En el sector público los bajos salarios son de alguna manera “compensados” con bonos que, aún así, no llegan a todos por igual. Trabajadores y jubilados temen que, si no hay ajuste salarial el 1° de mayo y solo se mantiene la entrega de bonos, sigan perdiendo valor las prestaciones sociales, los bonos vacacionales y las utilidades.
Caracas. “Dicriminatorios”, “excluyentes” o “injustos” son los adjetivos que, en los últimos meses, le han dado los trabajadores de la administración pública, jubilados y pensionados a la reciente política del gobierno de Nicolás Maduro de “compensar” los bajos salarios otorgando bonos por el sistema Patria.
Dicha política, de por sí, no es nueva. Desde la creación del carnet de la Patria, en enero de 2017, abundan las denuncias en redes sociales y medios independientes sobre su uso, y de los bonos, como mecanismo de control social y de castigo/recompensa por la afinidad, o no, al proceso político chavista.
En la administración pública no son ajenos a esa realidad. Raúl, trabajador activo del Ministerio de Vivienda que pidió omitir su verdadero nombre, cuenta que desde febrero del año pasado el Gobierno comenzó a entregar bonos a “cargos de confianza” y funcionarios públicos seleccionados “a dedo” por superiores en cada departamento.
Es algo discriminatorio y muy discrecional. Nadie sabe qué se necesita para recibir ese bono, más allá de ser cercanos a los altos cargos de los ministerios, y tampoco lo entregan en toda la administración pública”, asegura.
Este mes, por ejemplo, el bono “corresponsabilidad y formación” fue de 5040 bolívares (alrededor de $200) mientras que el bono “contra la guerra económica”, que reciben parte del resto de trabajadores activos, fue de solo 770 bolívares ($30), sin distinción por niveles, cargos o preparación del trabajador.
“Son bonos excluyentes”
Las denuncias sobre esta práctica no son nuevas. Desde 2018, cuando el Gobierno reconvirtió la moneda nacional y desconoció las contrataciones colectivas del sector público, los trabajadores han hablado sobre esa política “extraoficial” y a mediados de 2022, cuando se intensificaron las protestas en contra del instructivo Onapre, se oía la molestia en declaraciones y testimonios de los trabajadores.
Para Luis Cano, coordinador del Frente Unido Amplio en Defensa de los Jubilados y Pensionados, los bonos gubernamentales “son excluyentes y no representan la realidad” pues no llegan al total de los que, en teoría, deberían ser los beneficiarios. Según la agrupación, hay casos de personas pensionadas que ni siquiera pueden ingresar al sistema Patria y no hay instancia a la que acudir para hacer el reclamo.
A las limitaciones burocráticas se suman las tecnológicas pues, para obtener los bonos en el sistema Patria se requiere, al menos, un teléfono celular y un equipo con acceso a internet con el cual acceder y “aceptar” el beneficio.
El verdadero “tapar el sol con un dedo”
En marzo del año pasado, Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo a 130 bolívares. Para entonces, el monto equivalía a 30 dólares y, más de un año después, apenas supera los cinco dólares mensuales.
Al no tomar en cuenta los contratos colectivos, toda la administración pública se rige por las mismas escalas salariales y el máximo a percibir es de apenas 395 bolívares al mes.
Los trabajadores activos tienen otras compensaciones: la prima de antigüedad, por evaluación, por profesionalización, etc. Pero mientras los salarios se calculen con base en esos montos tan irrisorios, esos beneficios también serán irrisorios”, cuenta Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep).
La fuerte devaluación del bolívar que hubo entre agosto y diciembre de 2022 redujo, aún más, los ingresos de la administración pública. El Gobierno buscó “resolver” con los bonos que empezó a dar, mensualmente, a activos y jubilados (770 y 550 bolívares, respectivamente).
Los pensionados del Seguro Social, por su parte, han estado recibiendo bonos de 360 bolívares para un total de 490 bolívares ($19,6) si se suma la pensión ordinaria. El monto solo cubre 5 % del costo de la canasta alimentaria.
Y más allá de los bajos ingresos, trabajadores activos y jubilados temen que, en un escenario en el cual Maduro no haga ajuste alguno el próximo 1° de mayo y se mantenga la política compensatoria con bonos, otros cálculos sigan perdiendo valor, como las prestaciones sociales, los bonos vacacionales (que encendieron la mecha de las protestas de maestros el año pasado) o las utilidades.
Lea también:
Alto costo de vida en dólares limita el consumo en los hogares
Salario promedio privado se estancó en $141 y perdió poder adquisitivo por inflación en dólares
Participa en la conversación