda de delincuencia organizada que se dedicaba a la captación de venezolanos, con la oferta engañosa de llevarlos a trabajar en la industria petrolera fuera del país. Los detenidos permanecen en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, (Sebin) en Caracas.
La Realenga del 2015
El caso de La Realenga, sería uno de los primeros episodios de desaparición en costas falconianas y de viajes ilegales. Habría zarpado el 22 de julio de 2015 desde las costas tucaqueñas en el municipio Silva, al oriente de la entidad, cerca del Parque Nacional Morrocoy.
La embarcación era blanca con franjas azules. Solo llevaba a bordo a cinco hombres y una dama de quien se presumió era de Cúcuta-Colombia y residente de San Cristóbal en el estado Táchira, respondía al nombre de Jessica Andreina Márquez Valecillos (29). Ya había sido deportada una vez de Curazao.
Entre los otros desaparecidos, hay constancia de un valenciano de 23 años de edad que respondía al nombre de Johander Luis Uzcátegui González. El joven era amigo del capitán de la embarcación, Humberto López.
Los otros tres desaparecidos son dos residentes del municipio Colina. Esta es la zona en la que organizan los viajes y se captan a las potenciales víctimas y uno de Carirubana en la península de Paraguaná. William Jesús Cordero y Jesús Alberto Ramos Amaya, eran oriundos de La Vela de Coro. El primero, de oficio barbero, contaba con 29 años al momento de su desaparición. El segundo de 23 años era su primer viaje como ilegal, ya había sido deportado por vencimiento del pasaporte de la isla de Curazao.
El sexto desaparecido, Johan Manuel Arcila (29), era vendedor de tizana en Punto Fijo. Según testimonios, vio en el viaje, como la gran mayoría, la esperanza de cambiar su estilo de vida. Llegando a suelo neerlandés trabajaría como ayudante de construcción. Para la época ganaría 100 florines, unos 266.4 Bs. hoy. Cada pasajero pagó en 2015 lo equivalente a 33 salarios mínimos, es decir, 250 mil bolívares fuertes por el viaje.
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