La resolución de la OIT que fue aceptada y aprobada por el gobierno de Venezuela, insta nuevamente a implementar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y se solicita al director general a colaborar y brindar asistencia técnica en la aplicación de convenios referentes a fijación del salario mínimo, libertad sindical y diálogo tripartito.
Caracas. El caso Venezuela formó parte de la 343ª reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego de que en marzo esa misma instancia deplorara el rechazo del Gobierno hacia las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. En ese sentido, en la sesión del 6 de noviembre solicitó avanzar en la aplicación de las recomendaciones y la prestación de asistencia técnica para ese proceso en una resolución que fue aceptada por la representación venezolana.
En la decisión del Consejo reunido en Ginebra, Suiza, sin embargo, se recalcó que Venezuela “no ha hecho ningún progreso con miras a aceptar” lo recomendado por la Comisión de Encuesta en 2019, que instaba a cesar la hostilidad hacia organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al Gobierno, permitir la conformación de elecciones sindicales sin interferencia del Estado y eliminar mecanismos como los consejos productivos de los trabajadores pues “socavan el ejercicio de la actividad sindical”.
La Comisión de Encuesta es el procedimiento de investigación más alto que posee la Organización Internacional del Trabajo, y se designa cuando un Estado miembro es acusado de cometer violaciones persistentes y graves de los Convenios Internacionales del Trabajo ratificado.
Cuando el gobierno de Venezuela ejerció su derecho de palabra en la plenaria, el ministro del Trabajo indicó que acepta la resolución en todo el contexto y sus partes, acepta el informe de la Comisión de Encuesta porque la resolución se hizo con base en ese informe y acepta que se nombre un funcionario de la OIT”, dijo a Crónica.Uno José Vicente Rivero, secretario general de la Central ASI Venezuela que estuvo presente en Ginebra.
La resolución de la OIT insta al director general de la organización a colaborar con el Gobierno en la aplicación las medidas y designar un representante especial de aquí a marzo de 2022, aunque Rivero destaca que, si bien la “papa caliente la tiene el director general”, queda ver si el Gobierno dará como un hecho la instalación de ese representante en el país una vez que se designe.
Rivero recordó que “siempre ha existido la posibilidad” de tener presencia de la OIT en el país para aportar en el diálogo tripartito, “pero Venezuela lo ha rechazado”. En 2018 una comisión de observadores del organismo se disponía a viajar a Venezuela y dos días antes de su llegada el Gobierno la rechazó y negó su entrada, lo que a la larga produjo la instauración de la 13ª Comisión de Encuesta, que llegó en julio de 2019 y emitió el informe en septiembre.
La instancia de la OIT también recordó en su 343ª reunión que el Gobierno debe aplicar efectivamente, y de forma tripartita, los convenios Nº 26 (referente a la consulta y método de fijación del salario mínimo), 87 (sobre la libertad sindical y protección del derecho a la sindicación) y 144 (sobre la consulta tripartita).
Llamó a que “con carácter prioritario siga avanzando” para construir un foro de diálogo social con la asistencia y presencia de la OIT, tomando en consideración la necesidad de que se investigue de forma independiente los actos de violencia, amenazas, persecución, intimidación, estigmatización y otras agresiones hacia empleadores y trabajadores no afines con el Gobierno.
De hecho, la resolución de la OIT destacó y reconoció que recientemente las autoridades venezolanas han tomado medidas para iniciar diálogos con los interlocutores sociales del país, entre ellos el “Gran encuentro de diálogo nacional del mundo del trabajo” que se efectuó entre mayo y junio de este año y al que fueron invitados voceros y miembros de Fedecámaras, Fedeindustria, la Central Bolivariana de Trabajadores, la Central ASI, Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Posterior a ese encuentro, en comunicación dirigida a la OIT el Gobierno se comprometió a establecer mesas de trabajo presenciales relativas a los convenios 26, 87 y 144 y afirmó “estar comprometido en reiterar en lo inmediato la solicitud de propuestas y recomendaciones en esta materia”, mesas que si bien se ejecutaron en los meses siguientes, no cumplieron con las recomendaciones de la Comisión de Encuestas, según informó Fedecámaras.
Pese a eso, José Vicente Rivero -de la Central ASI- dice que “la OIT considera que toda acción que lleva al diálogo es bien vista”, por lo que a pesar de las objeciones se espera que en los próximos meses se ejecuten reuniones formales tripartitas con el aval de la organización.
Rivero destaca que aunque no se han formalizado acuerdos en las mesas de diálogo, se ha avanzado en posibles ratificaciones de convenios de la OIT como el 190, que habla sobre la violencia de género en el mundo del trabajo, y se ha debatido con el Ejecutivo la necesidad de suprimir el instructivo 2792 que prohíbe las negociaciones de convenciones colectivas, y que continuamente los sindicatos piden que se derogue.
“El proceso de dialogo que se viene dando en Venezuela debe continuar, pero con aristas que profundicen y generen resultados tangibles para los trabajadores”, recalcó Rivero.
El Consejo de Administración de la OIT lo componen representantes del grupo de trabajadores, del grupo de empleadores y de gobiernos, y se reúne tres veces al año. Venezuela será parte del orden del día de la 344ª reunión en marzo de 2022, donde el director general presentará un informe sobre las acciones emprendidas, se evaluarán los progresos realizados por el Gobierno para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones y se examinarán todas las medidas posibles para alcanzar ese objetivo.
Los trabajadores, por su parte, esperan que las acciones emprendidas puedan finalmente materializarse alrededor de acabar con la precariedad salarial, lograr la indexación de las prestaciones sociales, poner fin a la criminalización sindical y que se le otorgue libertad plena a los trabajadores detenidos.
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