Voluntad Popular ha sido la principal afectada por las medidas judiciales y policiales adoptadas en los últimos cuatro días, aunque los acontecimientos recientes indican que no será la única.
Caracas. El dirigente de Avanzada Progresista, Carlos Melo, se convirtió este martes en la última víctima de la ola represiva que el Gobierno lanzó contra la oposición en vísperas de la celebración de la llamada “Toma de Caracas”, la cual hasta ahora lleva un saldo de tres detenciones, un traslado a la cárcel, una orden de captura, cinco allanamientos y la expulsión de tres periodistas.
El gobernador de Lara, Henry Falcón, confirmó que la aprehensión del exparlamentario fue ejecutada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y no dudó en calificarla de “ilegal y arbitraria”.
Con Melo ya son dos los líderes opositores que terminan en una de las celdas que el organismo de seguridad tiene en su sede de El Helicoide, pues el lunes allí fue enviado Yon Goicoechea, miembro de Voluntad Popular (VP).
La captura fue confirmada no por los tribunales ni por el Ministerio Público (MP) sino por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), diputado Diosdado Cabello, quien declaró este lunes 29: “Hoy fue detenido un señor que llaman Yon Goicoechea y en su poder encontraron cordones detonantes para explosivos, ese señor fue entrenado por el imperio norteamericano durante años” y agregó “Nosotros preferimos un millón de veces encarcelar con tiempo a un asesino que una gota de sangre vaya a correr en las calles de Venezuela”.
Las capturas de Melo y Goicoechea tomaron por sorpresa al despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz, desde donde aseguraron que no estaban al tanto de los motivos de las mismas y que ellos no las habían solicitado.
Horas antes, tres reporteros de la cadena árabe Al Jazeera —que llegaron al aeropuerto internacional de Maiquetía desde Argentina para cubrir la marcha— fueron retenidos y expulsados la mañana del lunes hacia Colombia, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTP).
Este martes la sede del diario El Nacional fue vandalizada nuevamente. Grupos afectos al oficialismo lanzaron excremento y bombas molotov, y dejaron un panfleto en el que fustigaban al director del periódico, Miguel Henrique Otero, por su “posición de conspirador en contra del pueblo y la revolución bolivariana”.
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La “ola” inició el pasado jueves cuando autoridades judiciales presuntamente emitieron una orden de captura contra el alcalde de Maturín y también dirigente de VP en Monagas, Werner Jiménez. Al día siguiente, su casa fue allanada y su secretario, Fran Salazar, fue detenido por agentes de la Guardia Nacional.
Pero la represión contra los líderes del partido fundado por el encarcelado Leopoldo López no se quedaron allí: poco después las viviendas del diputado regional del Zulia, Lester Toledo; y del alcalde de El Limón (Aragua), Delson Guarate; y de la madre de este fueron “visitadas” por agentes del Sebin en horas de la madrugada.
El mismo modus operandi le aplicaron al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien el sábado fue sorprendido mientras dormía con la llegada de una docena de agentes enmascarados adscritos al organismo de inteligencia, los cuales se lo llevaron de la residencia, donde cumplía arresto domiciliario, hasta la cárcel 26 de julio en Guárico, bajo el argumento de que pretendía fugarse.
Más tarde ese mismo día, el país se sorprendió con la noticia de que el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) prohibió los vuelos de aviones particulares así como el uso de drones hasta el próximo 5 de septiembre.
Esta arremetida parece que no se detendrá, al menos así lo dejó en claro el lunes Cabello al afirmar “que nadie se sorprenda cuando los organismos de inteligencia vayan a la casa de Juancito, Pedrito, María… Tun, tun, ¿quién es? El Sebin. ¡Véngase para acá por conspirador!”.
Foto referencial: Angeliana Escalona
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