Hacerse a la mar es una tarea que enfrentan a todo riesgo los pescadores de Anzoátegui

Además de la inseguridad, los marinos anzoatiguenses aseguran que tienen que soportar el acoso de la Guardia Nacional que les impiden realizar sus faenas en las cercanías tanto del Complejo Petrolero de Jose como de la refinería de Puerto La Cruz por ser zonas de seguridad, pese a que existe una medida que declara esas áreas como zonas de pesca. Integrantes de los Consejos de Pescadores y Acuicultores aseguran que desde hace tres años no reciben beneficios de Minpesca.

Barcelona. Con la promulgación de la Ley de Pesca en 2001, el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez buscaba, entre varios aspectos, potenciar la pesca artesanal, empoderar a los llamados Consejos de Pescadores y Acuicultores (Conppa) además de brindar protección a los hombres de mar. Hoy, a casi 19 años de entrada en vigencia del texto legal, los pescadores de Anzoátegui afirman que lo contenido en la legislación es una ilusión en comparación con la situación que padecen. Hacerse a la mar implica toda clase de riesgo para los pescadores.

Entrar en una de las casas de estos hombres y mujeres ya deja entrever que todo lo que se buscaba con la ley no llegó a concretarse. Embarcaciones arrumadas en la orilla de la playa, ya sea por falta de motores que “adornan” las salas de las humildes viviendas de los marinos, como es el caso de Franklin Rodríguez, o por cumplir su vida útil, son cuentas del rosario de problemas que significa ser pescadores artesanales.

Alistarse para la faena y hacerse a la mar es un riesgo que enfrentan quienes pescan en la cinta costera anzoatiguense, en especial para los marinos que residen en las comunidades pesqueras de Píritu, Barcelona, Lechería y Guanta.

“Su pecado”, como ellos lo catalogan, es compartir las zonas pesqueras con los linderos marinos del Complejo Petrolero y Petroquímico José Antonio Anzoátegui (Jose) y la refinería de Pdvsa Puerto La Cruz, que fueron declarados áreas de seguridad.

Desde la orilla de la Aldea de Pescadores de Lechería hasta una zona de pesca bautizada como “Machuelito” apenas hay una distancia de 8 millas náuticas (14 kilómetros), lugar visible desde las rancherías en las que viven los pescadores pues se distingue fácilmente por la gran cantidad de buques tanqueros fondeados que esperan atracar en los muelles de Jose o la refinería portocruzana.

Rodríguez reside en la Aldea de Pescadores y afirma que lo que antes era una zona de pesca tranquila, hoy es sinónimo de caos. Conseguir el sustento sin tener que alejarse mucho de casa representa una ardua tarea, más cuando se enfrentan a maltratos por parte de efectivos de la Guardia Nacional que son los custodios de la zona de seguridad petrolera.

Toda la vida nosotros hemos pescado en Machuelito porque los cardúmenes vienen y se ponen al lado de los barcos y nos permitían tener una buena faena. Hoy llegar al lado de esas embarcaciones es tener a un comando de la Guardia Nacional acosándonos, nos quitan todo y hasta nos llevan detenidos sin razón alguna y nos acusan de piratas cuando nosotros tenemos nuestros papeles y permisos en regla”.

Rodríguez sostiene que la necesidad los obliga a tener que salir a la faena a todo riesgo, y eso implica que además de tener que lidiar con los maltratos de los cuerpos de seguridad, cuando se alejan más de las costa, tienen que soportar los constantes ataques de los piratas que en primera instancia tienen como blanco los motores de peñeros, que son revendidos en diversas islas del Caribe por montos que pueden llegar hasta los 6000 dólares.

“Los mismos ladrones están compuestos por los guardias. Esto es un sistema corrupto. Ellos hacen unos supuestos operativos pero terminan agarrando a los más bolsas, que somos nosotros. A mi hermano le decomisaron los dos motores y le abrieron un proceso en Fiscalía, no importó que mostráramos toda la documentación, aquí eso no vale”, refiere.

Inseguridad campante

A finales de 2019, un suceso conmocionó a la comunidad pesquera de Santa Rosa en Lechería: dos de sus residentes salieron de faena y varios días después el bote apareció con daños en su proa y uno de los pescadores muerto con signos de tortura, el otro aún continúa desaparecido. La comunidad pidió justicia pero hasta el momento, el suceso pasó a formar parte de las estadísticas de inseguridad que manejan los Conppas.

Nosotros aquí grabamos hasta las reuniones que sostenemos con las autoridades. Hemos realizado infinidad de denuncias, desde octubre se alertó que había una banda de piratas de mar acechando pero no nos paran, con la Ley de Pesca se dijo que la pesca artesanal era una prioridad, pero eso se quedó en papel. Estamos desasistidos por todos lados, lo que hacemos para mitigar la inseguridad es salir en grupos a zonas específicas y por corto tiempo”, refiere un pescador portocruzano que prefirió no ser identificado.

Durante la gestión como ministro de Pesca del almirante Gilberto Pinto Blanco, en una reunión celebrada en 2017 en el paseo Colón de Puerto La Cruz, las autoridades se comprometieron con los pescadores a crear los cuadrantes de paz marítimos, con patrullaje constante para garantizar que estos realizaran sus jornadas sin mayor problema. Hoy, aseguran, nunca se llegó a nada y las bandas siguen operando.

“A principios de octubre el Inea estableció un estado mayor de pesca pero eso no ha servido para nada, los piratas saben por dónde vamos y nos ponen mecates para que las propelas se enreden y ellos abordarnos y robarnos, los planes nunca han servido”, denuncian los pescadores.

Negocio cambiante

Aunque aseguran que todavía la pesca tiene cierta rentabilidad, las reglas del negocio han cambiado sobre todo en los últimos tres años, periodo desde el cual no reciben beneficios ni insumo alguno por parte del ministerio ni de Insopesca, lo que deja a los llamados “caveros” como los financistas de las jornadas.

Ramón Delgado, pescador de Barcelona, dice que sin el financiamiento de los “caveros” es imposible salir a pescar dado el alto costo de los insumos como aceites, nailons, redes y motores, los cuales se pagan en dólares.

Solo en aceites pueden llegar a gastar por el orden de 20 dólares, dependiendo del sitio a donde vayan a pescar, el cual puede llegar hasta la isla la Tortuga. Una bobina de nailon (del corriente) se vende en 15 dólares y, normalmente, pueden utilizar hasta cinco en una faena.

“Todo está dolarizado, lo que nos quedó fue llegar a un convenio con los caveros, ellos nos financian las faenas con préstamos entre 100 y 200 dólares y nosotros pagamos con la producción. En una jornada buena podemos hacer hasta 600 dólares pero hay días en que ese préstamo se pierde porque no cogemos nada y es una deuda que tenemos que afrontar”, afirmó.

Neida Rivas forma parte del Conppa de la Aldea de Pescadores y sostiene que la burocracia de las instituciones ha derivado en que a esos organismos no lleguen los beneficios que tanto se pregonaron con la Ley de Pesca.

La última vez que recibieron un aporte de Minpesca fue precisamente en la gestión de Pinto Blanco, pero ese aporte fue “chucuto” porque, según Rivas, les prometieron cerca de 200 motores fuera de borda y apenas recibieron 50.

A los Conppa no llegan los recursos porque si el ministerio los baja, estos pasan por las alcabalas de Insopesca, las alcaldías, los protectores, las gobernaciones y cuando finalmente nos llegan, no alcanza ni para una bobina de nailon. Antes nos daban el aceite y eso Insopesca nos lo quitó para supuestamente hacer una distribución más equitativa pero no sabemos dónde. Aquí llegamos al punto de utilizar aceite de carro para poder salir a trabajar y eso nos dañó muchos motores”.

Los pescadores dicen que mantener a sus familias es lo único que los motiva a seguir haciéndose a la mar porque a diferencia de antes, “el negocio no da los mismos beneficios”.

“Uno con unos pescaditos resuelve para el almuerzo y la cena, pero el que no pesca nada ¿cómo hace?, aquí pedimos hasta motores prestados para poder salir a trabajar porque el hambre no pega una vez sino varias veces al día”, sentenció Rivas.