El confinamiento por la pandemia de COVID-19 paralizó los procesos judiciales de los privados de libertad. En medio de la contingencia, las cárceles venezolanas carecen de medidas preventivas para esta y otras enfermedades presentes, como la tuberculosis. En la cárcel de El Dorado, en Bolívar, al menos tres reclusos murieron recientemente por esta causa.
Bolívar. Desde el 16 de marzo, cuando se inició la cuarentena por la pandemia de COVID-19, el sistema judicial en Venezuela estaba paralizado 90 %. Tribunales civiles solo están disponibles para casos de extrema emergencia. Los tribunales de control de guardia atienden audiencias de presentación para detenidos por primera vez o solicitados.
Luis Manuel Guevara, coordinador del Observatorio de Prisiones (OVP) en Bolívar, explicó que se están implementando las audiencias de presentación virtuales. En Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, ya han aplicado este método con al menos dos detenidos.
En principio, se le garantiza el debido proceso, pero después pasa a una paralización de la causa, lo que llamamos el retardo procesal, porque no se sabe cuándo se normalizará el sistema judicial en este contexto de la cuarentena“, acotó.
Precisamente, las condiciones actuales de trabajo del sistema de justicia implican que durante la cuarentena haya privados de libertad que cumplieron su condena, pero debido a la pandemia y el retraso de los tribunales, no se ejecuta la excarcelación.
“Hemos observado con preocupación la situación que ha generado la ministra de Asuntos Penitenciarios (Iris Varela), ya que no está facultada para otorgar libertades”, señaló Guevara. Sin embargo, recordó que, con la creación del Código Orgánico Penitenciario, se estipuló la figura de Régimen de Confianza Tutelada, con la cual la ministra otorga beneficios de libertades supervisadas, sin notificación al Ministerio Público.
Uno de los casos más emblemáticos fue cuando se le dio este beneficio a Wilmer Brizuela, conocido como Wilmito.
Esto, en medio de la cuarentena, se aplicó en diferentes cárceles venezolanas y se prevé que una comisión del Ministerio vaya a Bolívar.
Sin protección
Ningún vocero del Gobierno ha hablado sobre las medidas de prevención en centros de reclusión. Por ahora, el distanciamiento se cumple netamente con familiares, luego de que suspendieran las visitas. Pero ni la higiene, ni el uso del tapabocas, ni el distanciamiento general se mantienen.
En la cárcel de El Dorado, los internos consumen agua directamente del río Cuyuní, contaminado por mercurio. De hecho, todos los ríos en Guayana están contaminados por este mineral, de acuerdo con el ambientalista de Clima 21, Alejandro Álvarez.
Esa misma agua es la que usan para los alimentos, asearse y lavar la ropa. El hacinamiento impera desde hace mucho. Las tres áreas de reclusión de El Dorado albergan a 1300 internos, aunque su capacidad es para 600 reclusos.
Fue en este centro penitenciario donde recientemente hubo cuatro fallecidos por falta de atención médica. Reinaldo José Lejarazo Guanima, de 30 años de edad, murió después de presentar diarrea y malestar general; Jonathan Enrique Landaet murió el 22 de abril por presunta tuberculosis, al igual que Benancio del Valle Guzmán y una cuarta persona, sin identificar, fallecidos el 25 de abril.
El coordinador regional del OVP señaló que además de la tuberculosis, las enfermedades de la piel, hepatitis, malaria, problemas de riñón y estomacales son las afecciones más frecuentes entre los internos, también incluye la desnutrición.
Cuando mueren, son sacados al área externa y los tapan con hojas de palma o de cambur, a la espera de que el Cicpc traslade el cuerpo a la morgue, en Tumeremo.
Por la lejanía de este recinto, y las condiciones del sur de Bolívar, donde se maneja dinero en efectivo o se paga con gramas de oro, no siempre los familiares pueden acudir a tiempo a reclamar los cuerpos, a veces ni son notificados. Después de cierto tiempo, los cuerpos son enterrados en fosas comunes.
Con quienes sí han contado apoyo, acotó Guevara, es con representantes de la Cruz Roja. Han hecho visitas y los han provisto de algunos insumos de higiene y medicinas.
Hacinamiento
El hacinamiento en las cárceles venezolanas es cada vez mayor. En Vista Hermosa, cárcel de Ciudad Bolívar, tiene capacidad para 400 reclusos y, sin embargo, alberga a más de 1000 internos.
Pero los centros de coordinación policial también fueron convertidos en cárceles. Guaiparo, en San Félix, es prácticamente un centro de reclusión de hombres, actualmente con más de 800 presos. Allí también ha habido fallecidos por tuberculosis.
Guevara se refirió al hermetismo que hay sobre el tema, al punto de que en la sede de Patrulleros de Caroní podría haber casos. De hecho, el año pasado se conoció de un hombre con tuberculosis que, al menos en dos oportunidades, fue trasladado de emergencia al hospital Uyapar, en Puerto Ordaz.
A falta de una cárcel de mujeres, las envían al Centro de Coordinación Policial Vizcaíno, en San Félix. En Ciudad Bolívar lo hacían en la comisaría Agua Salada, pero fue cerrada hace seis meses. Actualmente, hay por lo menos 91 mujeres internas en Vizcaíno.
Carolina Girón, directora del OVP, señaló que precisamente por el hacinamiento en los centros de reclusión es imposible cumplir con las normas de distanciamiento. Esto sumado al hecho de que no hay ningún programa de prevención para COVID-19 y otras enfermedades.
Girón detalló que la capacidad instalada para privados de libertad en Venezuela era de 26.238 personas, pero con el cierre de nueve establecimientos, se redujo a 21.238. Hasta diciembre de 2019 se contabilizaron más de 43.000 reclusos en el país.
Población en riesgo
Al haber un hacinamiento de por lo menos 200 %, el riesgo de contagio es mayor. Girón señala que no solo los internos están vulnerables, también el personal de los centros penitenciarios, ya que se desconoce el protocolo que deben emplear para protegerse en medio de la cuarentena.
Con la suspensión de las visitas como única medida preventiva para los reclusos, es menos la comida que reciben. Algunos centros permiten que familiares dejen los alimentos en la puerta. Sin embargo, esto aumenta las denuncias de que los custodios no hacen la entrega.
El hecho de no recibir alimentación aumenta el riesgo de desnutrición, de por sí ya presente en todos los centros de reclusión del país. Y aunque no hay reporte oficial de COVID-19 en algún interno, Girón acotó que en estos sitios ni siquiera se están aplicando las pruebas.
Y más grave o igual que el coronavirus, son los casos de tuberculosis que representan un alto riesgo de contagio en reclusos y el personal del centro.
Vejámenes en pleno siglo XXI
Luis Manuel Guevara detalló los vejámenes a que son sometidas las visitas familiares, un hecho que se repite en las cárceles venezolanas: la requisa a las mujeres.
Antes de la cuarentena, en El Dorado las visitas eran viernes, sábado y domingo, pero se redujeron a una sola vez al mes. Solo se permite la visita de mujeres, quienes deben vestir de jean y franela blanca.
La requisa pasa por un proceso de humillación y vejación. Las obligan a abrir sus partes íntimas, agacharse, brincar estilo sapo y toser para constatar que no llevan ninguna sustancia o arma en sus genitales. El proceso se aplica igualmente por vía rectal.
En pleno siglo XXI, que se pueden implementar escáneres como en los aeropuertos, ¿por qué las mujeres deben pasar por esos vejámenes?”, cuestionó Guevara.
Las mujeres presas son las más olvidadas, considera Girón. Estas no gozan de visitas conyugales, ya que de salir embarazadas pudieran gozar del beneficio de una cautelar. Pero tampoco cuentan con medidas de higiene y son víctimas de abusos.
Guevara instó a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial a reactivar la actividad en tribunales, a favor de los derechos humanos de los privados y sus familiares, cumpliendo con todas las normas de prevención de COVID-19, así como acatar las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Girón, por su parte, hizo énfasis en la existencia de mecanismos que pueden ayudar a reducir el hacinamiento en los centros de reclusión, como aplicar arrestos domiciliarios o medidas cautelares a imputados por delitos menores. Incluso hay casos de internos procesados que llevan años sin una condena, por lo que legalmente tendrían ese beneficio. Muchas veces, al recibir sentencia, esta es menor al tiempo que ya llevan presos. “No es defender al preso, es que se cumpla con el debido proceso”, aclaró la directora del OVP.
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