Los economistas califican de desordenadas las medidas anunciadas por el Jefe de Estado y en el sector privado hay preocupación porque las empresas y comercios no pueden atender los incrementos salariales y los pagos de impuestos.

Caracas. “Ha llegado la hora de la recuperación económica”, dijo este viernes 17 de agosto el presidente Nicolás Maduro para anunciar el quinto aumento del salario mínimo, la devaluación y el  incremento de los tributos, medidas que tenderán a agudizar la prolongada crisis económica, debido a que no corrigen las distorsiones.

Cuando el Jefe de Estado asumió el poder en abril de 2013, ya la economía arrastraba desequilibrios que se profundizaron por las acciones desordenadas y el recrudecimiento de los controles.

Entre 2013 y 2018 el Gobierno efectuó ensayos cambiarios mediante Sicad 1 y 2, Simadi y Dicom que no lograron detener la escalada del dólar paralelo. La oferta de billetes verdes por esas vías fue insuficiente para atender los requerimientos de los privados. Frente a las menores importaciones y los controles, la producción se desplomó, por lo cual, los ciudadanos sufren la ausencia de bienes esenciales. El mandatario cada año organizó mesas de trabajo con los privados bajo el argumento de corregir los escollos, lo que no sucedió.

A las empresas se les impusieron más regulaciones mediante marcos legales, siendo una de esas la obligatoriedad de suplir parte de las necesidades de los programas oficiales como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

En un contexto de baja oferta de bienes, el Ejecutivo ha ordenado al Banco Central de Venezuela (BCV) fabricar más bolívares para financiar el gasto. La actividad de las empresas públicas ha estado en declive y Pdvsa ha registrado un desplome en su producción.

Aunado a ello, la actual administración está en cesación de pagos con sus tenedores de bonos y enfrenta sanciones de Estados Unidos que limitan más su capacidad de financiamiento.

Cuando se encara el quinto año de recesión, las medidas anunciadas este mes se convierten en gasolina para la hiperinflación y con el riesgo de que empresas y comercios dejen de operar.

“El Gobierno anunció medidas aisladas para sacarle más plata a los venezolanos”, aseveró el diputado y economista José Guerra, tras el plan que según Maduro forma parte “de una transición tardía debido a que requiere un tiempo en donde todo avanzará hacia un modelo «productivo, independiente, autosustentable rumbo al socialismo».

A la reconversión monetaria se sumaron nuevas acciones. Aquí sus detalles:

Devaluación. Maduro anunció que el bolívar soberano está anclado al Petro, la criptomoneda creada por el Ejecutivo y cuyas operaciones no han sido detalladas. El Petro tendrá un valor de 3600 bolívares, y esta moneda digital es equivalente al precio de un barril venezolano, que en promedio es 60 dólares. Por tanto, se genera un tipo cambio implícito de 6 millones de bolívares o 60 bolívares soberanos, una devaluación de 96 %, porque la tasa Dicom estaba en 284.141 bolívares por dólar. El mandatario dijo que habrá “un solo tipo de cambio que actuará de manera fluctuante y anclado al Petro”.

La tasa anunciada se acerca al tipo de cambio de paralelo, pero esa medida no significa que se le “torció el brazo” a esa tasa. El Gobierno no elimina el control y la asignación de dólares a las empresas sigue por Dicom a un precio mayor. Previo a los anuncios, ese mercado efectuaba subastas semanales de dólares, cuyos montos aprobados eran muy bajos, por lo cual los privados que intentaban mantener operaciones tenían que recurrir al paralelo para importar insumos. Ecoanalítica calcula que 90 % de las compras externas privadas se financian por esa vía.

Maduro dijo que ahora habrá tres subastas semanales de Dicom, sin embargo, el Gobierno enfrenta una sequía de divisas. Entre febrero y la segunda semana de agosto, ese esquema aprobó a los privados apenas 18 millones de dólares y las últimas operaciones fueron inferiores a un millón de dólares, lo que no cubre las necesidades de las industrias. La oferta en Dicom ha sido baja porque los entes oficiales no colocan billetes verdes, y los privados venden muy poco.

No se ofrecen montos altos de divisas en el mecanismo, porque las reservas internacionales están en 8,5 millardos de dólares. La mayor disponibilidad del BCV depende de Pdvsa y la industria vende menos dólares, porque en momentos en que el precio del crudo está en 60 dólares, la producción de la estatal es menor a 1,5 millones de barriles diarios. Guerra señala que “¿de dónde saldrán los dólares si no hay dólares?”.

Si no hay oferta de dólares y las empresas continúan con los obstáculos para importar, habrá más fallas de abastecimiento y los precios seguirán disparados. En la medida que se no corrijan los desequilibrios, habrá más devaluación, apunta el economista Alejandro Grisanti.

El Gobierno promete un nuevo mercado de compra y venta de divisas tras la derogatoria de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. A la fecha no se ha indicado cómo operaría el nuevo sistema. En anteriores oportunidades cuando se prometió la “libertad” de adquirir las divisas, privaron las regulaciones.

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Salario mínimo. El Gobierno decidió que el salario mínimo será equivalente a medio Petro, de manera que por ahora es 180 millones de bolívares (1800 bolívares soberanos), cifra que no incluye el bono de alimentación. Esa remuneración cuando se compara con el salario más ticket de julio de 2018, que fue 5,1 millones de bolívares (51 bolívares soberanos), sube 3500 %. Con lo dicho por el Jefe de Estado hay una indexación.

Este sueldo se convierte en un dolor de cabeza para empresarios y comerciantes, porque en momentos de recesión no lo pueden afrontar.  Fuentes del sector privado indican que existe mucha preocupación porque es imposible pagar un salario de 180 millones de bolívares cuando los ingresos son menores. Agregan que el panorama es muy oscuro para los comercios y las medianas empresas y se corre el riesgo de cierres y pérdida de puestos de trabajo.

Maduro expresó que asumirá el diferencial del salario en las pequeñas y medianas industrias por 90 días, en el sector privado temen que esa acción no se cumpla.

Ya a principios de 2018, los voceros de Conindustria advirtieron que si no se corregía la política económica podrían cerrar unas 1000 empresas.

Impuestos. Junto a la devaluación y el aumento del salario mínimo, el mandatario ajustó los impuestos.

Maduro elevó la alícuota del Impuesto al Valor Agregado de 12 a 16 %, de manera que los ciudadanos tienen que cancelar más por los tributos. Falta el decreto con las exenciones.

Adicionalmente, estableció que las industrias deben dar un anticipo del Impuesto sobre la Renta de 1 % sobre las ventas diarias. Se contempla un rango entre 0,5 y 2 %. Impone otra vez el tributo a las transacciones financieras con una tasa de hasta 2 % para contribuyentes especiales.

Pero en un contexto de menos producción y ventas, se generan mayores cargas impositivas. Esta acción junto con el incremento salarial ponen en jaque al sector privado. Fuentes del área empresarial comentan que se aplica una partida adicional impositiva cuando el flujo de caja de comercios e industrias es limitado.

Maduro dijo que habrá “una recaudación sana”. No obstante, la hiperinflación ha golpeado los ingresos tributarios. Según estimaciones de Ecoanalítica, la recaudación en términos reales registró una caída de 74 % a junio de este año.  Por tanto, el aumento de la contribución tributaria no tendrá mayor efecto. Guerra dice que se “aumenta el IVA en una economía deprimida”.

Exoneraciones. Antes de los anuncios de este viernes, el Ejecutivo había aprobado otras medidas como las exoneraciones de impuestos.

Vía decreto autorizó una exoneración del ISLR para el sector petrolero con la excusa de dar beneficios para incrementar la alicaída producción. Fuentes oficiales señalan que la medida fue para disminuir el impacto en las cuentas de la petrolera estatal y de sus socias el paso de la tasa de Dipro (10 bolívares) a Dicom.

También se aprobó la exoneración de impuestos a las importaciones de bienes de capital, lo que sí afecta la recaudación en las aduanas, estiman analistas.

Se otorgan exoneraciones, y luego se usan otras vías para elevar los tributos.

Déficit. En su alocución el jefe de Estado dijo que habrá déficit fiscal cero y admitió que el financiamiento del Banco Central ha cubierto parte del gasto público por lo que dijo que se detendrá. Pero esas metas no se alcanzarán, apuntan los economistas.

El Gobierno tiene 12 años con brechas entre ingresos y egresos, que firmas económicas calculan hoy día entre 18 y 20 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Esa diferencia se genera porque los ingresos ordinarios, petroleros y tributarios, son insuficientes para cubrir el gasto en sueldos, pensiones, bonos y funcionamiento de los entes oficiales y las empresas públicas. Para atender la brecha, el Gobierno se endeuda, lo que actualmente tiene limitaciones, y utiliza al BCV para que fabrique bolívares. Desde 2010, el ente emisor cubre las necesidades del sector público, lo que ha sido una de las causantes de la hiperinflación.

Aunque Maduro dijo que el financiamiento monetario se frenará, también anunció más gasto con los ajustes salariales. Por tanto, los ingresos se quedarán cortos para atender sueldos, pensiones y bonos, de modo que la administración seguirá recurriendo al BCV.  “La meta de déficit cero no es creíble y por ende, tampoco la eliminación del financiamiento monetario”, dijo el economista Asdrúbal Oliveros en su cuenta de Twitter.

Lo que falta

La incertidumbre entre los ciudadanos y los privados no terminará porque faltan anuncios.

El Jefe de Estado dijo que los precios de algunos bienes estarán atados al Petro, sin ofrecer precisiones. Y reiteró que la gasolina se cobrará a precios internacionales y que habrá un subsidio para los que tengan el carnet de la Patria. En septiembre comenzará el nuevo sistema, no se detalló fecha ni nuevo precio del combustible.

Foto: Archivo


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