Según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia las únicas pruebas de la Fiscalía, para sentenciar a los seis sindicalistas por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, fueron capturas de pantalla y mensajes en Twitter.
Caracas. Para Scarleth Mujica y sus dos hijas, menores de edad, es inconcebible la idea de que su exesposo, Reynaldo Cortés, haya sido condenado junto con otros cinco compañeros de lucha, a 16 años de cárcel.
El martes, 1° de agosto, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez fueron condenados por el Tribunal 2° con competencia en materia en terrorismo por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia las únicas pruebas de la Fiscalía fueron capturas de pantalla y mensajes publicados Twitter.
Entre el 4 y 7 de julio los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) ejecutaron los procedimientos de detención de los sindicalistas.
Scarleth, quien también es activista y militante del partido político Bandera Roja (BR), asegura que cada uno de los sindicalistas son personas trabajadoras, profesionales y luchadores sociales que participaron en distintas reivindicaciones estudiantiles y gremiales.
Reynaldo fue detenido el 6 de julio de 2022 cerca de la 1:00 a. m. en su casa, en San Juan de Los Morros, estado Guárico, por hombres vestidos de negro que se identificaron como funcionarios de la Dgcim. Luego de dos días lo trasladaron hasta la sede de la Dgcim en La Quebradita, en Caracas.
“Nos consta que somos un grupo de personas de bien, trabajadoras y luchadoras, no solamente en este Gobierno, nos conocemos desde la cuarta República, y también luchábamos por lo que eran las reivindicaciones estudiantiles y todo dentro de lo que es el marco democrático y las normas y leyes de este país, nunca infringiendo ninguna ley”.
Scarleth mencionó que la Fiscalía no tuvo manera de demostrar que los acusados participaron en un presunto sabotaje, el 5 de julio de 2022, en Caracas. Alegó que la mayoría de ellos estaban fuera de Caracas para ese entonces.
Los seis luchadores sociales se encuentran actualmente recluidos en el calabozo de la Policía Nacional Bolivariana de la (PNB), en La Yaguara.
El sindicalista es militante del partido BR y representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en Guárico. Sobre la sentencia, la exesposa de Reynaldo Cortés expresó que aún mantienen las esperanzas en el recurso de apelación de la decisión.
“Todavía tenemos la esperanza del recurso de apelación para que el sistema de justicia logre reivindicarse ante tal aberración. Todavía el Estado venezolano tiene una oportunidad en sus manos porque lo que ha generado esa sentencia es conmoción a nivel nacional de parte del sector de los trabajadores”.
Alonso Meléndez
Alonso Antonio Meléndez, papá del detenido Alonso Meléndez, aún no sale del asombro después del anuncio de la sentencia en contra de su hijo, quien también es padre de dos adolescentes y un niño.
“Me siento mal porque a él le hacen falta sus niños, su esposa, su hogar, y su mamá que la habían operado de cáncer”, expresó angustiado.
Alonso también es integrante de BR y es un ingeniero pesquero que activamente participaba en las luchas del gremio, entre las que destacan la gasolina para los pescadores.
El 5 de julio de 2022 Alonso salió de su casa a comprar algunas medicinas para su mamá, quien estaba enferma. Al regresar se encontró con un grupo de funcionarios en su residencia, ubicada en Punto Fijo, en el estado Falcón.
Informe de contrainteligencia
Uno de los abogados defensores, Alonso Medina Roa, mencionó en un video en el Twitter de la Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia, que en el juicio en contra de los seis detenidos existen dos elementos importantes. Habló sobre un informe anónimo de contrainteligencia que “carece de vida jurídica” y la extracción de información de forma “ilícita”.
“El otro elemento que se planteó en las conclusiones fue el tema de extracción de una información de diferentes equipos electrónicos, las cuales se realizaron sin ningún tipo de autorización de ningún tribunal de la República, es decir, bajo una forma ilícita conforme a las leyes venezolanas, conforme a la constitución nacional y conforme al código orgánico procesal penal”.
Añadió que el resto del juicio, que duró varios meses, se centró en los testimonios de funcionarios que hablaron sobre los procedimientos de las detenciones.
Alianza Sindical
Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), expresó que la sentencia en contra de los dirigentes sindicales y luchadores sociales es “una aberración jurídica” ya que condena el ejercicio de la libertad sindical y amenaza el derecho a huelga y reclamar derechos.
“Estos ataques a los derechos civiles en el ejercicio de la Libertad sindical son una degradación de los principios democráticos. Estamos condenados los trabajadores a vivir con el peor salario del mundo, sin contratos colectivos dignos, sin protección social y sin derecho a ejercer la Libertad sindical”, dijo.
Según la ONG Foro Penal, desde 2014 se han registrado 15.799 detenciones políticas en Venezuela. Asimismo, documentó que en la actualidad hay 286 presos políticos, entre ellos 20 son mujeres y 154 militares.
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