Vecinos afectados por la construcción aseguran que nada justifica la nueva ruta del teleférico que unirá Él Ávila con Macuto. Aseguran que desde el año 2015 vienen luchando por el respeto de sus derechos como pobladores autóctonos de Galipán, pero que estos son vulnerados.
Caracas. El ruido de una retroexcavadora trasladando rocas contrasta con la serenidad que ofrece el paisaje de Galipán. El terreno de Robert Hidalgo fue intervenido, y una trocha de más de 100 metros evidencia el paso de la máquina. Más de 100 árboles de eucalipto del área desaparecieron para dar paso a piedras, árboles caídos y tierra amarilla. Por eso, pobladores autóctonos de Galipán denuncian atropellos.
Desde el año 2015, habitantes de esta comunidad, ubicada en El Ávila, mantienen una pugna contra el Estado venezolano, específicamente con el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Parques (Inparques) y la empresa Venezolana de Teleféricos (Ventel C. A.) para que paralicen la construcción de la nueva ruta del Teleférico Waraira Repano-Macuto, y retomen la ruta original.
Más de 700 firmas de pobladores de Galipán, acompañadas con copias de cédulas de identidad, han sido consignadas desde 2015 ante los distintos entes con competencia en la materia. Todo ha sido ignorado.
Arbitrariedad e imposición
Vecinos aseguraron que el modo de proceder de las instituciones que ejecutan los trabajos ha sido arbitrario e impositivo, y que las opiniones de los pobladores no han sido escuchadas.
Han desarrollado trabajos violando la propiedad privada de los habitantes del lugar, sin establecer ningún tipo de acuerdos, sin expropiar y pagar el valor de las propiedades, y amenazando a quienes opongan resistencia.
En el año 2015, el Estado habría autorizado el cambio de ruta —y la construcción— del teleférico que une al parque nacional con la comunidad de Macuto, en el estado Vargas.
Marlene Sifontes, del sindicato de los trabajadores de Inparques, asegura que las acciones del Estado en El Ávila irrespetan el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional del año 1993. Dice que «la construcción del teleférico es una actividad permitida en el Plan, pero que debe hacerse siguiendo procedimientos técnicos que en este caso no se han acatado».
Cambio de ruta no tendría justificación
Este cambio de ruta, a juicio de los pobladores de Galipán, no tiene razón de ser. Roberto Pérez Cabrera, presidente de la Asociación de Vecinos, explica que no hay justificación económica, social, técnica, ecológica, política ni militar que avale la construcción, para la cual se habrían destinado -—egún declaraciones del ministro de Turismo, Andrés Izarra en 2013— unos 680 millones de dólares.
No habría justificación económica ya que el proyecto de desviación aumenta el recorrido entre los dos puntos (El Ávila – Macuto). No habría justificación social dado que la desviación cambia el paisaje original de Galipán, al que está incorporado el teleférico original.
No habría justificación técnica, pues la ruta original estaba diseñada para no ser afectada por el ímpetu de las corrientes de aire, y para soportar desastres naturales.
En materia ecológica —desde el punto de vista de los galipaneros— tampoco habría justificación. Dicen que si está prohibida la construcción de viviendas para evitar daños ambientales al parque nacional, con más razón debe estar prohibida la construcción de un teleférico.
Los galipaneros han hecho suyo un argumento esgrimido por Marlenys Contreras, ministra de Turismo, durante la reinauguración del Teleférico de Mérida en el año 2015: “Es de resaltar que hemos cambiado los equipos pero hemos mantenido la misma ruta para evitar los daños ecológicos”.
Desde el punto de vista político, dicen que tampoco se justifica la obra, pues la nueva ruta atravesaría el poblado en su totalidad, ocasionando molestias a los vecinos y alterando la cotidianidad y la convivencia entre sus habitantes.
En lo militar, irónicamente acotan que en algún momento de la lucha por el cambio de ruta se habría afirmado que el teleférico serviría para movilizar contingentes de soldados. “Un vetusto avión de guerra bastaría para destruir el sistema en minutos”, sostienen.
Además de la trocha mencionada anteriormente, Ventel ha entrado sin autorización en el terreno de Felipe Díaz, quien tiene 70 de sus 72 años viviendo en Galipán. En el patio de la casa de Díaz construirán la torre 32 del sistema.
Diálogo fallido
Díaz ha intentado dialogar y negociar con quienes ejecutan los trabajos, al tiempo que ha tratado de frenar el ingreso arbitrario a su propiedad. Como respuesta ha recibido amenazas de poner en sus tierras funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Otra de las irregularidades que apuntan los habitantes de Galipán respecto de la obra que actualmente ejecuta el Estado venezolano en el parque, está relacionada con los daños causados a la carretera principal que comunica al pueblo con Caracas.
Los daños en la vía son notorios y se deben, según explican los habitantes, al constante pasar de los camiones de carga pesada. La carretera, construida en la década de los 90, está hecha con fibra de propileno y su espesor es de 12 centímetros y medio para vehículos con un peso máximo de 3000 kilos, lo que no es respetado actualmente.
Los movimientos de tierra para la construcción de las torres estarían vulnerando las condiciones de los suelos, y con la llegada de las lluvias, podrían producirse deslizamientos y afectar algunas viviendas del poblado.
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