Parientes de los presos políticos que están en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar temen que la entrada y salida de funcionarios haya contagiado a los detenidos. El diputado José Manuel Olivares informó en su Twitter sobre un caso en El Helicoide, sin embargo, los voceros del gobierno de Nicolás Maduro no lo han confirmado o desmentido.
Caracas. El tuit del diputado José Manuel Olivares aumentó la zozobra entre los familiares de los presos políticos: “Confirmamos que en Hospital Universitario de Caracas está hospitalizado un preso de El Helicoide con COVID-19”, escribió el parlamentario. El rumor entre los parientes ya tenía algunos días rodando, pero no tenían manera de confirmarlo.
“Esto significa que hay un probable brote en esta cárcel. El mal manejo de esta situación puede costar vidas, tanto de presos como de funcionarios”, decía parte del mensaje de Olivares, publicado la noche del 4 de agosto. Sin embargo, los voceros del gobierno de Nicolás Maduro, que se han encargado de divulgar las cifras de contagio noche tras noche, no han confirmado la información.
Desde que el 13 de marzo se decretó el estado de alarma en Venezuela por la pandemia del nuevo coronavirus, fueron suspendidas las visitas en los centros de detención preventiva y en las cárceles. Los familiares solo podían ir a llevar comida, agua y ropa a los detenidos. No tenían permitido verlos.
Tememos que haya un brote. Esto atenta contra la salud de los que están presos y hasta de los mismos custodios. Ahí hay mucha gente que entra y sale como los funcionarios, y esa es nuestra preocupación”, dijo Requesens padre a Crónica.Uno.
Las condiciones sanitarias de los calabozos del Sebin tampoco son las adecuadas para evitar el contagio con el nuevo coronavirus. Requesens explicó que, generalmente, el servicio de agua es deficiente, hay unos tanques de agua que se llenan de manera esporádica con cisternas. En el caso de su hijo, él y otros familiares le llevan agua cada vez que van.
Antes de la pandemia la familia le llevaba a diario comida y agua al diputado, preso desde hace dos años bajo acusación de intento de magnicidio. Sin embargo, por los cierres de calle que ocasionó la radicalización de la cuarentena, y la escasez de gasolina, ahora acuden a El Helicoide cada tres días y le llevan alimentos de provisión hasta que regresen.
Requesens reiteró su llamado al gobierno de Maduro, para que los presos políticos reciban medidas humanitarias de casa por cárcel y evitar que su salud esté en peligro durante esta pandemia.
El Distrito Capital es la entidad con más casos de COVID-19, registrados por el gobierno de Maduro hasta el 4 de agosto, con 4983. Las 22 parroquias registran enfermos por el virus. En Venezuela ya son 21.483 personas con la enfermedad y 187 que han fallecido.
El jueves 6 de agosto, la defensa de los 17 acusados por el caso de supuesto magnicidio del pasado 4 de agosto de 2018 fue convocada a la continuación del juicio oral y público. El abogado de Requesens, Joel García, explicó que además de los 17 acusados, deberán asistir 13 abogados, tres fiscales del Ministerio Público, más la juez, el secretario, quien toma el video y los funcionarios de custodia. Desconocen las medidas preventivas que tomarán ante la COVID-19.
“Estamos convocados a las 2:00 p. m. para el juicio oral, aunque no es público porque no le permiten el acceso a diputados, familiares, amigos ni al cuerpo diplomático, cuando la ley establece que una de las formas de contraloría social es la asistencia de público a las salas de juicio. Un juicio que debería ser público la juez lo mantiene en secreto, porque no quieren que nadie se entere de la verdad”, dijo García.
El diputado Olivares señaló en su cuenta de Twitter que coordinan con los comisionados Miguel Pizarro y Humberto Prado, para exigir que se permita la entrada a El Helicoide de la delegación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para verificar cuántos contagiados hay y en qué condiciones están, a fin de que se informe a los familiares.
Casos sospechosos de COVID-19 en la Dgcim
El mismo rumor que corre entre los familiares de presos políticos en el Sebin de El Helicoide, corre entre los parientes de los detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta. Abogados de los detenidos en esta sede también tienen esta información extraoficial.
Los comentarios entre los parientes incrementaron el lunes 3 de agosto, cuando un fiscal intentó entrar a Boleíta para confirmar las denuncias hechas por los parientes, y no le permitieron la entrada porque supuestamente había casos positivos del nuevo coronavirus.
“Un familiar me llamó y me dijo que mi esposo tenía COVID-19 y que con él había varios contagiados”, contó la esposa de un detenido, quien pidió no revelar su nombre por temor a venganzas de parte de los funcionarios contra su esposo. Se presume que los casos sospechosos están en el sótano 2, conocido, supuestamente, como La Casa de los Sueños, sin embargo, ninguna autoridad del gobierno de Maduro lo confirma hasta el momento.
La mujer aseguró que ningún efectivo de la Dgcim se comunicó con ella para asegurarle que su esposo tenía COVID-19. Este miércoles 5 de agosto un grupo de familiares fue hasta la sede para tratar de confirmar con los funcionarios acerca del presunto brote del nuevo coronavirus y estos lo negaron. En una lista se anotaron más de 60 personas para poder enviar insumos como medicinas o guantes.
La Casa de los Sueños es un anexo al cual trasladaron a un grupo de militares el 1° de enero de 2020. Los parientes han denunciado que este sitio no tiene adecuadas condiciones de reclusión. Aunque esta información no pudo ser corroborada por ninguna fuente oficial de la Dgcim, los familiares aseguran que los militares solo tienen permiso de bañarse dos veces a la semana y a veces deben hacerlo desde el lavamanos.
Los parientes aseguran que las celdas miden 2×2, las literas son de cemento y tienen el inodoro dentro. Hay dos militares por cada una, aunque se sabe de ocasiones en las cuales había hasta cuatro en el recinto.
49 casos de COVID-19 dentro de calabozos
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que hay 49 casos positivos de COVID-19 dentro de los calabozos policiales, de acuerdo con publicaciones que han hecho oficialmente alcaldes y gobernadores a través de sus cuentas de Twitter.
Treinta y seis fueron confirmados en Nueva Esparta, nueve en Táchira, dos en Lara y dos en Miranda. La directora del OVP, Carolina Girón, dijo en nota de prensa que es muy importante que los detenidos sean sometidos a pruebas PCR para descartar los casos asintomáticos y deberían incluir a los funcionarios y a los familiares que llevan comida a diario.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos consideran que la población penal es una de las más vulnerables en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Exigieron adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, sobre todo en cuestiones de comida, salud, saneamiento y las medidas de cuarentena para evitar los contagios, así como atención médica.
También instaron al Estado a adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento y reevaluar casos, para identificar cuáles podrían ser convertidos en medidas alternativas de privación de libertad.
Una Ventana a la Libertad ha denunciado, antes del inicio de la pandemia, que los centros de detención preventiva del país no tienen las condiciones adecuadas de higiene. No hay agua y los presos deben hacer sus necesidades en envases plásticos. Los centros tampoco cuentan con detergentes para la limpieza.
Asimismo, han denunciado que el hacinamiento es un factor importante en la propagación de enfermedades, como la tuberculosis. Al finalizar 2019, la ONG contabilizó 19.091 personas detenidas en estos centros diseñados para albergar a detenidos durante 48 a 72 horas, y cuya capacidad era para 6448. Esta investigación se hizo en 238 calabozos de 15 estados del país.
Foto principal: Luis Morillo | @luizmorillo15
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