Gobierno prometió a la CIDH que investigará posibles excesos en la OLP

Desde el organismo se le recordó a las autoridades que responder “a la bestia” a la delincuencia “es más fácil, pero no es democrático ni respeta los Derechos Humanos”.

Juan Francisco Alonso

Caracas. La Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) será revisada y si alguno de los militares que han participado o participan en ella cometió algún exceso será castigado. Así se lo prometió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, quien justificó la iniciativa al “clamor del pueblo” que “busca que se le devuelva la paz en los territorios” donde se aplicado.

El compromiso lo asumió el funcionario ayer, durante la audiencia que el organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA) concedió a las organizaciones Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Human Rigths Watch, las cuales le informaron sobre las denuncias de ajusticiamiento, detenciones masivas y arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, desalojos forzados y hasta robo de enseres que han recibido.

“Vamos a revisar los casos y si se ha cometido una violación de Derechos Humanos los responsables serán sometidos a la Justicia”, aseguró Devoe a los comisionados, en un tono muy distinto al que en ocasiones anteriores mantuvo el entonces agente del Estado, Germán Saltrón, que a cada señalamiento acusaba a los denunciantes de querer estigmatizar al Gobierno y a la Comisión de ser instrumento de Washington.

Devoe justificó la puesta en marcha de este dispositivo, en el cual participan en su mayoría efectivos de la Guardia Nacional, alegando que “la delincuencia venezolana se ha transformado, estamos al frente de delincuencia organizada. En Venezuela han surgido practicas nunca vistas como el descuartizamiento (de cadáveres), muchos adjudicatarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron desalojados por las bandas y por eso hubo que actuar en esos territorios”.

Por su parte, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, aseveró que “no tenemos precedente en América Latina de una operación similar” a la OLP. Este señalamiento lo hizo luego de que Rafael Uzcátegui e Inti Rodríguez, de Provea, informaran a los comisionados que el Ministerio Público admitió que investiga las circunstancias en las que 245 personas perdieron la vida durante estos procedimientos, así como que de las 14 mil personas que fueron detenidas solamente 100 fueron pasadas a los tribunales y que 1.400 fueron sacadas de sus hogares, sin procedimiento previo.

Las organizaciones denunciantes afirmaron tener indicios que les permiten sospechar que en 20 casos hubo ajusticiamientos.

¿Recuperadas? ¿Cómo?

Precisamente la manera como las autoridades “recuperaron” esas 1.400 viviendas de la Misión Vivienda Venezuela llamó la atención de la CIDH. Sin embargo, ni Devoe ni el embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez, respondieron a esta interrogante.

“Las personas que vivían originalmente en esas viviendas tuvieron que abandonarlas porque los grupos de delincuencia organizada les hacían imposible la vida y por eso se habla de viviendas recuperadas”, aseveró el funcionario, dejando en claro que todos los desalojados fueron desalojados.

El embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez, por su parte, se limitó a explicar por qué a quienes se les adjudica una vivienda en este programa no se les da en propiedad.

“¿Cuál es la razón por la que no se habla de propiedad? Porque son un conjunto de viviendas pensadas para la familia porque antes le dabas la propiedad y las remataban y se creaba un mercado secundario. Para preservar que esto es para una familia no se les da en propiedad”, señaló.

Por último, el comisionado Francisco Eguiguren, relator para Venezuela, expresó su preocupación por iniciativas como la OLP y afirmó: “El combate al crimen organizado en un marco de democracia y Derechos Humanos es hacerlo todo más difícil, pero responder a las bestias quizás es más fácil pero ni es democrático ni respeta los Derechos Humanos”.


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