La CIDH solicitó visitar El Helicoide para constatar la situación de detenidos políticos, muchos incomunicados y en condiciones denunciadas como inhumanas. Marino Alvarado, integrante de la ONG Provea, advierte que el gobierno teme que una visita confirme que El Helicoide es un centro de tortura.
Caracas. La solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ingresar a El Helicoide ha vuelto a encender la esperanza de las familias que llevan años esperando respuestas.
En esa sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el oeste de la ciudad, permanecen decenas de detenidos por motivos políticos, muchos de ellos incomunicados o en condiciones denunciadas como inhumanas.
“Abogamos porque estos organismos puedan verificar la salud y situación actual de nuestros familiares”, dijo a Crónica Uno un pariente de uno de los reclusos, al apoyar la petición presentada por la CIDH en septiembre.
El organismo internacional —una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada de promover y proteger los derechos humanos en los países miembros— busca constatar lo que por años se ha denunciado: aislamiento prolongado, torturas y tratos crueles y degradantes dentro del centro de reclusión.
Aunque la solicitud propone que la visita se realice antes de que termine 2025, hasta el momento el Estado venezolano no ha dado respuesta.
A juicio del familiar, que pidió no ser identificado por temor a represalias, lo más importante no es solo que se concrete la visita, sino que esta permita obtener una medida cautelar —una decisión urgente que ordena proteger derechos de personas en situaciones de riesgo mientras se estudia su caso— que posibilite la liberación de quienes están detenidos por motivos políticos.
“Son presos políticos inocentes que nunca tuvieron que estar detenidos”, dijo.
En este sentido, destacó que “lo normal” en un gobierno democrático es que organismos, tanto nacionales como internacionales, puedan verificar las condiciones de las personas privadas de libertad por razones políticas.
Solicitud de la CIDH
Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, manifestó durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA —organismo interamericano que agrupa a los 35 países del continente americano y se ocupa de temas políticos, sociales y de derechos humanos—, su preocupación por la intensificación de la persecución política durante 2025.
En 2024, la CIDH emitió 23 medidas cautelares. Mientras que en lo que va de 2025 ya se han dictado 25, lo que, según la relatora, evidencia un agravamiento sostenido de la crisis. Lo que indica un aumento en la vulneración de los derechos humanos de personas detenidas por razones políticas.
Recordó que la última visita del órgano, creado para promover los derechos humanos, ocurrió en 2002: hace más de veinte años. Desde entonces, el Estado venezolano ha ignorado o rechazado sistemáticamente los informes de la CIDH.
Texto de la presentación ante el Consejo Permanente de la Relatora para Venezuela de la @CIDH, Gloria Monique de Mees, sobre la solicitud realizada a Venezuela para efectuar una visita in loco en el último trimestre de 2025, con el fin de observar la situación de los derechos… pic.twitter.com/qBxxfqjJ2h
— OEA (@OEA_oficial) October 8, 2025
“Más de 20 años. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y 2020, ha sido denegada”, expuso.
Albert Ramdin, secretario general de la OEA, aseguró que una visita “in loco” (inspección en el lugar de los hechos) representaría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana.
Desaparición forzada
Aurora Silva, esposa del opositor Freddy Superlano —a quien detuvieron en Caracas el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales— denunció que este jueves, 9 de octubre, se cumple un mes y una semana sin conocer su paradero.
La Organización de Naciones Unidas define estos casos como desaparición forzada. Es decir, cuando una persona es privada de libertad por agentes del Estado y no se informa sobre su ubicación o situación legal.
“Hasta el momento no tenemos ningún tipo de avance. Al contrario, estamos peor porque tenemos un mes y una semana en desaparición forzada, sin información, ninguna institución se hace responsable”,
reclamó.
Agregó que todo indica que el político, cuya última aparición fue el 31 de agosto al mediodía, podría encontrarse en el Internado Judicial El Rodeo I. Este centro penitenciario, uno de los más conocidos de Caracas, acumula denuncias por violaciones de derechos humanos.
“Afuera del Rodeo I han dicho que tanto él como Roland Carreño no están en ese sitio, que nos informemos mejor y que nos retiremos”, relató sobre la respuesta que dan los uniformados a ella y a los familiares del periodista Roland Carreño, trasladado ese mismo día.
Actuación de las instituciones
Al respecto, explicó que al acudir a instancias como el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no han encontrado boletas de traslado.
“Para tribunales Freddy (Superlano) y Roland (Carreño) siguen en El Helicoide. Esta situación es sumamente preocupante. Están desaparecidos y no nos dan información. La última vez que fui al Ministerio de Servicios Penitenciarios, donde en las últimas visitas no me dan el nombre de los funcionarios, se voltean el carnet y preguntan si estoy grabando la conversación”, relató sobre una situación que considera que “todo el mundo se lava las manos”.
Sobre el desempeño de las instituciones, la CIDH destacó que, durante años, ha documentado cómo los entes que antes protegían la democracia han perdido su independencia. En su lugar. se han convertido en “instrumentos de represión de un régimen autoritario”.
Marino Alvarado, integrante del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) —organización no gubernamental que documenta violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 1988—, subrayó que, más allá de la oportunidad que representa el nuevo secretario general de la OEA, el gobierno debe aceptar la observación internacional. Esta es una práctica a la que las autoridades se han opuesto de manera constante.
“Sabe que si la Comisión viene, va a decir la verdad y, al recoger testimonios de los presos, sin duda va a concluir que El Helicoide es un centro de tortura. Pero está bien que insistan en que se les permita ingresar al país”, afirmó.
Mientras las solicitudes internacionales esperan respuesta, la incertidumbre se extiende para miles de familias. Sus nombres e historias, cifrados en fríos expedientes, claman desde el otro lado de la burocracia.