Los denunciantes, que pidieron el resguardo de su identidad ante posibles represalias y el enjuiciamiento en los tribunales militares, han solicitado la intervención del gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, para evitar que este grupo de militares en situación de retiro se quede sin un techo junto con sus familiares.
La Guaira. “Nos amenazan con los tribunales militares si hacemos esto púbico o nos negamos a dejar nuestros hogares. Porque para juzgarnos aún somos militares; sin embargo, para mantener la vivienda, somos unos viejos retirados”, dijo un capitán de navío de la Armada y pidió el resguardo de su identidad.
El militar retirado, en condición de reserva activa, forma parte de un grupo de 28 en total, que junto con sus familiares ocupan las viviendas de la urbanización San Francisco II del sector Marapa Marina, parroquia Catia La Mar, en el oeste del Litoral Central.
Allí, la mayoría tiene más de una década habitando las casas y desde hace dos meses denuncian que han sido víctimas de intentos de desalojos arbitrarios y amenazas de enjuiciamientos por parte de la justicia militar.
En este sentido, no solo han recibido notificaciones formales para que abandonen el urbanismo de la guarnición militar, sino que en los últimos días recibieron visitas de inspección de funcionarios de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-La Guaira) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional (Ipsfa).
Es una zozobra permanente, nos sentimos perseguidos por nuestra propia familia, porque nuestros esposos fueron militares que cumplieron su deber con el país y ahora nos quieren desalojar sin tomar en cuenta que hemos pedido al Ipsfa que se nos venda el inmueble, como ordenó el presidente Chávez en el año 2013”, manifestó la cónyuge de un contralmirante retirado, que igualmente solicitó el anonimato por temor a represalias directas.
“Se trata de un total de 28 familias que estamos siendo hostigadas para que dejemos las casas que hemos ocupado durante la última década. Hay casos de familias con más de veinte años viviendo aquí. Ahora, se ha dado la orden de perseguirnos y hacernos una guerra psicológica”, comentó otra persona, esposa de uno de los afectados.⠀
Piden mediación de Carneiro
Los afectados reiteraron su llamado a Nicolás Maduro y al gobernador de la entidad federal, Jorge Luis García Carneiro, a fin de que se detenga el atropello contra los militares retirados y envíen a personal confiable al urbanismo para evaluar cada caso.
Los ocupantes de estas casas poseen un certificado de tierras urbanas, además de haber constituido un consejo comunal, de acuerdo con las leyes vigentes venezolanas.
El equipo reporteril de Crónica.Uno procuró la versión oficial de la ZODI, pero no fue posible. Sin embargo, en la sede de ese organismo militar se dijo extraoficialmente que esas viviendas pertenecen a la Guarnición de La Guaira y que deben ser entregadas para ubicar a miembros activos de la Armada junto con sus familiares.
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